Las larvas de ciertas moscas que ingresan al cuerpo de las vacas por cualquier herida menor u orificio natural, pueden matarlas en cuestión de días. A lo mucho sobreviven poco más de una semana sin tratamiento, infestadas en vida, pero con el insoportable hedor de la carne podrida.

Depositado en forma de huevo, el parásito arrasa con todo a su alrededor; en cuestión de horas se reproduce y agranda heridas, luego carcome lo que encuentra a su paso, desde la piel hasta los huesos, pasando por los músculos, glándulas, vísceras.

Las reses infectadas entran en depresión, como lo hacen casi todos los seres vivos enfermos. Dejan el grupo en medio de molestias generalizadas, pierden el apetito y, desde luego, sus parámetros productivos de desploman y sus signos vitales entran en picada si no reciben tratamiento a veces no tan costoso, pero casi nunca rentable.

Resultado de la toxicidad del parásito o de infecciones secundarias, finalmente mueren. Para entonces, aunque se hayan apartado al tercer o cuarto día del padecimiento, muy seguramente otros animales del hato ya estarán infectados.

Este es el gusano barrenador del ganado (GBG) que hoy aparece en la ganadería de México, país que hasta el primero de noviembre era considerado libre de la miasis que causa, de acuerdo con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. El reporte específico puede verse en la edición digital de GPS.

La presencia de la enfermedad estaba limitada, en América Latina, a Argentina, Brasil, Jamaica, Paraguay y Uruguay, mientras que, en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y el vecino Guatemala, era considerada "presencia limitada a zonas”.

Es lógico porque el parásito es de zonas tropicales, principalmente. No resiste los fríos y secas de Gómez Farías, Madera, Satevó, Gran Morelos, Manuel Benavides o Coyame, áridas tierras libres desde siempre de cualquier brote, que a la vez era inexistente en México desde 1991.

Entonces, ¿cómo pudo este gusano cerrar las puertas de Estados Unidos a la exportación de ganado de Chihuahua?

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Si la sequía es un jinete del Apocalipsis para la ganadería de Chihuahua, el GBG se ha convertido en el segundo que llega en este año. El tercero y cuarto pueden serlo las administraciones federales de México y Estados Unidos, no nada más para la actividad pecuaria, sino para el resto de las actividades productivas.

Una economía regional de 500 millones de dólares al año, en números redondos, es lo que puso en riesgo el Gobierno federal en Chihuahua, tanto en el pasado sexenio como en el actual y su transición, con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum a la cabeza.

Si bien la Confederación Nacional de Asociaciones Ganaderas -y la propia Unión Ganadera Regional de Chihuahua, junto con unas cuantas que cuidan la actividad en la zona más productiva de engorda del país- ha representado un acicate para los servicios de sanidad animal, su esfuerzo por mantener el estatus sanitario fue insuficiente.

Varios meses antes, en las puertas del sur del país estaba latente la amenaza del GBG. Eso puede verse en un comunicado del Ministerio de Agricultura de Guatemala, del pasado seis de noviembre, donde daba a conocer tardías medidas de contención de la enfermedad. Ahí estaba a las puertas de México. También la imagen del documento en la versión digital.

La reacción mexicana, también tardía, fue un intento de colaboración trasnacional de forma preventiva, nada que ver con la drástica medida de la sanidad estadounidense, de cerrar la frontera a la importación de ganado en pie, tomándose en serio, como debe ser, la salud de los animales que sirven para la alimentación de su pueblo.

Así acabaron más de 33 años (el 25 de febrero de 1991 México fue declarado oficialmente libre de esta enfermedad) de procesos eficientes de sanidad e inocuidad. La novedad no fue que llegara el GBG, sino que se haya tardado tanto en arribar a la zona tropical del país.

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El trágico anuncio del primer caso de miasis en México por el “parásito devorador de hombres” -como lo definió y describió por primera vez en 1858 el entomólogo Charles Coquerel, al estudiar el caso de un prisionero en la Guyana Francesa- vino el domingo pasado, 24 de noviembre.

Un mes antes, oficialmente, fue detectado un caso de GBG en Aldea Río Blanco del municipio de Los Amates en el Departamento de Izabal de Guatemala. Ahí a las puertas del país, con esporádicos reportes en otras regiones que el gobierno guatemalteco atendió a medias o ignoró.

A nivel nacional, las autoridades reaccionaron con aislamiento de un lote de 50 cabezas en Catazajá, Chiapas, la aplicación de larvicida y la cuarentena, vigente hasta hoy. Los animales siguen ahí desde entonces, vigilados hasta por el Ejército.

La autoridad estadounidense, en cambio, no se anduvo por las ramas. El Departamento de Agricultura (USDA) ordenó el cierre temporal de las importaciones de ganado, mientras México, de brazos cruzados en cuanto a decisiones sobre su frontera sur, enfrentaba el peor panorama para sus exportaciones de ganado en pie, de más de 1.3 millones de cabezas al año.

Álvaro Bustillos Fuentes, dirigente de la Unión Ganadera de Chihuahua, exigió, en un comunicado posterior al anuncio de la llegada del GBG, una actuación enérgica de la autoridad para cuidar el patrimonio de un millón de ganaderos del país porque, además del Servicio Nacional de Sanidad, la responsabilidad de la introducción a México de la enfermedad tiene nombre y apellidos.

Acusó a Grupo Gusi y Praderas Huastecas, de la Huasteca Potosina; a Desarrollo de Engordas Estabuladas (Denes) de Nuevo León; Vera Carne de Veracruz; Su Karne y El Lucero, de Sinaloa, de ser las importadoras de ganado que ponen en riesgo el estatus sanitario nacional.

Por comprar barato y no poder competir con la calidad de los estados ganaderos, especialmente Sonora y Chihuahua, traen ganado de Guatemala y con esto afectan a los productores nacionales, especialmente a los que atienden el mercado exterior.

Todo esto, con una autoridad federal cruzada de brazos y sin importarle la sanidad de los animales con los que se alimenta la población.

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El cierre de la frontera para la exportación de ganado en pie de Chihuahua no es la primera vez que ocurre, pero sí es la primera por un factor exótico y tan alejado del estado.

Cómo olvidar que aquí fue un exsecretario de Desarrollo Rural del tibio gobierno de José Reyes Baeza, Reyes Ramón Cadena Payán, quien puso en riesgo la década pasada a todo el sector ganadero, degradado por la USDA durante tres años a causa de un brote de tuberculosis bovina.

Seguramente aprendieron la lección aquellos ganaderos, de leche y de carne, que optaban por traerse animales de otros estados, en aras de ganarle unos centavos más a su sacrificada actividad. El extra que ganaron seguramente lo perdieron en salud pública regional, animal y humana, así como en costos de exportación, trámites y quemones ante la opinión pública, por la tremenda irresponsabilidad de traficar con influencias para ingresar animales a la entidad, aprovechándose de la debilidad institucional y de la corrupción desmedida, en aquel entonces del Gobierno estatal.

De esos mismos factores, pero ahora del Gobierno federal, se aprovechan quienes ya conocen el caminito para importar ese ganado que va directo a las hamburguesas de las trasnacionales de la fast-food y otros comercios, algunos que dan gato por liebre con supuestos cortes finos.

Ahora, de la cuarentena aplicada en Chiapas y de minuciosas revisiones de la USDA a raíz de este caso del GBG -impensable que llegue a Chihuahua, a menos que sea demasiado y desmedido el descontrol- depende la reactivación de las exportaciones de ganado en pie.

Si bien va, podrían reanudarse los pasos por las estaciones fronterizas en unas semanas, pero si la crisis escala a niveles no deseables, puede llevarse mucho más tiempo, a pesar de mantener un buen estatus exportador como estado.

Ojalá que el gusano pague las consecuencias de lo que ha ocasionado, igual que esos otros parásitos de la ganadería que ponen en juego la viabilidad de un sector vital, más por tradición que por rentabilidad, de la economía del estado.