-Los 60 años del cuartelazo

-Una IA de millones en INE

-La mala ocurrencia del “filtro Centinela”

Ahora son otros dos candidatos a juzgadores los exhibidos en denuncias vía redes sociales, por donde ellos mismos tratan de conseguir likes que se traduzcan en votos, en la confusa contienda de cargos del Poder Judicial del Estado.

Una exempleada de los tribunales, Leslie Ivonne Arteaga, fue despedida el 13 de marzo de este año, por un conflicto en el que intervinieron Gloria Farfán y Rubén Aguilar Gil, ambos postulados para cargos judiciales, una como juez de lo familiar y otro como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La afectada denunció que, tras 15 años de trabajo en los tribunales, en diferentes cargos y funciones, fue cambiada a un puesto que le generará menos estrés, cambio necesario por vivir con problemas de salud que se agudizaron con el tiempo, algunos ligados a su labor.

Pero, además, en medio de un problema de violencia familiar que padeció gravemente, que le demanda atención médica y psicológica constante, Farfán y Aguilar estuvieron detrás de un proceso administrativo del que ni siquiera fue enterada y terminó en la rescisión de su contrato.

Según la acusación, ella reprochó las presiones de sus compañeros hoy candidatos para asistir a convivios mensuales “de borrachera”, tras lo cual llegó el procedimiento realizado a sus espaldas, sin respetar el debido proceso en una instancia judicial. Inconcebible de plano.

“...motivo por el cual en la actualidad me encuentro sin trabajo y una grave situación personal en medio de un divorcio con una persona que amenazó mi vida en más de una ocasión, sin servicio médico para hacer frente a mi cuestión de salud y sin los recursos necesarios para mi subsistencia y de mi hijo debido a la situación familiar, esto es, violencia patrimonial de la que soy objeto”, denunció Arteaga.

La afectada también exhibió que la jueza Farfán y un funcionario de la Dirección Jurídica, quisieron presionar a profesionales de la salud desde diciembre del año pasado para un trámite de invalidez permanente, a pesar de que no es candidata a ello, pues cuenta con plena capacidad para seguir laborando.

Así las cosas en la elección judicial, de quienes salen a pedir el voto fuera, aunque ni en su casa los aguantan.

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Ya no se puede negar que Morena tiene sus peones puertas adentro del Instituto Estatal Electoral (IEE). En una fotografía difundida por redes aparecen abrazados y con sus respectivas etiquetas, el particular y el coordinador de asesores de la presidencia del organismo junto con morenistas.

Pueden ser vistos, respectivamente, Genaro García y Alberto Morales, con los guindas Román Alcántar, Hever Quezada y el encargado de estructuras de Morena, Diego Villanueva, quien es marido de Mayra Chávez, delegada de programas para el Bienestar en Chihuahua.

Esto al menos evidencia que la presidencia del IEE no tiene suficiente control de sus funcionarios a pesar de permanecer en un proceso histórico como es la elección de juzgadores locales y federales.

En los hechos se nota que no ha querido asumir la presidencia del IEE la importantísima responsabilidad de proteger la democracia y las instituciones.

Esperemos que solo sea un asunto en donde aplique la máxima de que cuando el gato no está los ratones hacen fiesta y no sea una confirmación de que hasta el árbitro electoral ya tomó partido; no podríamos creerlo de Yanko Durán, presidenta del Instituto.

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Hoy por la tarde, auspiciado por el ayuntamiento de Cuauhtémoc, que preside el panista Humberto Pérez Mendoza, estará el investigador Jesús Vargas Valdés presentando su libro “Madera rebelde: Movimiento agrario y guerrilla,” en el centro Cultural San Antonio.

Es el profesor Vargas un historiador prolijo desde 1986. De pensamiento fraguado por el movimiento obrero y campesino, trabajó en la organización de ellos, recorriendo el país.

En la UNAM fue parte del Consejo Nacional de Huelga en 1968, como representante de la que era su institución, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de la cual es egresado.

Pero está poco adelantado el profesor a la fecha de conmemoración del asalto al Cuartel de Madera, ocurrido el 23 de septiembre de 1965, en que tres grupos guerrilleros procurarían la emboscada a los militares, aunque sólo uno llegó a su destino fatal, guiados por Arturo Gámiz y Pablo Gómez.

Murieron en dicho asalto nocturno el teniente Marcelino Rigoberto Aguilar; los sargentos Nicolás Estrada Gómez y Moisés Bustillo Orozco; el cabo Felipe Reyna López y los soldados Jorge Velázquez y Virgilio Yáñez Gómez.

Por el lado de los guerrilleros, perdieron la vida además de los mencionados, Arturo y Pablo, Emilio Gámiz García, Antonio Scobell, Oscar Sandoval Salinas, Miguel Quiñones Pedroza, Rafael Martínez Valdivia, y Salomón Gaytán, campesinos, estudiantes y profesores rurales.

De todo eso hablará Vargas hoy.

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Los alcances orgánicos de las redes sociales son muy limitados, salvo que se trate de un influencer o figura pública, que acumula cientos de miles o millones de seguidores.

Un juez o un magistrado, inclusive un ministro, que siempre ha estado alejado de las superficiales redes sociales difícilmente acumulará más que unas decenas de dichos seguidores. Sus colaboradores y familia, y punto.

En esas condiciones salvo que un aspirante haga desfiguros, malabares o de plano esté agraciado con su cuerpo, podrá deslumbrar la red social; de otra manera, está condenado a unos cuantos likes de sus más cercanos.

Por eso los aspirantes serán muy vigilados por el órgano electoral fiscalizador en busca de quienes hayan caído en la tentación del pago de publicidad en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, o cualquier otra.

Ahí es donde empiezan los problemas para el órgano electoral porque sólo tendrá 300 empleados en todo el país dedicados a perseguir esas conductas alevosas, la mitad del personal solicitado en el presupuesto que le fue negado.

Ni de chiste podrán vigilar a los miles de candidatos federales y estatales en las 17 entidades federativas donde son celebrados comicios de manera simultánea este año.

Deberá simplemente resignarse el órgano electoral federal, imposibilitado de cumplir realmente con su responsabilidad, después de que arrebató en épocas pasadas dicha facultad a los Oples, que hoy le serían de gran ayuda.

Con el monopolio de la fiscalización, a río revuelto, quienes andan totalmente sueltos por sí o por interpósita persona, son las aspirantes a ministras de la 4T, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ésta última hasta peleando por conservar las imágenes que grabó con un sindicato, en franca violación a la ley.

A ver qué cuentas entrega el INE. Ojalá no vaya a aplicar la ley únicamente con los de enfrente, a quienes hay que perseguir hasta por 50 pesos en Face, o peor, dejar el monitoreo en alguna IA extranjera que cobre millones y entregue inconsistencias, por lo experimental que aún resulta.

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No exageramos si señalamos que hace cerca de medio año permanece en construcción una obra en la carretera a Juárez, justo paralela a la planta de Cementos de Chihuahua.

Inicialmente se creyó que era algún puente a cargo del gobierno o que la cementera construiría alguna porción más ancha de carretera para el movimiento de sus materiales extraídos de la zona.

Ahora en Semana Santa al fin quedó despejada la incógnita porque ahí se crearon desesperantes filas kilométricas de vehículos porque el espacio fue reducido a un solo carril, sin nadie que auxiliara en señalamientos o algo por el estilo.

Se trata de un arco y dos casetas a las que pusieron el letrero: “aquí se construye un filtro Centinela”. Concluimos que la obra está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Mala imagen se llevó el gobierno estatal en Semana Santa por el filerío de conductores ahí, incluidos decenas de miles de esta capital que se dirigían a El Paso.

Eso por una parte; por la otra, a unos cuantos kilómetros de ese puntos está el Precos militar de Samalayuca que de por sí ha representado un obstáculo histórico para la fluidez vehicular.

Imaginemos una garita de la policía estatal. Aquello será el acabose. Una pinza entre el Precos y la Puerta del Milenio, de la entrada a Juárez.

¿A quién le facturarán los conductores semejantes ocurrencia?

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Ayer debió haber encerrona entre la gobernadora Maru Campos y el alcalde, Marco Antonio Bonilla. Platicarían específicamente sobre las candidaturas a magistrados y jueces para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Es obvio que Chihuahua, Delicias y esa región de la zona centro permanecen bajo control electoral azulado; así que es altamente probable que los acuerdos ayer tomados se traduzcan en hechos a la hora buena de la elección.