Ciudad de México.- La cuenta regresiva está en marcha. Y es que el pasado domingo quince de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma del Poder Judicial, también conocida como la "Reforma Judicial"

La discusión derivada de esta controversial reforma ya ha sido discutido y debatida por diversos personajes de la vida académica y política nacional e internacional. Sin embargo, ahora que es un hecho su implementación, y mientras la oposición busca de alguna u otra manera darle un revés a este proceso; un tema que no debe dejarse de lado es el próximo proceso de elecciones extraordinarias que están programadas para 2025. El INE tiene bajo sus manos una enorme y no del todo grata responsabilidad de orquestar un procedimiento electoral para la elección de una gran parte de las y los integrantes del Poder Judicial, y es que dentro de la reforma se establece que: (sic): “La etapa de preparación de la elección extraordinaria del año 2025 iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebre dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto”. Ante lo anterior, se esboza un nuevo conflicto en el que ahora los protagonizas serán las instancias electorales ante un panorama lleno de incertidumbres y enormes lagunas. 

El INE será el responsable el domingo primero de junio del 2025 de llevar a cabo un proceso histórico e incierto en el cómputo de la elección del poder judicial. Este proceso nunca se había llevado a cabo en nuestro país, y marcará una nueva línea en la política mexicana pues nuevos actores están por entrar en la arena de juego. La reforma ha puesto en manos de este órgano electoral no solo la responsabilidad de organizar los comicios, también, la dura tarea de reglamentar cada uno de los procesos necesarios para su organización, vigilancia, cómputo y fiscalización, responsabilidad que cabe señalar no es su atribución directa. Una tarea en la cual los precedentes son nulos en nuestro país, y las referencias son deprimentes, lo anterior, si usamos como ejemplo el caso de Bolivia, que a más de una década de haber implementado un procedimiento como el que nosotros estamos por experimentar, la opinión local e internacional lo posicionan como un fracaso.  

Con tan solo nueve meses, la gestación de estas próximas elecciones proyecta un apresurado y atropellado camino, no solo en la planeación del proceso electoral para las y los futuros candidatos, también su puesta en marcha en la designación, capacitación y toda la estructura necesaria para que la maquinaria dé movimiento a su gigante de hierro. Y es que, si se pretende que, de vista con éxito a este proceso, las autoridades no deben olvidar que un gran porcentaje de las y los mexicanos apenas y tienen noción de lo que depara un proceso de estas dimensiones, no solo en el ámbito político, también en el contexto financiero, con los enormes costos que se deberán erogar para su implementación, sin dejar de lado lo social, pues el camino hacía una educación cívica sobre este tema será una piedra dura de mover para sus organizadores.

Tenemos que ser cautos, pues ante un proceso aun sin reglas claras, y donde los actores políticos están a la espera de cualquier error para meter su cuchara, la ciudadanía y las organizaciones deberemos tomar un papel como responsables del futuro de nuestro país. El proceso ya dio marcha y no parece detenerse, por lo que ante la ya inevitable reforma debemos de colocar nuestras piezas en posición de defensa para que este nuevo mecanismo no se manche de la ya deteriorada y conocida “política de siempre”