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En la cruenta lucha por detentar el poder, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial han sostenido una dura rivalidad desde hace siglos.

La concentración de poder en una sola persona llevó a los pueblos a emanciparse que, a la postre, dio cauce para consolidar el respeto a los derechos humanos y a la división de poderes, pero en tiempos actuales la tentación de una persona, facción, grupo u oligarquía reedita la época oscura que se creía superada.

Son 250 años de experimentar gobiernos que, aun con monarquías en pleno siglo XXI, han descansado la voluntad del pueblo en tres poderes, ya sea con un Poder Legislativo que designe al Ejecutivo o con un Ejecutivo por elección directa o indirecta de los ciudadanos, pero en cualquiera de los casos con un Poder Judicial de contrapeso.

La historia ha probado que la división de poderes funciona, como igual de demostrado está que el poder absoluto más que servir al pueblo, se sustrae de la justicia y de la rendición de cuentas.

Hoy en día países como China, Rusia, Corea del Norte, Siria, Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Venezuela, Irán, Nicaragua, entre otros, ignoran milenios de evolución de los seres humanos para organizarse y convivir en un plano de igualdad, y prefieren concentrar el poder en una persona o clan, disfrazando la democracia con un documento normativo supremo redactado a contentillo y con los poderes Legislativo y Judicial de comparsas.

Lamentablemente en vez de presumir que en nuestro país respetamos la declaración universal de los derechos humanos, estamos retrocediendo 200 años a partir de los resultados electorales del pasado 2 de junio, lo cual nos coloca a la par de países donde la violación de los Derechos Humanos es muy común.

Ciertamente los resultados electorales no expresaron una mayoría calificada para integrar el Congreso federal, pero el árbitro electoral (INE) proclive al Ejecutivo federal en turno desestimó todos los argumentos jurídicos constitucionales y le obsequió una mayoría artificial para modificar la norma suprema.

Es esa mayoría artificial la que ha torcido a contentillo la interpretación de la CPEUM y la Convencionalidad que, históricamente ha recaído en la Suprema Corte de Justicia, y deduce con la conjetura de que el pueblo lo mandató.

Tampoco se puede ignorar que la artificial mayoría calificada en el Senado es legal, que no legitima, y tenga facultades para modificar la Constitución.

Debemos ser críticos y autocríticos, duros, implacables, pero sin perder la objetividad. Luego entonces me viene a la memoria la reforma electoral que en el mandato de Carlos Salinas de Gortari (1994) se hicieron para entregarle al ciudadano el poder de organizar las elecciones, y las reformas con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León para reducir de 15 a 11 el número de ministras y ministros a la SCJ.

Recordemos también las reformas de 2011 con el presidente Felipe Calderón Hinojosa para reconocer a plenitud los Derechos Humanos y fortalecer el Juicio de Amparo.

Con las reglas del juego del constituyente de 1917, Salinas, Zedillo y Calderón hicieron lo suyo, ahora la legislatura federal hace lo propio; solo hay que destacar que la oposición legislativa con los tres expresidentes sí completaba el mínimo del 33% de los integrantes de cada cámara para presentar Acciones de Inconstitucionalidad, y la oposición actual apenas si cuenta con el 25% de representación. Si al caso para presentar alguna Controversia Constitucional

Hace unas semanas a la República y a la división de poderes le aplicaron la extremaunción y los santos óleos, sin embargo, aún hay esperanza de que subsistan ya que México suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 22 de junio de 1981; el 3 de febrero del mismo año el Pacto de San José y el 24 de marzo es adoptada la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el régimen de la 4T debe ceñirse a sus resoluciones.

El enemigo es el tiempo, prueba de ello es que la SCJN aún no desahoga las Controversias Constitucionales interpuestas por diversos congresos estatales e interesados legítimos.

La CIDH tampoco aplicó medidas cautelares al Estado Mexicano para detener el proceso legislativo, pues la reforma ya fue aprobada y publicada en el Diario oficial de la Federación.

Adicionalmente, el INE controlado por gente afín a Morena ha ignorado las suspensiones ordenadas por diversos jueces para detener el proceso de elección de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

El tiempo apremia, y la flama de la esperanza para salvar a la República, mantener la división de poderes y la independencia judicial, se extingue.

Es cuanto

Lic. Manuel Arturo Narváez Narváez