Luego que Claudia Sheinbaum Pardo resultara electa, con una contundente mayoría que aplastó a la oposición, dos a uno, como por inercia surgió el tema de la reforma al poder judicial, ante una mayoría que se logró obtener por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, y un fracción fortalecida en el Senado de la República, en donde las iniciativas y reformas surgidas desde el Ejecutivo, podrán ser aprobadas, a pesar de la negativa de la oposición, así lo decidió el pueblo con su voto, para eso era el “Plan C”. 

Sin embargo, a la par que en Palacio Nacional y el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum comenzaron a proyectar la transición y la posibilidad de que en septiembre que inicien las nuevas legislaturas con mayoría, poder aprobar aún con Andrés Manuel López Obrador tal reforma; la derrotada y desmoralizada oposición, también comenzó a lamentarse y a lanzar, con voz moribunda, una campaña de desinformación y mentiras respecto a la reforma, así como una narrativa de miedo, tal y como siempre lo han hecho ellos. 

Entonces, compartiré algunas reflexiones respecto a lo más destacable de este reforma al Poder Judicial, que nos servirá a todos a repeler esa andanada de mentiras y desinformación, comenzando con resaltar que la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será más eficiente, austera y transparente, al mismo tiempo que será histórica para México, porque se abrirá a la democracia, las y los mexicanos podremos elegir a quienes desempeñen el trabajo y aplicación de las leyes.

Se trata de que habrá elección popular de ministros, magistrados y jueces, lo que les dará legitimidad a estos impartidores de justicia, algo que la oposición repudia, el que los ciudadanos en democracia podamos elegir, actualmente la mayoría de magistrados y jueces llegan a esos puestos, lamentablemente por amiguismos, palancas y nepotismo.

Es por eso que la reforma plantea sustituir el Consejo de la Judicatura, que supuestamente son quienes vigilan y equilibran las acciones del Poder Judicial, pero son ellos mismos, por eso también se busca sustituir los órganos administrativos y disciplinarios independientes, nuevas reglas procesadles con el objetivo de una justicia expedita y de equilibrios entre poderes. 

Es muy caro sostener el actual Poder Judicial, cuando en los hechos la justicia que se imparte aún es injusta y cara para la mayoría de los mexicanos, por lo que también se plantea la reducción del número de ministras y ministros, de 11 a 9 integrantes. También reducir el periodo de su encargo, de 15 a 12 años, la eliminación de las dos salas y que la Corte sólo sesiones en Pleno, y sus sesiones sean ser públicas. 

Respecto a los privilegios que se tienen en el Poder Judicial actualmente, se pretende eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y ministras, así como reducir las remuneraciones, tienen que ajustarse a la realidad y al tope máximo establecido para el Presidente de la República, algo de lo que en estos seis años se han resistido con amparos que ellos mismos se otorgan.

Hay mucho malestar en las cúpulas de poder económico respecto a la elección de los ministros, magistrados y jueces, simplemente les duele la democracia y mantienen a la misma secuestrada, porque se proyecta que será electos a nivel nacional, en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión. La presidencia propondrá hasta 10 candidaturas, diputados y senadores hasta 5, mientras que el Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de 6 votos. Para los magistrados de circuito y jueces de distrito, mil 633 espacios que se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo (2 por cada Poder de la Unión).

De acuerdo a lo planteado en la minuta, el Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) organizará la elección, las campañas durarán 60 días sin etapa de precampañas, donde es importante destacar que no se permitirá el público o privado. Y al igual que los candidatos a otros cargos que ya votamos, los candidatos tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate. Cabe destacar que los partidos políticos serán ajenos a este proceso, no podrán realizar proselitismo a favor o en contra y el Tribunal Electoral del Poder Judicial resolverá las impugnaciones y declarará los resultados. Hay más información importante que compartir con todos ustedes, daré seguimiento.