-También el Tec por energía limpia
-Los maltratos de José Luis Villalobos -Los fantasmitas en el PJFTienen 60 días para presentar la declaración patrimonial y de intereses los funcionarios públicos del gobierno federal, al tomar posesión y al concluir el cargo respectivo.
Por lo anterior, todavía tiene tiempo la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, para presentar la propia con motivo del nombramiento que recibió como delegada del Bienestar, el pasado dos de octubre. Ojalá no transcurra tanto tiempo, y cumpla con el plazo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contrario a lo que ocurrió con la declaración de término de función en el cargo que tenía como Coordinadora de la Estrategia Institucional de la dependencia. De acuerdo con la última declaración patrimonial existente en la Plataforma Nacional de Transparencia, Mayra concluyó con dicho encargo el 11 de diciembre del 2023; antes estuvo en la misma Secretaría, un par de meses en el 2021, en la Dirección de Grupos Vulnerables. Conforme a esa fecha de término de empleo, tenía hasta el 11 de febrero del 2024 para presentar la declaración final, pero -salvo que esté mal la fecha en el documento consultado- lo hizo hasta el 26 de septiembre del 2024, es decir, menos de una semana antes de que tomara posesión en el cargo que ahora detenta. La sanción por no presentar la declaración patrimonial va de una multa hasta la inhabilitación e incluso suspensión del empleo; en el caso suponemos que ni una cosa ni la otra; es más, tal vez ni procedimiento sancionatorio hubo a pesar de que transcurrieron ocho meses del supuesto incumplimiento.***
Tal parece que la gobernadora Maru Campos tiene todas las intenciones de recuperar posiciones en Ciudad Juárez, sede a la que los albiazules les ha costado sudor y lágrimas, pero no por ello quitan el dedo del renglón.
Junto a Daniela Álvarez, salieron a mostrar músculo político para llevar a Jorge Romero Herrera a las tierras fronterizas, porque aunque en la capital era de trámite la visita del candidato a la dirigencia nacional, en Ciudad Juárez muchos no pensaron que fuera una buena idea. Fue Daniela quien defendió ante la gobernadora la importancia de hacer un evento con el suspirante a la presidencia del CEN, convencida de que es necesario para comenzar a recuperar la frontera que sigue, casi en su totalidad, en manos de Morena. Sin embargo, la flamante líder del panismo en el estado y la mandataria prefirieron dejar de lado al Comité Directivo Municipal para la organización del evento, por muy relámpago que fuera, y prefirieron encomendar toda la operación a los “Generales de Maru” quienes fueron los únicos que lograron quedarse con un triunfo en el pasado proceso electoral, en el distrito 05 local.***
Está corriendo el término para la adquisición de bases de la licitación pública emitida por el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física, consistente en la adquisición de casi 700 celdas solares, para equipar al Instituto Tecnológico de Chihuahua.
Es una muy buena inversión en energías limpias, que le permitirá al plantel educativo localizado en esta ciudad, depender menos de la Comisión Federal de Electricidad y apostar, acorde con la modernización de la tecnología, a la cual dicha empresa pública propiedad del gobierno federal pareciera negarse. El último día de octubre debió realizarse la junta de aclaraciones con los interesados y el próximo 19 de noviembre ya habrá fallo. Hace unos meses, la Universidad Tecnológica de Chihuahua, que encabeza Kamel Athie, hizo lo propio con la instalación de mil 80 placas que generan 26 mil 723 kilowatts mensuales. Nada más con esta decisión, la UTCH está reduciendo significativamente la emisión de dióxido de carbono, con el adicional de un ahorro anual estimado de dos millones 500 mil pesos. La UACH tiene en proceso un proyecto similar con el gobierno federal y la CFE, con la intención de generar la suficiente energía para el Campus II con un adicional, donde hasta el momento ha tenido cierta resistencia. Deberá quedar también dicho proyecto destrabado, con los consecuentes beneficios, a los cuales el Tec de Chihuahua está por ingresar con este ambicioso proyecto.***
Tal vez pensando que sigue encumbrado en las oficinas del PRI nacional, el diputado local priista José Luis Villalobos, tiene quejas en su trato con los colaboradores que tiene a su cargo en el Congreso del Estado.
El problema de manejo de personal lo tiene no con sus asesores y aquellos que son parte de la nómina que cada uno de los 33 congresistas tiene, sino con las personas que dependen directamente del Poder Legislativo. Aseguran que casi llega flotando a su oficina, como si anduviera levitando, a grado tal que son comunes los desplantes. Seguramente algo le afectó, porque nunca antes había habido tantas y sentidas quejas; probablemente son las tensiones últimas, exceso de carga legislativa, vaya usted a saber, pero como que andaba estos días en busca de desquitar en alguien sus frustraciones. Olvida el legislador que no está en su oficina del CEN del PRI, en donde en muchas ocasiones no queda de otra que aguantar maltratos. Los quejosos aseguran que afortunadamente el legislador permanece poco tiempo en Chihuahua, ya que son comunes y constantes sus viajes a la Ciudad de México, a donde con seguridad acude a reportarse con su jefe Alejandro “Alito” Moreno, al CEN. La cuestión es que aquí en Chihuahua hay mucha chamba, con pendientes que nos dicen poco a poco se acumulan. Ha presentado el diputado dos iniciativas en su calidad de promovente único, una en materia de cáncer de mama y otra de la reforma judicial, de las nueve en que ha participado o se ha adherido.***
Comenzaron a aparecer en el sistema SISE, que es donde realizan los litigantes la consulta remota de los expedientes en juzgados y tribunales federales, muchos “fantasmitas”, como se le conoce a la prevención de que en los próximos días aparecerá algún acuerdo de trámite o resolución.
Son pocos, según nos dicen los abogados que llevan asuntos en juzgados federales, pero algo es algo, con el movimiento obligado que deben tener los tribunales una vez que se reanudaron plazos y términos. Particularmente uno de los temas que esperan con ansias los litigantes es el de las audiencias constitucionales aplazadas, suspendidas o canceladas, con motivo del paro de labores que duro más de dos meses. La mayoría de esas audiencias aún no tienen fecha, y claro, hay desesperación de clientes que presionan a los litigantes, cuando de éstos no depende la fijación del día en que habrá de celebrarse y resolverse, pasándose al engrose de la sentencia, lo cual tardará mucho más tiempo, cuando menos otros diez días. Extrañamente -y es buena noticia- el SISE no ha fallado como de común ocurría antes de la suspensión de labores, lo cual es atribuido al escaso movimiento que tiene en relación con el que tenía en tiempos normales en que se ponía lento o de plano fallaba de manera intermitente, por la alta carga de trabajo existente.