-Puras vergüenzas del tribunal corralista 

-“Soldados” para defender Poder Judicial

-Argumentos balines en Belisario

En la segunda ronda de nombramientos de su gabinete, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, debe haber escuchado las súplicas y reclamos de los morenistas, que siguen inconformes por la llegada del oportunista y arribista exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, a las filas de la 4T.

Al dar a conocer otros cinco integrantes del equipo que la acompañará a partir del primero de octubre, Sheinbaum Pardo designó a Raquel Buenrostro, enérgica extitular del Servicio de Administración Tributaria y actual secretaria de Economía, como la próxima secretaria de la Función Pública.

Hay miles de años luz entre el perfil profesional de Buenrostro y el del flojonazo de Corral Jurado; basta revisar el nivel de eficiencia alcanzado entre la cobradora de impuestos de Andrés Manuel López Obrador, que llevó a la administración pública federal a rebasar índices fiscales históricos, y el desastre que dejó el simulador golfista en Chihuahua, para darse idea de que nomás en su cabeza cabía que sería el gran contralor federal.

Si nos vamos al perfil profesional, ella es licenciada en matemáticas y maestra en economía, mientras él dice que es licenciado en derecho y todo mundo sabe que fue por alguna universidad patito que le soltó un título profesional en su primera campaña por la gubernatura, cuando le cuestionaron su formación académica.

Así, habría sido un despropósito atender las presiones que trató de ejercer Corral para promoverse como candidato a algún cargo del gabinete relacionado con el combate a la corrupción, si tres exsecretarios de su gabinete, Eduardo Fernández, Antonio Pinedo y Arturo Fuentes Vélez, están señalados por peculado; además de que su supuesta lucha contra los corruptos fue pura simulación que no alcanzó sentencias en firme notables.

Mientras su gobierno exudaba corrupción, Corral Jurado trataba de ocultarla con discursos y con la misma palabrería hueca con la que llegó al equipo de campaña de la presidenta electa, quien, por la línea que ha marcado con 11 nombramientos desde hace poco más de una semana, difícilmente podría incluir al de Chihuahua en cualquier área.

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Los demás integrantes del gabinete de Sheinbaum designados ayer fueron: el médico David Kershenobich como secretario de Salud; la socióloga Edna Elena Vega como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la economista Luz Elena González como secretaria de Energía y el ingeniero Jesús Esteva como secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Esto parece extender, como dijimos, una línea marcada desde el jueves de la semana pasada, de nombramientos marcados en la experiencia de gobierno y la formación profesional de quienes encabezarán las dependencias federales.

Hasta el momento, los 11 primeros designados (seis la semana pasada y cinco ayer), parecen fichas de una oleada de tecnocracia de izquierda o tecnoizquierda, que comienza a distinguir el estilo de la presidenta electa, quien muestra una diferencia nada sutil con el equipo tan heterogéneo y polémico con el que comenzó su sexenio López Obrador.

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En todas las dependencias que componen el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), diseñado para servir de nada, no hay un solo funcionario que pueda dar referencias favorables de uno de sus integrantes, el fracasado Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), creado en 2019.

El origen corralista de sus integrantes, Mayra Arroniz, Alejandro Tavares y Gregorio Morales, nombrados para un excesivo periodo de 15 años cada uno, hizo del TEJA uno de los órganos más simuladores del SEA, en el que participan áreas técnicas más eficaces como el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura, Función Pública y Fiscalía Anticorrupción.

En todos los integrantes del sistema hay fuertes cuestionamientos al funcionamiento del tribunal, que no sale de un escándalo para cuando ya está metido en otro.

Ahora, la magistrada presidenta fue suspendida por mal manejo del presupuesto y quejas laborales que alcanzaron hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos; a dos años de que Arroniz Ávila promovió la destitución de Gregorio Morales como magistrado presidente, también por malos manos administrativos.

Así, es el TEJA la mayor vergüenza del SEA y de casi todo el entramado institucional de la entidad.

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Sonaron los tambores de guerra en el Poder Judicial de Chihuahua... pero no porque haya guerra al interior, nada de eso.

Es al contrario, el martes hubo una demostración de unidad interna para defender a la institución de los que fueron calificados como “embates” provenientes de la Cuarta Transformación.

Tenemos que se reunieron cerca de 100 “soldados” que forman parte del nuevo “comité de difusión” del Tribunal con representantes de cada área administrativa y jurisdiccional.

El objetivo es difundir de manera “contundente” toda “acción positiva” desarrollada por la institución.

A la cabeza como apoyadora de ese objetivo está la misma presidenta del Poder Judicial, la magistrada Myriam Hernández. En la parte operativa quedó Luis Rubén Maldonado, titular de comunicación, quien estuvo flanqueado por Nyria Trevizo, el consejero Paco Acosta y el secretario general Francisco Fierro, altos funcionarios del Tribunal.

Vamos a ver qué tan efectivo sale este “ejército de soldados” para defender con buenas noticias al Poder Judicial local ante lo que se viene. Sin duda necesitarán todas las armas posibles en la guerra que ya está encima.

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Aún no alcanzamos a entender qué ocurrió con la impugnación que sirvió de base para integrar el expediente JIN 280/2024, que a mitad de semana tuvo resolución en el Tribunal Estatal Electoral, desechando los argumentos de los inconformes PRI-PAN-PRD.

Alegaron los mencionados partidos que hubo error y dolo en los funcionarios que fungieron en las casillas básicas correspondientes a las secciones 1031 y 1034.

Además sostuvieron que dichos funcionarios fueron tomados de la fila, aún y cuando sus domicilios no correspondían a las referidas secciones, lo cual está prohibido por la ley.

Pues ambos argumentos fueron desechados con la mano en la cintura, porque el dolo o error jamás fue demostrado, y la pertenencia a la sección electoral fue resuelta simplemente revisando el listado nominal. Ahí aparecían los nombres de los funcionarios acusados de pertenecer a otras secciones.

En menos de cuatro minutos la impugnación quedó en el cesto de basura, sin considerar los impugnantes un dato elemental y relevante, que la diferencia entre el primer y segundo lugar es casi igual que el número de votos nulos.

Es decir, hay 117 votos nulos y la diferencia apenas es de 135 sufragios, nada.

Desconocemos si intentaron el recuento o no, pero en ese universo de votos, no solo del PT o del PAN-PRI-PRD, sino del resto de los partidos políticos contendientes, había que buscar 18 inconsistencias, en un universo de votos válidos de más de mil 600.

Pero además, que en la elección de síndicos, PAN-PRI-PRD obtuvo 534 votos, y hubo 122 nulos.

Veremos si siguen en la pelea, argumentando que por las diferencias tan pequeñas, debió haber hecho recuento total tanto el IEE como el TEE, bajo un criterio amplio y flexible de transparencia, como ya se ha hecho en muchos lugares del país.