Ciudad de México.- El pasado 20 de noviembre, en Hermosillo, Sonora, se declaró una alerta Amber por la desaparición de dos menores de edad; Gael “N” y Jonathan “N” y de una mujer mayor de edad Melanie “N”; los dos jóvenes estudiantes de la Prepa del Tecnológico de Monterrey y la mujer médico-veterinaria.

Gael apareció el 22 de noviembre, ileso y sin mayores lesiones. Jonathan y Melanie aparecieron hasta el 25 de noviembre, luego de su mamá apareciera en las redes sociales llorando y clamando a sus captores liberaran a su hijo; el joven y la dama fueron encontrados en el Parque Industrial de la Capital de Sonora, al sur de la ciudad, con escoriaciones en las piernas y manos, en estado de deshidratación, pero sin ningún otro signo de violencia.

Pero detrás de todo esto se ocultaba una historia de ciencia ficción.

Al momento de que Gael “N” fue liberado, acusó a Jonathan y Melanie de ser los autores del secuestro, de pedir un rescate de 3.5 millones de pesos, pero aceptaron 50 mil pesos como parte de un “abono” inicial a cambio de seguir pagando en partes el resto del monto solicitado. También apareció sin lesiones y solamente con signos de deshidratación.

Durante los cinco días que Jonathan y Melanie estuvieron desaparecidos, diversos medios de comunicación, todos portales digitales, hicieron eco del llamado que hacia su familia para que lo liberaran y luego de que apareció se sumaron al clamor de su mamá que alegaba era inocente de las acusaciones que se hacían en su contra y señalaba que su hijo presentaba heridas de bala en ambas piernas, con ello quería establecer la premisa de que era víctima y no un secuestrador.

El titular de la fiscalía general de Justicia de Sonora (FGJES), Gustavo Rómulo Salas Chávez declaró en más de una ocasión que tenían en su poder testimoniales, declaraciones y pruebas obtenidas del celular de Jonathan y Melanie que los hacía cómplices del secuestro; hasta el gobernador Alfonso Durazo Montaño salió a declarar en torno al caso y reafirmó la versión de la Fiscalía.

Pero hay que decirlo con claridad: es más fácil creer la versión de una madre que el de una institución como la Fiscalía que no tiene mucha credibilidad y cuyo titular goza de una reputación de violador de derechos humanos, espía de periodistas y cuyas “técnicas de investigación” lindan en la ilegalidad.

Una buena parte de los medios de comunicación daban veracidad a la versión de la familia y otra parte se sumaba a la de FGJES.

En un acto inusual, la propia FGJES decidió filtrar un vídeo donde aparecen Jonathan y Melanie; la imagen los muestra semidesnudos, con los ojos vendados con cinta canela, sin golpe aparentes y respondiendo preguntas de alguien que no se identifica, pero todo indica se trata de un Agente del Ministerio Público.

Jonathan va narrando como planeó el secuestro y dice que fue por deudas de juego –su papá es gallero--, que todo se fraguó en Sinaloa y que la idea era asesinar a Gael luego de que les pagaran el secuestro. Melanie, por su parte, dice que solamente fue utilizada y que participó por miedo al tenerla amenazada a ella y a su familia.

Vienen ahora el meollo de este comentario: la participación de los medios, los padres de familia de Jonathan y de las autoridades.

En primera instancia es evidente que los medios sumados a la parte de la familia, no lo hicieron como un acto de solidaridad con ellos; en realidad lo que ahí vieron fue la oportunidad de iniciar un intenso golpeteo en contra de las autoridades estatales, en este caso la Fiscalía, y con ello generar un impacto negativo en la imagen gubernamental.

La mamá de Jonathan se comportó como cualquier otra progenitora lo haría, siempre defendió y creyó en la inocencia de su hijo; pero está claro que ni siquiera sabía en los pasos en los cuales andaba su vástago, que ignoraba sus actividades y que se creó una imagen falsa de un muchacho que, a pesar de tener una buena educación, era un delincuente común.

La FGJES mostró que no tiene credibilidad social y para poder establecer que no cometía una injusticia con Jonathan y Melanie, recurrió a una ilegalidad. Al mostrar el vídeo donde los jóvenes aparecen siendo interrogados sin tener asistencia legal a su lado estaba violando el debido proceso, exhibir a un menor de edad en esas condiciones también es un delito y al estar vendados con cinta canela es un acto de tortura física que viola sus derechos humanos.

Con todas las ilegalidades cometidas, un buen abogado puede salvar a Jonathan y Melanie de la cárcel y mitigar cualquier tipo de sentencia en su contra.

Finalmente, pero no menos importante; los medios de comunicación y los periodistas que utilizaron el vídeo filtrado por la FGJES, subiéndolo a sus redes sociales o mostrándolo en sus espacios digitales, también cometieron una ilegalidad al mismo tiempo que dejaron de manifiesto el poco aprecio que tienen por la ética periodística, puesto que su actuación no fue con el afán exclusivo de dar una noticia exclusiva sino de preservar un acuerdo económico con la instancia gubernamental.

Sirva todo lo anterior para decir que el periodismo es un oficio que debe atender las injusticias y el justo clamor de una sociedad, pero lo debe hacer con apego a la verdad y a la investigación profesional; que las autoridades deben generar credibilidad para no tener que recurrir a la ilegalidad y que por encima de los pesos y los centavos siempre paga más la ética y el respeto a la ley.