-Inútil e ilegal recuadro de candidatos no registrados

-Buscaron escandalizar con Oly Franco

-Quezada ya no se acuerda del control en UACH

En lo oscurito, el pasado 30 de abril fue liberado Diego Z. B., uno de los presuntos asesinos del joven Gabriel Alejandro Díaz Ascencio, ocurrido el pasado dos de marzo en un domicilio del residencial Rincones de San Francisco.

El joven había sido recluido en el Cereso de Aquiles Serdán tras haber recibido el auto de vinculación a proceso y la cautelar de prisión preventiva. Fue el único detenido por la Fiscalía General del Estado en las investigaciones de una riña que derivó en homicidio. 

El caso, de acuerdo con lo que ya fue ventilado públicamente en las audiencias judiciales, comenzó con una gresca de jóvenes en el exterior del bar República, del periférico De la Juventud, pero luego se extendió al domicilio de la víctima.

En el lugar, Bryan R.N y su padre Édgar R.F enfrentaron a Gabriel Alejandro en la continuación del pleito, en el que habría también participado Diego Z. Los tres agresores fueron a buscar al joven que terminó asesinado, para reclamar lo ocurrido en el pleito inicial fuera del bar.

Ahí, en el exterior de su casa, Gabriel Alejandro fue herido de bala y murió poco después; quien disparó fue el padre de Bryan, pero Diego participó en la discusión y golpeó a uno de los amigos que dio la cara por la víctima.

Los tres agresores huyeron del lugar y horas después fue capturado el primero de los implicados, mientras que Édgar y Bryan, padre e hijo, por extremadamente doloroso que parezca, lograron escapar de la autoridad investigadora. Hoy están prófugos.

Días después del crimen, la jueza de control penal Hortensia García determinó como legal la detención de Diego y dictó el auto de vinculación a proceso con la somera aportación de evidencia del Ministerio Público. Homicidio calificado fue la acusación que lo mantuvo en prisión.

Sin embargo, el magistrado de la Primera Sala de lo Penal, Jorge Ramírez Alvídrez, fue demasiado generoso y revocó el auto de vinculación a proceso y ordenó la liberación del imputado, como si el suceso de sangre con una víctima y tres agresores, identificados plenamente por tres testigos presenciales de los hechos, no hubiera ocurrido.

Para la segunda instancia, ni la Fiscalía aportó lo suficiente para vincular al sujeto, ni éste tuvo una adecuada defensa por un mal procedimiento llevado por la parte acusadora. Así obtuvo la libertad el único acusado del crimen, otro más que queda en completa impunidad.

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Resolvió el Instituto Estatal Electoral (IEE) una consulta realizada por la ciudadana Rosa Lilia Cardona Muñoz y diversas personas, en relación con la validez de su participación como candidaturas no registradas para participar en la elección a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Chihuahua.

Como es sabido desde siempre las boletas electorales tienen un recuadro en la parte inferior, en la cual puede votarse por cualquier persona, aún y cuando no se haya registrado a través de partido político o como candidato independiente.

No es la boleta de ayuntamiento la única en contar con ese recuadro, sino que también cuentan con ese espacio la de síndico, gobernador, diputado, senador e inclusive presidente de la república.

¿Cuál es la posibilidad de que una persona no inscrita como candidata obtenga sufragios suficientes para vencer, de manera espontánea a un candidato registrado? La respuesta es que mínima, sino es que nula. Pero hipotéticamente puede existir, aunque su probabilidad casi sea cero.

Por eso llama la atención la respuesta otorgada por el Instituto Estatal Electoral, que tomando como base un criterio de la sala superior, -bastante cuadrado- prácticamente considere inconstitucional e ilegal dicho recuadro, negándole cualquier efecto, aún en la lejana posibilidad de un triunfo por esa vía.

Si es cierto que ese recuadro sólo tiene como virtud permitir la libre expresión de las ideas, así debería aclararse en la misma boleta o bien, en el mejor de los casos, eliminarse, si no se le va a otorgar ningún efecto, porque en la boleta no existe ninguna advertencia o acotación al respecto.

Es cierto que en la realidad dichos votos son para la estadística y el anecdotario.

Pero en el fondo, se estaría violentando el derecho al sufragio del elector que espontáneamente decide votar por alguien que no aparece entre los candidatos registrados.

Teóricamente son los ciudadanos quienes libremente deciden por quien votar, y si optan por hacerlo a través de esa vía materialmente existente en la boleta, no tendría por qué negárseles el derecho de votar por quien quieran.

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Quisieron escandalizar los opositores morenistas con motivo del informe presentado por la síndica municipal, Olivia Franco, particularmente por el gasto en recursos personales.

Trae autorizados el ayuntamiento capitalino dos mil 85 millones de pesos para sueldos y prestaciones, tanto del personal de base como para el eventual.

Dicen con razón que creció en doscientos millones el gasto en este rubro en relación con el año pasado, cuando se ejercieron 1 mil 813 millones; más o menos lo mismo que creció entre el 2022 y el 2023, e incluso, 2022 contra 2021, cuando se invertían en recursos personales 1 mil 515 millones, de acuerdo al presupuesto aprobado cuando inicio la administración.

Dentro de esa inversión en recurso humano destacan seguridad pública con 800 millones, servicios públicos municipales con casi doscientos y obras públicas con 667 millones, es decir la prestación directa de servicios a la comunidad, el dato del “gasto” en este rubro debe ser mirado en su conjunto y de manera histórica.

En el 2021 el rubro de servicios personales significaba el 43 por ciento del presupuesto total, lo cual se redujo al año siguiente casi en un seis por ciento; en el 2023 esta inversión era el 35 por ciento y actualmente es del 36 por ciento, tal y como está contemplado.

Hay entonces un esfuerzo por conservar el concepto bajo control, en relación con el presupuesto total, que por cierto ha aumentado en forma significativa desde el 2021 a la fecha, en un 38 por ciento, lo cual no es nada menor.

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Marco Quezada y sus morenos andan algo mal de memoria. Resulta que ya no se acuerda que, cuando era priista, utilizaba a las sociedades de alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), lideradas por grupo Tren y grupo Base para apoyar sus proyectos políticos, primero para lograr la alcaldía y luego en su aspiración a la gubernatura.

Pero tampoco se acuerda que justo hace tres años, cuando volvió a aspirar a gobernar Chihuahua capital, utilizaba al equipo de redes sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el departamento de la defensoría universitaria que dirigía su esposa, para promocionar su imagen, hasta que el administrador de los perfiles oficiales de la UACH se equivocó de página y publicó en el canal oficial de Instagram de la universidad, un video promocional de su campaña a alcalde y terminaron corriéndolo.

Es lamentable que ahora que no están en el poder, se les olvide cómo en el pasado usaban descaradamente a la máxima casa de estudios y ahora la ataquen y golpeen a todos los universitarios, en lugar de dar a conocer sus propuestas de campaña, porque desde que empezó la campaña se han vuelto sólo ruedas de prensa para quejarse, lo que da a entender que están derrotados.