-Facio opera como si no fuera a desaparecer Ichitaip

-No pareció fiscal “El Bayo”, sino Brenda Ríos

-Aprietan cerco para que pague pensión alimenticia

Seis años después de investigaciones y denuncias por imperdonables excesos cometidos con recursos destinados a la niñez víctima de la violencia, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó a dos exfuncionarios del corralato que lucraron con sus cargos.

Uno, Huber Eduardo Corral Pérez, fue titular de Servicios y Adquisiciones; otro, Bonifacio Rubio Porras, fue asesor técnico en la Dirección de Administración y Enajenamiento de Bienes.

Ambos estuvieron a cargo de las decisiones del Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI) por parte de la Fiscalía General del Estado.

En su momento, fueron evidenciadas incontables compras sospechosas a sobreprecio de lentes, uniformes, tenis, destinados a hijos e hijas de policías caídos y de otras víctimas de la violencia criminal que azota a la entidad desde hace casi dos décadas.

Por ahora, la sanción administrativa de la inhabilitación fue producto de la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado (ASE) que, tras revisar el ejercicio financiero de ese año, determinó que un monto de tres millones 193 mil 479 pesos fueron utilizados de forma indebida en la adquisición de un servicio de exámenes de agudeza visual y compra de lentes para beneficiarios del fondo.

La Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA, a cargo del magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, estableció que los exservidores públicos incurrieron en abuso de funciones al intervenir en la elaboración de los dictámenes de excepción para evitar la licitación pública que, por el monto, estaban obligados a hacer.

Ellos fraccionaron la operación en tres contratos, clásico, para beneficiar a sus proveedores elegidos en adjudicación directa, práctica que fue de las favoritas en el quinquenio del desastre, del expanista Javier Corral, hoy convertido en “honorable” morenista.

La sanción administrativa no libra a Corral y Rubio de otro proceso que ya debe tener abierto la Fiscalía Anticorrupción. Tampoco los libra de otros procedimientos porque no fueron una ni dos las señales de irregularidades imperdonables en el FANVI, sino otras tantas más.

Lo más sorprendente es que procesados y ahora sentenciados, los exfuncionarios del corralato mantienen cobijo en la nómina pública. Hay evidencia documental de ello en GPS versión digital.

Corral Pérez está refugiado desde 2022 como comisionado de Box, Lucha y Artes Marciales en el gobierno municipal, después de haber pasado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hasta, paradójicamente, hacerle la lucha de ocupar un Órgano Interno de Control de los que se eligieron el año pasado por el Congreso del Estado.

Rubio Porras aparece en la nómina de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), como titular de Servicios y Fianzas del área administrativa.

Suponemos que ni los procesos abiertos desde la denuncia de la ASE hasta la sentencia, han de aparecer en el currículum de ambos.

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Pese a los intentos por desaparecer los órganos autónomos, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) sigue promoviendo la importancia de la labor que desempeñan. El próximo viernes realizará la “Jornada de Transparencia 2024”, con el tema “Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales”.

El evento, organizado por el pleno que encabeza Sergio Facio iniciará con una ceremonia inaugural a las 9:30 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua y continuará a hasta las 2:00 de la tarde con diversas ponencias y mesas panel.

Sergio Facio ha mantenido una postura firme en defensa de los organismos garantes de la transparencia. La semana pasada acudió a la Ciudad de México a un foro convocado por el Poder Legislativo federal para abordar la reforma que pretende eliminar los órganos autónomos, incluyendo al Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

El comisionado busca que los órganos locales, como el Ichitaip, sobrevivan ante la casi inminente desaparición de su par a nivel nacional; tras el foro, regresó a Chihuahua convencido de que el estado podrá mantener instituciones que garanticen la transparencia.

Al menos eso fue lo que dijo Ricardo Monreal durante las charlas en la capital del país pero, como ya pasó con la reforma judicial que deberá ser replicada en los estados, el panorama se ve gris, casi negro.

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Ayer surgió la duda si el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, autorizó o siquiera se enteró del uso que le dieron a las instalaciones de este órgano autónomo, donde la diputada local, Brenda Ríos, dio una rueda de prensa desde el pódium que el propio “Bayo” usa para informar a los medios de comunicación sobre detenciones y otros temas.

Las dudas no sólo vienen de GPS, sino de algunos litigantes que se quedaron con el ojo cuadrado ante las fotografías de la legisladora morenista quien, con micrófono y los logos de la Fiscalía Anticorrupción detrás de ella, habló de sus denuncias contra la alcaldía como si fuera la titular de la institución.

“El Bayo” parece que sólo anda concentrado más en los negocios que en el encargo encomendado. No cuida su trabajo técnico-político.

Intrigados por la escena, los abogados aprovecharon el trato preferencial a la diputada para exhortar a la Fiscalía a que abra el micrófono a todos los que presenten denuncias y les dejen disponer con tanta facilidad de sus oficinas porque, dicen, a ellos mal los dejan pasar a hacer su jale.

La diputada Ríos busca hacer responsable a Bonilla de todo lo malo, lo feo y lo peor que pudiera existir en Chihuahua.

Es el único tema en la agenda de la legisladora de Morena, ni un otro asunto, ya ni de coyuntura como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, le interesa más que emitir declaraciones en contra de Bonilla y su administración.

Ríos Prieto sigue siendo también la única morenista en echarse contra el sector inmobiliario; nadie le hace segunda, aunque ayer se hizo acompañar de la regidora María Elena Rojo, pero no hubo más de sus correligionarios.

Ya presentada la denuncia y mientras ésta siga su proceso en la Fiscalía Anticorrupción, a ver de qué habla ahora la diputada, qué temas impulsa o iniciativas presenta en tribuna, esperemos verla más enfocada en su labor legislativa.

Bien hace el alcalde Marco Bonilla en decir qué bueno que ya se presentó la denuncia, en pedir a las autoridades le den celeridad y en exigir que si al final resulta no ser cierto que la legisladora presente las respectivas disculpas.

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A pesar de haber sido vinculado a proceso por adeudar seis millones de pesos a su esposa por incumplimiento de obligación alimentaria, el doctor Demetrio Kosturakis sigue buscando la manera de no pagar e incluso ha intentado enajenar algunos de sus bienes, motivo por el cual, un juez ordenó el embargo del Hotel Mirador, de la avenida Universidad, para evitar que fuera vendido.

El inmueble, propiedad del galeno y cuatro de sus hermanos, fue puesto a la venta de manera muy discreta e incluso saltaron algunas ofertas que, sin embargo, fueron cayendo una a una tras conocerse de este embargo.

La medida precautoria, que ya está inscrita en el Registro Público de la Propiedad, fue otorgada por el Juzgado Familiar Tradicional a petición de Gabriel Alejandro Vidaña y David Faudoa Baeza, abogados de la ex esposa, María Concepción Dolores Fuentecilla Noriega.

El embargo al Hotel Mirador impide a sus propietarios vender el inmueble hasta que el doctor demuestre su inocencia o pague la cantidad que se le reclama, lo cual está negado a hacer afectando ahora hasta a su familia.

Aunado a esto, cuenta con embargo de su consultorio en el Hospital CIMA, pero quienes conocen el caso dicen que la defensa del doctor se ha limitado a desgastar a los juzgados usando recursos e incidentes para “patear el bote” o alargar lo más posible su incumplimiento, siendo que en audiencia ante la jueza penal que lo vinculó a proceso alardeó de sus múltiples propiedades e ingresos, sin aportar prueba alguna que demuestre que haya desembolsado un peso en favor de su ex cónyuge.