De la mentira y el autoengaño, como transitó toda la campaña presidencial de la opositora Xóchitl Gálvez, parece que ya fue suficiente en Palacio de Gobierno. Días enteros de las últimas semanas, desde el paso del huracán electoral del dos de junio, han sido dedicados a reuniones de análisis, evaluación y seguimiento.

Seguramente vendrán consecuencias de todo en los siguientes días. Suponemos que tendrán más impacto en el gabinete, en el PAN que enfrentó cuestionablemente el reto electoral, en el Congreso del Estado y en general en todos los círculos de poder, sacudidos por el innegable avance de Morena; inesperado, según los prianistas, pero en realidad nada sorpresivo, salvo para quienes prefirieron mantener cerrados los ojos.

En la parte toral del análisis, con buena dosis de autocrítica y la disposición de no extender falsedades autoinfligidas, resalta la arrolladora mayoría de votos logrados por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum y sus candidatos al Senado de la República, Andrea Chávez y Juan Carlos Loera.

Si bien hubo un trabajo de contención en los distritos fuera de Ciudad Juárez, un blindaje que sacaron adelante abanderados sólidos como Marco Bonilla en la capital, con todo el grupo de la gobernadora Maru Campos en la primera línea, la realidad rebasó cualquier expectativa favorable de la maltrecha alianza PAN-PRI-PRD.

Es aquí donde no caben los falsos triunfalismos como el difundido en redes en estos días por parte del abanderado derrotado para senador, Mario Vázquez Robles, quien, contra toda la lógica, se quiso presentar como el panista más votado en la historia electoral del estado.

Por favor, será senador, pero no por haber ganado. Publicitar eso es presumir miserias: alcanzó apenas poco más de 400 mil votos azules, menos que el quemado Gustavo Madero hace seis años, mientras que el resto fueron aportados por el PRI (164 mil) y el PRD (27 mil); todo para terminar aplastado por una maquinaria guinda que levantó 861 mil sufragios.

Parte del análisis realizado en Palacio da cuenta de que la inclinación por Sheinbaum y la alianza que formó con el Partido del Trabajo tiene un balance que rebasa el mito de que las clases medias y la alta estarían en contra de Andrés Manuel López Obrador y del ingenioso concepto del segundo piso de la 4T que dirigió Sheinbaum.

Muestran los números finales que en el nivel socioeconómico más alto las preferencias estuvieron 50-50, mientras que la brecha se hacía más grande, en contra de los opositores, entre más bajos eran los niveles de ingreso de la población.

Entender la disolución de ese mito con el que jugó el PRIAN, prepararse para enfrentar el llamado Plan C que contempla arrasar con las instituciones creadas dentro del sistema del último siglo y mantener el control político-territorial del estado, son las metas a alcanzar, con un adecuado reparto de tareas evaluables para los que tienen el reto de subsistir políticamente los años que vienen.

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En una pizarra están los números y hasta los nombres de los diputados que habrán de conformar la siguiente legislatura. La realidad es que el PAN está en un brete porque apenas alcanza a ser la bancada más grande, pero ni siquiera la mayoría simple de 17 curules y mucho menos la calificada, de 22 asientos de los 33.

Habíamos asentado en su oportunidad que el camino del segundo tercio del sexenio pasaba inevitablemente por extender la alianza con el PRI del terreno electoral al legislativo, para lo que no parece haber inconvenientes salvo por la idea de algunos radicales azules que reniegan del pobre resultado que dio el haberse casado con los priistas.

Pero esas fichas apenas alcanzan para la mayoría simple, no para votaciones constitucionales. En esta parte de la evaluación, los votos de Movimiento Ciudadano y Partido Verde, tres en suma, se cotizan más alto que si fueran acciones de Tesla en el Nasdaq. 

Sus votos están en juego en ese tablero con el que ya deben estar jugando en el primer piso de Palacio.

Falta ver el resultado de las impugnaciones en los distritos, pero existe un riesgo potencial de que el PAN no alcance siquiera un asiento plurinominal, lo que le dificultaría mantener el control político del Congreso del Estado y perder incluso la posibilidad de lograr las mayorías calificadas que requieren determinadas decisiones.

En la mesa de los tribunales electorales, también habíamos anticipado, estará la resolución final de la nueva integración del Congreso, lo que habrá de resolverse hasta dentro de un mes y medio o dos. De agosto no pasa.

Esta es la principal sacudida y consecuencia que enfrenta el Ejecutivo, porque tiene más implicaciones profundas que estéticas en el ejercicio del poder a nivel estatal y en sus relaciones en el plano nacional, con un próximo gobierno que llega recargado de legitimidad e influencia para hacer lo que quiera.

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Entre otras cosas, es urgente la mayoría que requiere el Palacio en el Congreso porque en algún momento habrá de plantearse la reforma al Poder Judicial del Estado, posterior a la ya iniciada para sacudir a la judicatura federal, la cual contempla como irreductible la polémica elección de jueces, magistrados y ministros por el voto popular.

En este terreno y con los resultados electorales arrasadores, es probable que también deba cambiarse la postura de la crítica sistemática y demoledora contra toda iniciativa de López Obrador o su sucesora.

Tal vez termine por entenderse a nivel estatal que ya no tiene vuelta de hoja una reforma verdadera al Poder Judicial, que por siglos ha permanecido sin tocarse en el estado. Cada gobernador ha puesto y quitado jueces y magistrados a su antojo, por más procesos simulados de selección y dizque exámenes de oposición que terminan en batideros como el que hicieron Javier Corral y “Lucha” Castro en el pasado quinquenio.

Eso ha llevado a tener jueces incapaces, magistrados manchados de corrupción, personal incompetente impuesto por el nepotismo y el tráfico de influencias. Es insostenible esa realidad en la que, para variar, AMLO y Morena se han adelantado.

Si bien causa ruido el discurso de la rabiosa democracia para sacudirle los vicios a los tribunales, los que están en contra de abrir el Poder Judicial a procesos de elección directa no pueden negar que le urge reformarse. Sí o sí, en eso no hay discusión.

Ni la llegada de una presidenta al Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, resultó en un cambio de fondo. Persiste el amiguismo, el compadrazgo (llaman al nuevo grupo el cártel de las comadres), las transas desde el nivel de actuarios hasta los despachos de los más encumbrados magistrados, que por dinero cambian a un culpable por inocente, y viceversa, con la mano en la cintura.

En el cómo reformar es donde jugarán un papel vital los próximos legisladores locales, más allá de lo que sea determinado con los cambios constitucionales nacionales que forman parte del Plan C morenista.

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El resultado electoral nacional, independientemente de los islotes azules que quedaron en algunas capitales como Chihuahua y Aguascalientes, por citar los casos más destacados, le da a López Obrador lo suficiente como para dejar su herencia final a Sheinbaum Pardo.

En ese legado va la reforma judicial con reminiscencias de 1850, cuando el presidente de la Suprema Corte era electo por el voto popular y fungía de facto como vicepresidente de la República; pero además va incluida la demolición de instituciones y estructuras burocráticas de los organismos autónomos, que serán útiles o no, pero también son voraces consumidores de los presupuestos públicos para mantener a castas doradas.

Cuestionar las intenciones y los resultados de la administración federal no tiene caso, mucho menos continuar con las campañas negativas y el golpeteo sistemático e irracional, ahora contra un nuevo gobierno que indudablemente habrá de marcar sus diferencias con el de Andrés Manuel.

Los votos dicen que los avances de la 4T van más allá de toda la lloradera fifí por el aeropuerto cancelado o las megaobras que tanto les duelen a los conservadores opositores, quienes harán mal si siguen con la cantaleta y el bla-bla-blá de la dictadura, la venezolización del país y otros intentos vanos por restarle aceptación a un cambio que tal vez ni los morenistas creían tan popular entre los mexicanos.

En la forma en que habrán de enfrentar los opositores el rugido de las urnas está la clave de su subsistencia que, en el caso local, se juega la gubernatura de 2027, pero antes que eso la nueva estructura institucional y política que empujarán las reformas nacionales.

En la forma en que esos opositores logren convertirse en alternativas de gobierno viables, de trabajo, de resultados, con operadores eficientes en todos sus niveles, también está la clave para ser contrapesos razonables a un poder federal que se aproxima más fuerte que el régimen encaminado a su final.

Es urgente que lo analicen, lo piensen y tomen las mejores decisiones, porque viene un gobierno que no tiene más límites ni frenos que la moral propia de la presidenta Sheinbaum y los morenistas.