-Ni con traidores junta PRIAN 22 votos

-Compromete Mayra lo que no puede cumplir

-Hasta los de CFE podrán andar armados

Era octubre de 2010, el peor año de la violencia en Chihuahua, cuando en medio de la transición sexenal en el estado irrumpió uno de los primeros narcovideos, ahora tan comunes, con Mario Ángel G. rodeado de cinco hombres que le apuntaban a la cabeza con sus rifles de asalto. Pertenecían al Cártel de Sinaloa.

El protagonista era el hermano de la exprocuradora general de Justicia del Estado, Patricia González, mientras la Secretaría de Seguridad Pública, al mando de Raúl “Choche” Grajeda.

Si algo marcó el sexenio de José Reyes Baeza fue esa pugna ni siquiera oculta, Procuraduría-Seguridad, uno de varios factores del brutal baño de sangre recetado a los chihuahuenses.

Pues bien, ese video realizado para atacar a La Línea -que obviamente carece de todo valor probatorio y es producto de perversas estrategias publicitarias del crimen- cobró vigencia de nuevo en los altos círculos políticos, tras la conformación forzadísima de la terna para nuevo o nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El viernes quedó integrada la propuesta de la Junta de Coordinación Política, con aval de todos los partidos salvo Morena, incluso de sus aliados Verde y PT. Fueron incluidos la exdiputada panista Georgina Bujanda, el abogado Gildardo Félix Durán y la funcionaria de la misma CEDH, Yuliana Ilem Rodríguez González.

Es precisamente el último nombre uno de muchos, muchísimos mencionados en el narcovideo, en la forzada entrevista que le hacen a Mario Ángel, quien después aparecería sin vida.

Es citada por su tío como agente del Ministerio Público y familiar de quien fue procuradora en el periodo más violento del Chihuahua reciente.

En fin, por alguna razón hay quienes ven que rebasa lo anecdótico la inclusión de Rodríguez González en la terna, en la que obviamente se pretende premiar por todos sus errores en el Congreso y en la UACH a Bujanda Ríos.

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Por cierto, con esa terna, más allá del caso de la sobrina de la exprocuradora, ahora la complicación está en las matemáticas del Legislativo, que para el nombramiento de la nueva ombudsperson requiere de la mayoría calificada.

Sumados el PRIAN y los traidores a Morena, América Aguilar del PT y Octavio Borunda del Verde, no completan los 22 votos para que mañana pase por el pleno la decisión.

Así, mañana estarán en los ojos en la sesión del Congreso para ver quién se dobla de la bancada que supuestamente coordina Cuauhtémoc Estrada o cómo le hacen los legisladores para enfrentar el reto de designar a quien tendrá a su cargo la conducción de la CEDH.

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Debe reponerse en su imagen y credibilidad el gobierno federal de dos gazapos fenomenales ocurridos la semana pasada, en la denominada Mañanera del pueblo.

Errores atribuibles a asesores supuestamente profesionales, que arriman datos a sus jefes, nada menos, la cabeza del Estado mexicano, Claudia Sheinbaum, y su secretario de seguridad, Omar García Harfuch.

Detrás de los errores están los súper asesores de la recién creada Agencia Federal de Telecomunicaciones, y los mandos de la Guardia Nacional, así como enlaces de la desvencijada Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal.

La presidenta recibió una tarjeta con texto que inclusive exhibió en pantalla en la Mañanera, hablando de un supuesto artículo desaparecido en 2014 con motivo de la reforma en telecomunicaciones de Peña Nieto.

Sin embargo, resulta que dicho artículo estaba en la ley original de 1960, y no hablaba propiamente de publicidad, sino del contenido de programas del extranjero.

Ahí es donde estaba indicado el texto presentado por la presidenta, y que alguien le presentó como vigente hasta hace diez años, lo cual es inexacto.

El otro gazapo fue el de García Harfuch, con la supuesta detención de “El Palito”, cuando en realidad, fueron otros cuatro delincuentes los arrestados.

A estos últimos correspondían las imágenes mostradas en la Mañanera no a El Palito o El Palillo, Daniel H.R., cabecilla de un grupo criminal con operaciones desde Aldama hasta Ojinaga y puntos circunvecinos.

El error inducido en ventana nacional de comunicación, debería motivar mínimo una reflexión, por la ligereza con que son manejados datos sensibles en momentos delicados del entorno nacional, que expone innecesariamente a la presidenta y a uno de sus altos funcionarios más cercanos.

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Apresurada salió a comprometerse una vez más la delegada del Bienestar en el estado de Chihuahua, Mayra Chávez, para buscar solución a lo que a todas luces está fuera de sus posibilidades.

Carece ella de poder de decisión, dinero y personal, para enfrentar el grave problema de decenas de miles de indígenas y chabochis, beneficiarios de programas, que recorren kilómetros sinuosos de caminos intransitables, en la sierra de Chihuahua y otras entidades del país, para poder cobrar apoyos.

Está dicha población -de por sí desprotegida por su alta marginación- vulnerable a nuevos riesgos en ese tránsito por caminos de terracería o pavimento en pésimas condiciones, dominados por el crimen organizado, que deambula a placer, choca y desaparece evidencias como si nada.

No sólo es el camino de Yoquivo a Guachochi, donde ocurrió el lamentable accidente en que perdieron la vida doce rarámuris, en una tragedia bien narrada en nuestra edición dominical, sino el drama de kilómetros de caminos sin vigilancia y en condiciones intransitables, por donde están obigados a pasar 250 mil habitantes de la extensa sierra, en 17 intrincados municipios, con cientos de comunidades.

No puede Mayra con el paquete porque hay lineamientos que deben cambiar desde la Ciudad de México, como, por ejemplo, acercar los apoyos a las comunidades bajo algún esquema de protección.

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Acaba de ser turnada a la Cámara de Senadores, para su discusión, una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya aprobada por los diputados con el voto casi unánime.

Los diputados, sin cambiar una coma a la iniciativa de ley que viene de tiempos de Andrés Manuel López Obrador, otorgan la posibilidad de que funcionarios de dependencias federales puedan portar armas, a través de licencias colectivas como las de las fuerzas de seguridad.

Estamos hablando de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, Procuraduría Federal del Medio Ambiente, Procuraduría Federal del Consumidor, etcétera. Cualquier servidor público federal, que justifique el porte, podrá andar armado.

El tema no deja de ser delicado, por lo que implica armar a dichos funcionarios federales o de cualquier otra dependencia. Imaginemos a quien va a revisar un medidor de la CFE o realizar una visita de rutina de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Cofepris.

Nos dicen que es un hueco de la ley que no estaría bien cubierto por los requisitos que deberán establecerse en la reglamentación respectiva, pero que armaría a todo el aparato federal, en términos simples y llanos.

Tiene ya en estos momentos el gobierno federal un ejército de casi quinientos mil efectivos, contando la Sedena, GN y Marina, por lo que con la nueva ley contaría además con los funcionarios federales que a modo sean dotados de ese porte de armas.

El tema pasó bobito en la Comisión de Defensa y el pleno mismo de la Cámara de Diputados, donde ni pío dijeron los legisladores del PRI, PAN y MC.

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Dio palo a Miguel Riggs el Tribunal Estatal Electoral, en su defensa raterona de la denuncia presentada por la síndica municipal Olivia Franco, por aquel exabrupto juguetón que le está saliendo caro.

Resulta que el aún regidor presentó un recurso de inconformidad en contra de una resolución del IEE, que lo tenía sin contestación a la denuncia de violencia política de género interpuesta por la síndica, por las groserías emitidas por Riggs en reunión de la Comisión de Hacienda del Cabildo.

En dicho procedimiento especial sancionador contra Riggs que es sustanciado en el órgano electoral local, están acumulados dos expedientes, el de la síndica, y uno más interpuesto por los mismos hechos.

Cuando contesta el regidor a dichas demandas, sólo responde a la segunda, y no a la primera, por lo que se le tiene casi consintiendo las acusaciones de Olivia.

Los abogados del Regidor, ante la pifia, decidieron ir al Tribunal Estatal Electoral, tratando de tumbar dicha resolución, que lo pone ya en la picota.

Pero vuelven a regarla, al presentar la demanda de manera extemporánea ante el órgano jurisdiccional electoral, que acaba de resolver el pasado viernes este tema, desechando la nueva pretensión de defensa del regidor corralista.