-Va de Meoqui a Nueva York nomás para figurar

-Protestas del PJF desinfladas

-Nuevos videos en el STSUACH vs Salgado

El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) ha denunciado por violencia política en materia de género al ex presidente municipal de Ojinaga, Andrés Ramos por ejercer violencia simbólica, verbal y psicológica contra la ex diputada Ivón Salazar. 

En el momento de los hechos denunciados, el aludido ocupaba el cargo de alcalde en la convulsionada de Ojinaga. El expediente es el número 374/2024 

Los comentarios agresivos vertidos por Ramos incluían expresiones que invisibilizaban a la diputada en la esfera pública.

Fue construida una imagen negativa sobre ella que afectó su papel político e incitó a la marginación de su participación en eventos públicos y políticos, según la conclusión de los juzgadores. Estas manifestaciones buscaban menoscabar su reconocimiento en el ejercicio de su cargo.

Entre las expresiones del denunciado se encuentran:

- No quería que la diputada estuviera presente.

- Afirmó que ella no estaría presente y que no hablaría en ningún evento porque no lo deseaba.

- Expresó que no quería ver a esa “pinche vieja” en sus eventos.

- Declaró que nada tenía que hacer con “esas pinches viejas” si iban a hacerse “pendejas”.

- Sugirió que las dejara solas.

- Manifestó que no quería verla con esas “traidoras” y que "le valía verga" si esto llegaba a oídos de la gobernadora.

Los hechos denunciados están basados en elementos de género relacionados con roles y estereotipos de género.

Estos actúan como obstáculos para el desempeño del cargo en condiciones de igualdad, relegando a la víctima a un lugar secundario e invisibilizando sus logros y acciones ante la ciudadanía. Además, se acredita que estos hechos fueron sistemáticos, con un impacto desproporcionado y agravado por el hecho de ser mujer.

Esa sentencia del TEE deberá ser enviada al órgano interno de control del municipio de Ojinaga, que deberá emprender las siguientes medidas de reparación en favor de la exdiputada:

- Brindar la atención necesaria a través del Instituto de las Mujeres para garantizar su integridad.

- Ordenar al denunciado inscribirse y aprobar cursos de género en línea del Instituto Nacional de Mujeres.

- Realizar cursos de reflexión para hombres que ejercen violencia.

- Ofrecer una disculpa pública a la víctima.

- Deberá ser inscrito en la lista de personas infractoras en materia de violencia política.

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Mientras la problemática del sur del estado es tal que urgen millones y millones de apoyos para enfrentar un ciclo agrícola colapsado por anticipado, el diputado del Distrito 11, con cabecera en Meoqui y alcance en buena parte de la entidad, Ismael Pérez Pavía, anda tan extraviado que su mayor preocupación es una demanda en Nueva York.

Resulta que el diputado y también exalcalde de Meoqui, tal vez integrante de alguna comisión desconocida de asuntos internacionales del Congreso del Estado, emitió hace unos días un comunicado con la exigencia de cuentas a la Comisión Federal de Electricidad, tras una demanda millonaria presentada en su contra en la capital financiera de Estados Unidos.

¿Qué tiene que ver con Meoqui? Nada. ¿Qué tiene que ver con su distrito? Nada. ¿Con el estado? Nada. Nada, nada tiene que ver con asuntos legislativos en los que debe trabajar, pero el señor criticó a la CFE no solamente por incumplir a las empresas nacionales y a la distribución de luz, sino también por su negligencia al incumplir un contrato de compra de carbón, lo que derivó a una demanda internacional.

Pérez Pavía reaccionó alarmado, indignado, seguro hasta después de varias noches de insomnio, por el litigio al que fue llevada la paraestatal mexicana por la mayor administradora de activos del mundo occidental, BlackRock, propiedad de ocho grandes controladoras de empresas del orbe.

La demanda, combatible y que seguramente terminara en acuerdo extrajudicial, fue presentada en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, por la enorme cantidad de 160 millones de dólares, recursos que, tal vez pensó Pérez Pavía, le iban a sacar de su cartera o del generoso presupuesto del que cobra cada quincena.

En vez de atender su distrito, su barandilla, los asuntos que le competen y en los que puede incidir, como esa crisis hidroagrícola que tienen encima los productores del estado, el legislador opta por tratar de colgarse de temas que, además, ni siquiera domina, ni tienen la relevancia que trató de magnificar.

Siempre es increíble lo que hacen los legisladores por figurar, pero lo dado a conocer por el panista apenas reelecto rebasa todos los límites.

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Empieza a decaer el ánimo en los manifestantes del Poder Judicial de la Federación, que cada vez son menos.

Ayer acudieron a Juárez cerca de 30 personas, para bloquear el acceso a uno de los puentes internacionales durante casi una hora.

Las instalaciones del Poder Judicial Federal aquí permanecen prácticamente solas en el exterior, y con la gente que adentro hace guardia.

El jueves que fue inhábil para el Tribunal Superior de Justicia, cuando pudo haber llegado apoyo a los del PJF que se manifestaron frente al Congreso, en momento importante además porque se discutiría la reforma constitucional, prácticamente hubo mutis.

Había espontáneos que llegaban y se juntaban con los manifestantes, como un grupo de jovencitas del colegio de bachilleres, que con todo y uniforme, agarraron pancartas y se manifestaron durante casi una hora.

Pero no se ve el apoyo de los sectores sociales, instituciones educativas, sector empresarial, cero, cuando se supone que son los principales perjudicados con la reforma al poder judicial, por la incertidumbre jurídica que viene.

Tendrá que venir una reorganización en las acciones de los trabajadores del PJF, de lo contrario la historia es bien conocida; deberán apechugar los cambios.

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La crisis que Salvador Salgado tiene en el sindicato de Trabajadores al Servicio de la UACH, cada día es de mayor escándalo y confrontación.

Ahora son tres de los miembros de su mesa directiva, quienes salen en un video que ha sido distribuido entre los mismos trabajadores, evidenciando la altanería y escaso oficio con el que se maneja el líder.

Se trata de los videos de Lidia Yolanda Chávez Baca, Secretaría de Organización; Mayra Araceli Mejía Salas, Secretaría de Previsión Social y Oscar Omar Chávez Stirk, Presidente de Vigilancia

Todos ellos tienen una queja diferente, pero en el fondo es la forma discrecional y grosera con la cual está conduciéndose quien encabeza al sindicato.

Yolanda acusa que han sido relegados de la mesa directiva desde la sesión del primero de septiembre, en que debió salir huyendo el Comité del Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

Mayra hace hincapié en la necesidad de que se convoque a asamblea, por lo que pide el apoyo de la base para lograrlo, ante la negativa permanente del líder sindical.

De plano Oscar pone el dedo en la llaga, señalando que la asamblea es necesaria para que le acepten su renuncia y pueda la base proponer a su sustituto.

En el fondo está pendiente información de terrenos vendidos, quejas por descuentos de nómina, así como las renuncias de secretarios de Comité que no han sido avalados por la asamblea, y por lo tanto no son válidas.

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Aunque parece que fue ayer, el Partido Nueva Alianza perdió su registro desde el 30 de septiembre del 2021, cuando el órgano electoral estatal emitió la resolución de clave IEE/CE249/2021, toda vez que dicha organización no cumplió con la votación mínima requerida.

Desde aquel entonces a la fecha inició la liquidación, con la designación de un interventor, en este caso el despacho Gossler, quien ha realizado todos los actos jurídicos relativos para finiquitar personal, recursos materiales, financieros y fiscales.

Pues en este último punto ha existido atorón y múltiples requisitos por parte de la autoridad fiscal, que parecen empeñados en no dejar avanzar.

En julio de este año finalmente, después de meses de peregrinar, obtuvo el interventor la cédula de cancelación del registro federal de contribuyentes del PANAL.

Sin embargo, a la semana siguiente de lograr dicha cancelación, recibieron visita de personal del SAT para verificar que el interventor siga en el mismo domicilio, levantando acta de la visita correspondiente.

El mes pasado, volvieron a recibir la grata visita de los enviados del SAT, para volver a corroborar el mismo dato, que los representantes de la interventora permanezcan en el domicilio de liquidación.

Probablemente fue este capítulo, el del SAT y sus paranoias de persecución, las que han retrasado más la liquidación del extinto partido, cuando debiera ser ágil y menos burocrático el trámite.