Ciudad de México.- La renuncia de varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México ha intensificado el debate en torno a la polémica reforma judicial impulsada por el oficialismo, que propone la elección popular de jueces. Aunque esta medida se presenta como un avance democrático, representa una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial.
La estructura constitucional de México se basa en la separación de poderes, un principio esencial para mantener la imparcialidad y el equilibrio en el sistema de justicia. La intervención de la política partidista en la elección de jueces, como sugiere la reforma, puede minar este equilibrio, permitiendo que el gobierno en turno influya directamente en la Judicatura. Además, la reciente renuncia de ocho ministros resalta las tensiones internas y los desafíos de la SCJN para conservar su autonomía frente a los intereses partidistas, en especial aquellos promovidos por Morena. El riesgo de que el oficialismo pueda moldear el Poder Judicial a su favor no solo afecta a la Suprema Corte, sino también a la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. La independencia de los jueces garantiza que las decisiones no estén sujetas a presiones externas, preservando la justicia y el Estado de Derecho. Permitir que el Poder Ejecutivo influya directamente en la designación de jueces socava estos principios y abre la puerta a un sistema judicial manipulado, donde la imparcialidad y la justicia son susceptibles de volverse meros instrumentos de la agenda gubernamental. Ante esta situación, la SCJN enfrenta el desafío de frenar una reforma que, en su afán de “democratización”, amenaza la estructura y estabilidad del sistema de justicia. La independencia judicial es un baluarte indispensable para asegurar que el gobierno actúe en beneficio de la ciudadanía y no en función de intereses políticos. Como ciudadanos comprometidos, debemos defender esta independencia y rechazar cualquier intento de cooptación política de un poder que, por su naturaleza, debe mantenerse neutral, profesional y al servicio de todos los mexicanos, sin distinciones ideológicas. Es imperativo que la SCJN, el Congreso y la sociedad civil nos unamos en defensa de un Poder Judicial libre de injerencias, asegurando que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa, protegiendo así nuestra democracia y los derechos fundamentales que deben ser garantizados para todos. A esta controversia se suma la inquietud sobre el impacto de la reforma judicial en la profesionalización de los jueces. El sistema actual de selección de jueces en México se basa en criterios de mérito, experiencia y conocimientos legales; sin embargo, al someter a los jueces a elecciones populares, existe el riesgo de que el enfoque se desplace de la competencia técnica a la popularidad, lo cual podría reducir la calidad y objetividad en la toma de decisiones judiciales. El sistema podría terminar siendo vulnerable a promesas políticas y agendas ideológicas, distorsionando su función original. La independencia judicial no solo protege a los jueces de presiones políticas, sino también a los ciudadanos. Cuando un juez actúa sin influencia externa, puede enfocarse en aplicar las leyes de manera imparcial, garantizando los derechos de cada ciudadano sin importar sus vínculos o posiciones políticas. La reforma, en lugar de acercar la justicia a la gente, podría ponerla en riesgo, ya que los jueces podrían sentir presiones para favorecer decisiones populares sobre decisiones justas, afectando a las personas que más dependen de un sistema judicial imparcial. Además, la polarización creciente en el país hace que la elección popular de jueces tenga un riesgo adicional: permitiría que cada grupo político, en especial el partido en el poder, busque colocar jueces que favorezcan sus intereses a largo plazo. La independencia judicial debe ser una de las garantías más importantes de una democracia, especialmente cuando existen proyectos de gobierno que amenazan con concentrar el poder en detrimento de otros órganos. Defender la independencia de la SCJN es defender un México donde las leyes y la justicia prevalezcan sobre cualquier interés político.