Hace algunos años me invitaron a trabajar en la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en nuestro estado. Debo reconocer que dudé en aceptar, pues no tenía claro qué haría un abogado entre tuberías, medidores y pozos. Sin embargo, con el tiempo, puedo decir que fue una de las decisiones más acertadas que he tomado y uno de los mejores trabajos que he tenido, y en donde llegué a ser Subdirector de Administración del Agua en el estado.

Esa experiencia me permitió conocer a detalle la realidad de un tema que resulta fundamental para la subsistencia de Chihuahua: me refiero a la regulación y administración del agua que, en nuestra condición de zona desértica, se trata de verdadero oro líquido.

Así, hoy quiero hablar de un tema que vuelve a ocupar los titulares de todos los periódicos —como hace cinco años— y que nos atañe directamente: el Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos. Este instrumento regula la distribución del agua entre ambos países en la cuenca de los ríos Bravo y Colorado. Es un documento extenso, con siete capítulos y 28 artículos, que define con claridad las obligaciones de cada parte. Uno de los puntos clave es el artículo 4, que establece que México debe entregar a Estados Unidos un volumen mínimo de agua proveniente de los ríos mexicanos -entre ellos el Río Conchos, en Chihuahua- en ciclos de cinco años. Además, el artículo 10 establece el volumen de agua que se asigna a México proveniente del Río Colorado y que se entrega a Baja California.

Ahora bien, este Tratado fue firmado en 1944, cuando la realidad urbana, productiva, agropecuaria y climática de Chihuahua era muy distinta. En ese tiempo, poblaciones como Camargo, Saucillo, Meoqui y Julimes apenas estaban en su primera etapa de desarrollo. La ciudad de Delicias, por ejemplo, fue fundada en 1933. Así, entre toda esa zona, la población apenas superaba unas decenas de miles. No existía la agroindustria consolidada que conocemos hoy, ni el volumen de desarrollo agrícola que caracteriza a la región centro-sur de Chihuahua. Desde entonces, nuestros ríos y presas fueron comprometidos como parte del acuerdo internacional, sin prever el crecimiento exponencial que tendría esta zona ni los efectos del cambio climático que hoy golpean con especial dureza al norte del país.

En los 81 años del Tratado, México ha incumplido en cinco ocasiones, siempre por sequía. La última ocasión fue en el ciclo 35, que se venció en octubre del 2020, cuando se arrastraba un adeudo de 233.5 millones de metros cúbicos, los cuales la CONAGUA intentó cubrir con aguas de la presa La Boquilla, pero los productores se opusieron porque el volumen que la autoridad del agua pretendía extraer era de 1,000 millones de metros cúbicos; es decir, 4 veces más del adeudo. Esto ocasionó el conflicto entre productores del sur del estado con autoridades del gobierno federal, con los lamentables resultados de violencia y agresiones ya conocidos. A pesar de estos incidentes, el saldo de 233.5 millones se pagó con aguas de las presas internacionales La Amistad y Falcón.

El ciclo actual —el número 36, que termina el 24 de octubre de este año— se perfila como la sexta vez que México no podrá cumplir. De los 2,158.6 millones de metros cúbicos comprometidos, se han entregado apenas 600 millones, lo que deja un adeudo de más de 1,520 millones. Lo alarmante es que las presas involucradas en Chihuahua y otros estados del norte están en niveles críticos. Por ejemplo, en abril de 2025, la presa La Boquilla se encuentra al 14.8% de su capacidad; la presa Las Vírgenes, al 11.7%. Por su parte, las presas La Amistad (Coahuila) y Falcón (Tamaulipas) - fundamentales para cumplir el tratado- se encuentran al 21% y al 12% de su capacidad, respectivamente.

Legalmente, el Tratado prevé esta situación. Su texto señala que, en casos de sequía extrema o accidentes hidráulicos, los volúmenes faltantes pueden reponerse en el ciclo siguiente. Es decir, México tiene hasta octubre de 2030 para cubrir este adeudo. Sin embargo, la presión política y diplomática no se ha hecho esperar. Senadores de Texas han solicitado al presidente Trump exigir el cumplimiento inmediato del Tratado. Incluso, han sugerido suspender el suministro de agua del Río Colorado a Baja California y aplicar aranceles a productos mexicanos.

Frente a este panorama, es momento de hablar fuerte y claro, y que escuchen los que tengan que escuchar: Chihuahua no recibe un solo litro de agua a cambio del recurso que entrega. Somos una entidad exclusivamente deudora en este esquema, y lo somos en un contexto de emergencia climática, donde la sequía ha sido clasificada como severa, extrema y excepcional. Por eso, no se nos puede exigir cumplir con algo imposible. La realidad de nuestras presas, lagos y ríos mata la letra de cualquier tratado, por más internacional que sea.

Así, al gobierno federal -que tanto le gusta recordar a Benito Juárez- corresponde enviar un mensaje firme a los Estados Unidos de América: “Debo, no niego; agua, no tengo”. Es así como en verdad se defiende la soberanía nacional: no en conferencias interminables; no en concentraciones en el Zócalo de la Ciudad de México, sino en exigir trato justo para nuestro país y sus recursos hídricos.

Ahora bien, para enfrentar y atender esta situación, además, no basta con apelar al texto legal. Desde lo local, México debe prepararse con acciones concretas:

Primero, fortalecer a la CONAGUA en Chihuahua con recursos humanos, técnicos y presupuestales, para combatir las tomas clandestinas en los afluentes del Río Bravo y el Conchos.

Segundo, modernizar los distritos de riego del estado, integrando a SADER, CFE, CONAGUA, y al Gobierno Estatal, con una meta de tecnificación en los próximos cuatro años.

Y tercero, acceder a financiamiento internacional (NADBANK, BID, etc.) con garantías de inversión pública y aportaciones de usuarios, para hacer sostenible el uso del agua en el largo plazo.

Chihuahua ha sido históricamente un estado solidario, pero también ha sido, demasiadas veces, ignorado en las decisiones que se toman desde el centro del país. No pedimos privilegios, pedimos justicia. Defender nuestra agua es defender el futuro de nuestras ciudades, de nuestro campo, de nuestra gente y de nuestro estado.

*El autor es Presidente Municipal de Chihuahua Capital y Vicepresidente de la Asociación Nacional de Ciudades Capitales de México.*