En el amasijo de intereses visible en la pasada elección, en la que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum lograron hacer realidad el sueño aparentemente imposible del Plan C, floreció otra vez una pareja que cayó en la quiebra política con la derrota del duartismo en 2016.

El matrimonio formado por Brenda Francisca Ríos Prieto y Alex LeBaron González, bendecidos por el cielo de Chihuahua con una diputación cada uno, comenzó como historia rosa en el Congreso del Estado, al inicio de la primera legislatura del sexenio de César Duarte.

Los unió algo más que el conveniente acuerdo político del PRI -“el nuevo PRI”, le decían en aquel entonces antes de volver a ser otro fiasco- y el parasitario Partido Verde Ecologista de México, que continúa en esa misma calidad de rémora o satélite, pero ya no del tricolor, sino de Morena. Cual debe ser en los espíritus rémoras y traidores.

Su historia empezó con él como priista y ella como ecologista, pero evolucionaron tanto que ambos son ahora entusiastas morenistas promotores del segundo piso de la 4T.

En su momento de mayor poder, a la sombra del gobierno de César Duarte en el estado y Enrique Peña Nieto como presidente, alcanzaron las delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El cielo los bendijo de nuevo con esas posiciones federales, al término de sus diputaciones.

LeBaron fue, sin duda, uno de los consentidos del exgobernador procesado penalmente desde hace cuatro años, desde el comienzo de su mandato allá en el 2010. Se conocieron en las filas de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y Duarte impulsó la carrera del entonces joven tricolor, como diputado local por el primer distrito con cabecera en Nuevo Casas Grandes.

Llegó a la dirección estatal de la Conagua por ese mismo impulso y acabó como diputado federal por el distrito número siete. Una carrera vertiginosa que sin duda le dio impulso a la de su pareja y hasta a la de su hermano, Max LeBaron, colaborador de la Secretaría Particular de Duarte.

Brenda Francisca se había promocionado en las filas del Partido Verde sin mayor pena ni gloria, ocupando solo algunos puestos menores, hasta la diputación por obra y gracia de las alianzas y la posterior designación como delegada federal.

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La unión de ambos como factores del poder dentro de un mismo sistema dominante, que terminó hundiéndose por la corrupción que caracterizó al régimen de ese PRI nacional mal renovado, derivó en consecuencias nada favorables para el campo de Chihuahua.

Es público y muy conocido, nada secreto, que en el periodo que encabezaron dos delegaciones federales muy ligadas, pronto le encontraron el modo de convertirlas en caja registradora común, muy alejadas de los nobles propósitos de proteger el medio ambiente y el agua.

El disparo de los pozos clandestinos, incluso en zonas de veda decretadas de forma urgente por el agotamiento de los acuíferos, hipotecó el futuro de los campesinos del sector social.

A la par, la gestión federal del agua y del medio ambiente, elevó hasta las nubes la producción de grandes empresarios y de comunidades que no se distinguen por el uso racional de los recursos naturales, sino por su explotación desmedida sin visión de sustentabilidad.

Los propios líderes agrarios del estado han denunciado que uno de los mecanismos utilizados por ambas dependencias, bajo la batuta de Ríos Prieto y LeBaron, fueron los cambios de uso de suelo, facultad de Semarnat, que sospechosamente salían en tiempo récord cuando hacía el trámite la persona o el despacho correcto, desde luego parte de una aceitada estructura.

También impusieron otros esquemas más sofisticados y caros. Por ejemplo, si era necesario convertir un terreno no intervenido, natural, y alguien lo quería usar como potrero o para labores agrícolas, necesitaría normalmente un estudio ambiental que justificara con rigor científico que ahí no había flora o fauna en peligro, ni vestigios arqueológicos, zonas de posible contaminación, etc.

Pero ese era un camino largo y enfadoso, así que de forma económica Semarnat podía simplemente declarar que en la zona había “especies invasoras” y con eso podía permitir el desmonte sin restricción.

Claro que esos expedientes nunca tuvieron soporte que documentara su observación. Una de las especies invasoras favoritas para acusarlas de invasoras era el “zacate africano”. La hierba del continente negro fue buen pretexto para abrirle paso a los permisos altamente sospechosos.

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Hay también registros muy interesantes de un modus operandi que implicaba a despachos externos, conformados, por debajo de la mesa, por funcionarios de la Semarnat. De ahí tal vez surgió la idea de la consultoría ambiental en la que después se vieron las manos de Ríos Prieto, ya cuando había dejado el cargo.

De forma paralela, comenzaron a crecer los moditos sospechosos en la Conagua, responsable directa, junto con la Comisión Federal de Electricidad, de que en la actualidad haya una cantidad exorbitante de pozos ilegales.

La gestora del recurso más valioso de Chihuahua emitía constancias, ya sea de los conocidos “folios ocho” o permisos en zonas de “libre alumbramiento”; incluso expedía cientos, o tal vez miles de constancias de trámite en curso de resolución, para que la CFE de Ahumada, Cuauhtémoc o Nuevo Casas Grandes conectara y otorgara tarifas preferenciales, trámites que nunca existieron.

Para ello los interesados tenían que embarrar muchas manos, una cadenita que, según algunos, comenzaba con Juan Carlos Mendoza, hoy abogado principal de Duarte, de pura casualidad; seguía con una persona apodada “El Galón”; luego con el entonces subdirector jurídico de Conagua, Alfredo “Fredo” Peña, excandidato a diputado por el Verde; y seguía, por supuesto, con Max LeBaron.

Algunos testimonios ubican esas transacciones extralegales de la Conagua en una oficina ubicada en San Felipe V etapa, a espaldas del Colegio de Bachilleres. En la Francisco Villa entre Laguna de Delicias y Laguna de Pastores, para señas más específicas.

Ahí llegaban los “coyotes” del agua para encontrarse con los quienes, en conjunto, llegaron a ser conocidos como el “Cártel del Agua” o “Los Reyes del Aguachicoleo”.

Las consecuencias de estas irregularidades han sido graves. Hay un peligroso abatimiento de los acuíferos de Cuauhtémoc, Ahumada, Nuevo Casas Grandes y Laguna de Tarabillas, donde se instalaron plantas algodoneras de una colonia menonita, lo que ha generado desabasto de agua hasta para consumo humano, lo que no tarda en alcanzar a la ciudad de Chihuahua.

También hay grave deterioro ambiental en la zona Aldama-San Diego de Alcalá, donde, por petición del exgobernador Duarte, LeBaron autorizó millones de metros cúbicos de agua a un consentido empresario duartista, Eduardo Almeida, también compadre del impresentable Javier Corral, aunque peleados y arañados; pero dicha agua debería servir para la zona metropolitana de la capital, no para insostenibles proyectos agrícolas.

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No es gratis, pues, que los campesinos de izquierda y derecha tengan todas las reservas contra el cártel o grupúsculo que encabezan Brenda y Alex.

El agandalle de los recursos naturales ha traído un desastre ambiental en gran parte de la entidad: campos menonitas sobre terrenos silvestres, pozos autorizados con la base de papeles apócrifos, acuíferos colapsados que mantienen en crisis a miles de familias campesinas del sector social.

Estos choques por el agua derivaron también en tragedias, como la muerte del matrimonio Solorio, del grupo de campesinos inconformes, o del empresario Alberto Almeida de Villa Ahumada, quien siempre protestó por estas malas actuaciones, hasta que fue asesinado. Ninguna de estas muertes ha tenido justicia y en todos los casos subyace una criminal gestión de instancias federales, sostenida hasta la fecha.

Esos hoy morenistas, a la vez, atacaron a Morena y a la 4T cuando buscaron una malograda alianza coyuntural con el gobierno de Maru Campos en el estado y Marco Bonilla en la capital. Les alcanzó para colocar a algunos allegados, hasta que vieron otra oportunidad de inversión y negocio en el morenismo, que volvió a hacer diputada a Ríos Prieto. LeBaron no tarda en agarrar hueso.

Sin contar otra muy extraña relación de conveniencia con el mayor estafador de la historia del estado, Armando Gutiérrez, el prófugo fundador de la financiera Aras, el matrimonio ahora moreno busca destacar y servirse ya no del PRI y el Verde que abandonaron, pero sí del partido que llevó a Sheinbaum a convertirse en la primera presidenta de México.

En esa dinámica de atraer reflectores, ha extrañado a algunos que Brenda Francisca haya decidido ser el ariete para golpear al más avanzado de los aspirantes panistas, el alcalde Marco Bonilla, sobre todo usando como bandera el tema inmobiliario y los permisos de construcción, sin demostrar una sola prueba de los presuntos actos de corrupción que denuncia.

Ha olvidado la regla de que en política solo puede tener la lengua larga el que tenga la cola corta, porque ni el chaleco guinda de la purificación morenista le alcanza para hablar de corrupción.