-Van con la Quid Iuris a la Feria del Libro

-Los apuros del TEJA

-Letra chiquita en aportaciones federales

Bajita la mano, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleva unas 700 tomas clandestinas detectadas y cortadas en alrededor de un mes aquí en la capital, mediante operativos armados no sólo para detectar diablitos, sino brindar soluciones a problemas recurrentes del servicio.

En las colonias Revolución, Madera 65, Mirador, Atenas y Villas del Real, la paraestatal ha recuperado miles de kilowatt-horas perdidos en la red por los usuarios que, la mayoría de las veces de forma consciente, se colgaron ilegalmente del servicio.

Deben miles de pesos al mes, habría que encargarles el cálculo a los técnicos de la CFE que le dijeron adiós a la mano blandita que habían mostrado hasta hace unos meses, con un delito que puede tener sus causas en las difíciles condiciones sociales de algunas familias, pero también en la irresponsabilidad y la malicia de otras que, siendo pudientes, no contratan el servicio legal.

Esa mano dura de la CFE está muy bien, como toda acción por la legalidad, consideran algunos prominentes empresarios, pero debería verse también para regularizar miles de tomas en la periferia, esas que están colgadas con diablitos no tanto por cometer el delito, sino porque no tienen de otra para acceder al servicio.

Todavía abundan esas conexiones clandestinas que no sólo le representan una pérdida a la paraestatal, sino un grave riesgo para niños y adultos expuestos al montón de cables tendidos por las calles, a veces hasta encharcadas por la falta de drenaje. Esos diablitos también debería corregirlos, más que criminalizarlos, la CFE.

Pero, además, aseguran, no estaría de más una revisión profunda en la zona más rica de la ciudad, pues existen datos de posibles diablitos de lujo en negocios grandes y pequeños del periférico De la Juventud, desde la avenida California hasta Distrito 1, en el sentido de sur a norte. Específicamente.

Sería gravísimo que corporativos, oficinas, torres y demás inmuebles ubicados en la zona top de Chihuahua estén colgados de forma ilegal de la red eléctrica, pues no hablamos del consumo de una casita de cartón de la periferia, sino el equivalente a lo que gastan hasta 100 familias en un solo local.

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Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, que también tienen a su cargo de la revista especializada Quid Iuris, andan de plácemes porque presentarán la edición en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

No es la primera vez que acuden los magistrados Roxana García Moreno, Gabriel Sepúlveda y Hugo Molina Martínez a la reunión editorial más importante de Iberoamérica, pero no deja de ser relevante para cumplir su función de ser un medio de divulgación y fortalecimiento de la cultura democrática.

Las invitaciones que ha puesto a circular Molina Martínez, quien funge como director de Quid Iuris, indican que la presentación dirigida tanto a estudiosos de las ciencias jurídicas como al público en general, es para el viernes 6 de diciembre en la Expo Guadalajara.

La feria es en esa ciudad del estado de Jalisco donde tiene su sede la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con jurisdicción hasta Chihuahua, así que cobra mayor relevancia la presencia de los magistrados estatales allá.

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Igual que en el caso del asunto que suspende a Gerardo Ascencio Baca en la Universidad Autónoma de Chihuahua, la notificación respectiva en el caso de Edith Escárcega Escontrías jamás llegó a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, al menos de manera oficial-pública.

No hay desde el once de septiembre en que fue emitida la sentencia en el expediente 82/23-3-JRA, que corresponde a E.E.E., iniciales de la alcaldesa, un solo movimiento en estrados electrónicos del TEJA.

O es que si hay movimientos pero nunca han sido impactados en la página web o simplemente está dicha sentencia emitida contra la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, guardada en el cajón.

Lo curioso es que la misma alcaldesa confirmó haber sido supuestamente notificada desde mediados de septiembre, momento en que empezaría a correr el plazo para interponer el amparo, que a estas alturas habría vencido.

La cuestión es que el paro de labores del Poder Judicial federal en juzgados de Chihuahua apenas fue levantado el 28 de octubre, con lo cual la posibilidad de que Edith acuda al amparo aún no termina, por lo cual su sentencia sigue sin quedar firme, si es que ya fue notificada.

La lentitud o inexistencia de notificaciones parece ser un problema grave para el TEJA, por ello comprendemos que uno de los temas tratados en la última sesión administrativa del pleno haya tenido que ver con la habilitación de personal de la Secretaría General, como oficiales notificadores.

No sabemos el rezago existente, pero debe ser lo suficiente como para tomar esta decisión el pasado 11 de noviembre.

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En el análisis de los fondos tanto de participaciones como de aportaciones, que el gobierno federal destina al estado de Chihuahua, hay un dato que llama mucho la atención.

Tiene qué ver ese dato con la indeterminación geográfica de dineros correspondientes a materias tan sensibles como educación y seguridad.

Es decir, son nada más en los dos años últimos -2024 y 2023- algo así como 57 mil millones de pesos etiquetados por la federación para las 32 entidades federativas, como aportaciones en dichos rubros, sin establecer un ámbito geográfico de aplicación.

Si no hay una determinación de usar tanto en Chihuahua, Nuevo León o Ciudad de México, entonces esos recursos quedan en una indefinición de aplicación, ya autorizada desde la Cámara de Diputados.

Podrá alegarse que esos dineros van a parar a la Guardia Nacional, o la Secretaría de la Defensa, o la Fiscalía General de la República, pero luego entonces, no deberían ser contabilizados en el rubro de aportaciones federales a las entidades, sino directamente cargados a las respectivas dependencias.

Esos dineros corresponden 12 mil millones a infraestructura básica en educación y siete mil en infraestructura en los niveles media superior y superior; en seguridad pública son cerca de nueve mil millones. Las cantidades corresponden tanto a la actual anualidad que transcurre como al año pasado.

Los recursos así etiquetados sólo abultan el supuesto dinero distribuido por la federación en materia de aportaciones federales, cuando en la realidad -suponemos- son ejercidos desde una oficina en el centro del país con quien sabe qué criterio.

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El hospital General de Juárez perteneciente al Instituto Chihuahuense de Salud tuvo cerca de 102 mil movimientos de medicamentos y materiales de curación durante el mes de septiembre pasado, equivalentes a unos tres millones de pesos.

La cuestión es que continúa el desabasto que ha sido histórico. Han ido y venido administraciones y el problema continúa igual, pero no sólo en la frontera, sino a nivel estatal.

Accedimos a una solicitud de información que nos hicieron ver, y que es muy reciente, en la cual queda al descubierto el dato.

Conocemos los movimientos por hospital, pero no tenemos el desabasto con esta especificación; sin embargo, el dato estatal revela que hay insumos en oficinas centrales, de las cuales sólo hay una pieza en almacén, hablando del mes indicado, que es septiembre.

Hay 145 distintos insumos y medicamentos de los cuales, como lo dijimos, había una sola pieza.

Por ejemplo, está la vaselina sólida. Envase con 15 k; Perilla para aspiración de secreciones de hule no. 2; Mascarilla laríngea número 1.5 (lactante5-12 kg), dispositivo supraglótico; Paclitaxel-solución inyectable; Aguja para biopsia de hueso. Reesterilizable. Tipo: jamshidi. Longitud 4 cm. Calibre 15 g; Fresa de carburo para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad, forma cilíndrica no. 556; Fórceps 53 r; Estreptoquinasa 1,500,000 ui-solución inyectable.

Para darnos una idea de la importancia de estos insumos, la mascarilla laríngea es utilizada en lactantes en situaciones de ventilación ineficaz, en procedimiento de rescate después de una intubación fallida, así como en casos de necesidad de ventilación mecánica de corto plazo o reanimación en sala de partos.

Así hay medicamentos y materiales en diversas cantidades. Contamos con hasta 20 piezas, 985 distintos medicamentos y materiales.

En el Ichisal de la capital despacha como responsable en el área de adquisiciones, de acuerdo a plataforma de transparencia, José Raúl Terrazas García, pero no encontramos un encargado de Almacén, al menos en el mencionado portal.

Hay una auxiliar en farmacia que aparece María Elena Quintanilla y un supervisor de unidad hospitalaria, Jesús Rocha Jaime.

Tal vez por ahí empieza el problema, por la falta de claridad en puestos y responsabilidades, que todas ellas se cargan en el secretario de salud, Gilberto Baeza y su encargado de administración, tanto en hospitales, como en oficinas centrales.