Gabriel Madrid Molina tiene sus redes, en publicaciones antes de su campaña para ser juez penal, plagadas de ataques a las “feminazis”, comentarios cargados de misoginia y de un espíritu antiderechos, alternados con halagos a su “jefe”, el coordinador de los diputados panistas, Alfredo Chávez.
Entre sus chistes de mal gusto sobre las mujeres, incluso con temas sensibles como las desapariciones, también aparecen ridículas consignas contra la reforma judicial, la misma que hoy lo pone en las boletas. Esto es lo mínimo que puede encontrarse entre el exceso de información, desinformación y propaganda que circula de las campañas y sus personajes, pero hay casos más complejos de perfiles cuestionados entre los sectores históricamente vulnerados por la justicia y el sistema de autoridad. Hace unos dos años, Romina Aguirre buscaba préstamos para sacar del hoyo una empresa familiar del ramo de la construcción con orígenes en Parral. Ofrecía pagar rápido y con intereses dado que el negocio, en el que también intervenían su padre y su hermano, daría para eso y más. Pues nada, los acreedores tienen más de año y medio con intentos de cobro para recuperar lo que prestaron de buena fe a alguien que consideraron digno de confianza, pero terminaron decepcionándose por el abuso y los pretextos brindados para no pagar. Las cuentas de las deudas rebasan algunos cientos de miles de pesos, entre el capital y los intereses naturales. El sistema jurídico ahora está sometido a una cirugía mayor más política que técnica, orientada a sacudir desde sus cimientos al Poder Judicial, pero no para mejorar, sino para relevar a los actuales operadores; nada más allá del quítate tú para ponerme yo. Precisamente, en el colmo de las incongruencias, Romina Aguirre es una de las candidatas a jueza de lo familiar para el Distrito Judicial Morelos de Chihuahua. El chiste se cuenta solo.***
“¿Este es el perfil que quieren para una magistratura? Un profesor señalado múltiples veces por acoso sexual no puede representar la justicia. Las aulas deben ser espacios seguros, no territorios de impunidad. Exigimos que las autoridades universitarias y judiciales escuchen nuestras voces. No al encubrimiento. No al silencio. No al poder misógino”, publicó, por ejemplo, el grupo de Universitarias en Resistencia.
La referencia con foto y todo fue a Rodolfo Sandoval Peña, maestro de la Facultad de Derecho postulado ahora para ser juez de jueces, es decir, es candidato a un asiento del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Durante su paso como secretario académico de la facultad, según la denuncia pública, fue señalado por un trato prepotente, así como por discriminar a una alumna embarazada y hacer comentarios de índole sexual, de los que perpetúan la violencia simbólica y la hipersexualización de las mujeres. “¿Cuánto cinismo tiene que haber para que se postule un agresor sexual y violador para ser juez familiar en el estado de Chihuahua?”, cita otra publicación en las mismas redes que hacen campaña los aspirantes; en este caso el señalado es Jorge Aragón, candidato a juez familiar. Su nombre también apareció entre los cientos de exhibidos en la marcha feminista del 8M, acusándolo de un delito que, si bien no constituye una denuncia formal ni una investigación oficial, pone en entredicho a quien debería ser ejemplo de moralidad y decencia. Las historias de jueces y juezas, magistrados y magistradas en funciones -que antes destilaban despotismo en su olimpo judicial, además de una pésima y turbia calidad en sus sentencias- han brotado por montones ahora que están obligados a salir a las calles para, básicamente, hacer el ridículo mientras piden el voto ciudadano. Si bien algunos de los juzgadores que quieren quedarse son impresentables, tampoco son mentes brillantes y ejemplos de virtud quienes aspiran a relevarlos del exterior, al menos no quienes han sido exhibidos por sus pasado ligado incluso a delitos o, cuando menos, a conductas cuestionables. No es exagerado considerar que algunos merecen la cárcel, en vez de andar en campaña para brincar del lugar que les corresponde, el banquillo de los acusados, a la cabeza de un tribunal.***
Más botones de muestra tenemos en Yadira Anette Gramer, quien busca una liana del Ejecutivo al Poder Judicial, específicamente al Tribunal de Disciplina, pero con el negro antecedente de intentar liberar a un sobrino de enfrentar un proceso penal.
Ella era secretaria técnica de aquel Consejo de la Judicatura del Estado domesticado por el corralato. Como Fiscal General del Estado fungía otro ilustre personaje del peor quinquenio en la historia de la entidad, César Augusto Peniche. En aquel entonces, movió todas sus influencias, según las quejas públicas, para evitar la justicia que ahora pretende garantizar a los chihuahuenses. Otra abogada que también promete justicia es Berenice Loya Pérez, excoordinadora del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Centro en el vecino municipio de Aldama, quien salió casi a la par del anterior fiscal, Francisco “Panchito” Martínez Valle, luego de un escándalo de presunta corrupción. A ella, igual que a su jefe, le importó un pepino la muerte, en junio de 2023, del joven conductor David Gámez, quien falleció en un accidente automovilístico en la carretera a Ojinaga, debido a una yegua que se le atravesó en el camino. Por negligencia o complicidad, así lo demostró la caída de ambos de la Fiscalía, permitieron la alteración de la escena del accidente, a tal grado que al animal le fue arrancada la huella del fierro de su cuero, para evitar que fuera identificado el propietario del equino y evitara la responsabilidad penal. Hace apenas unas semanas, Jesús Manuel Carrasco Chacón, andaba extorsionando a empresarios de Ciudad Juárez por la existencia de asuntos legales en proceso. Delinquía a nombre del “despacho particular” del Fiscal General, César Jáuregui, aunque fue favorecido por el corralato como fiscal de la zona norte. Era el ministerio público de consigna de Peniche aunque, efectivamente, todavía duró un rato en el mismo cargo en la presente administración. El señor es candidato a juez por el distrito Benito Juárez. Es el número 16, para que se sepa. No es intención ni facultad de GPS juzgar para culpar o exonerar a los señalados de estos y otros casos que hemos expuesto, tanto de juzgadores en funciones como de aspirantes externos a encabezar los tribunales, pero el hecho de que no existan o no sean visibles perfiles incuestionables, resulta preocupante para un país que tiene hambre y sed de justicia, como lo dijera hace tres décadas el mártir del PRI, Luis Donaldo Colosio. Ciertamente son casi mil los candidatos a los poco más de 300 puestos en juego en el Poder Judicial del Estado, pero vale la pena reflexionar cuántos brillan en realidad por trayectorias limpias, decentes, honorables, y cuántos más habrá que podrían ser tanto o más escandalosos que los conocidos hasta ahora.***
Las campañas por los poderes judiciales estatal y federal plantean en los perfiles -propuestos en medio de manipulaciones políticas y maquinaciones de los partidos y el poder- todo un reto para los ciudadanos que padecen de esa sed y hambre de justicia.
Entre la ignorancia natural de los electores sobre el proceso, la falta de propaganda, las limitantes publicitarias, las reglas tan obtusas como burocráticas y una previsiblemente desorganizada jornada del primero de junio, estamos ante una elección que podría ser un arriesgado volado, si no es que ya está arreglada y definida para que lleguen “los que tengan que llegar”, en medio de acuerdos políticos inconfesables. A los perfiles cuestionables hay que sumar el desincentivo que representa un 40 por ciento menos casillas para votar, la enorme cantidad de boletas que recibirá cada elector (entre 12 y 14) y el tiempo que mucha gente no querrá desperdiciar formada en filas el primer domingo de junio. Las expectativas de participación ciudadana son tan pobres como las postulaciones que más destacan entre los juzgadores ya en funciones, a quienes hemos expuesto y señalado con toda claridad dada la evidente mala calidad de sus sentencias y resoluciones, algunas de plano antijurídicas, antiéticas y vilmente injustas. Es tan pobre el resultado previsible de este proceso y esta reforma, como pobres son los antecedentes e historial de quienes quieren llegar al relevo de los actuales, pero sin garantizar la justicia; así, justicia a secas, lo que demanda la sociedad en vez del entramado de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, tortuguismo e insensibilidad que caracteriza a los tribunales. No es mucho pedir, pero al parecer sí es mucho qué dar de parte de quienes compiten y han ganado notoriedad no por su brillantez ni modo honesto de vivir, sino por otras características desesperanzadoras. Así, por las vísperas podemos anticipar que el resultado de esta reforma hecha sobre las rodillas para sacudir al sistema de justicia, en el mejor escenario será otro ejercicio más de gatopardismo del simulador sistema político nacional y estatal; en el peor, podrían llegar juzgadores todavía menos dignos que los actuales.