Para nada resulta extraordinario que cada legislatura, ya sea federal o local, lleve a cabo la creación, reforma y/o abrogación de leyes, pues esa es su principal atribución, entre un sinfín más. Así lo exige la dinámica social, económica, cultural, etc.

Como muestra de lo anterior, se encuentra el ámbito político-electoral, que desde la promulgación de la Constitución de 1917 ha tenido múltiples cambios, entre otros: la expedición de la Ley Federal Electoral en 1946; la creación de la Comisión Federal Electoral en 1973; la expedición de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en 1977 (la famosa LOPPE); en 1990 la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; el otorgamiento de 53 nuevas atribuciones al IFE en 2007, y; en 2013-2014 la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), en sustitución del IFE.

Entonces, en esa diversidad de cambios que se han presentado en las instituciones políticas y electorales, así como en los propios procesos comiciales, indudablemente nada es definitivo y continuarán habiendo novedades y modificaciones.

Es así que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo —al igual que como lo hizo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador—, ha anunciado desde su campaña proselitista, como parte de la llamada Cuarta Transformación, la necesidad de realizar una reforma política-electoral en México, habiendo designado recientemente a Pablo Gómez Álvarez para encabezar Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la que tendrá por objeto “la elaboración de un diagnóstico profundo del estado en el que se encuentra el modelo electoral y sus partidos, y como segunda tarea el confeccionar una reforma legislativa que esté acorde con los tiempos actuales de México, en el que se ponga en el centro la democracia y el pueblo” (Tarjeta informativa 34/2025 del Gobierno de México, de día 02 de agosto de 2025).

No obstante la conformación de la citada Comisión, de la que en próximos días se dará a conocer al resto de sus integrantes, y que trabajará en coordinación con miembros del Poder Legislativo, académicos, expertos, organizaciones y ciudadanía, resulta interesante conocer las propuestas de reforma que sobre el particular ofreció la presidenta Sheinbaum durante su campaña electoral, mismas que forman parte del documento “Claudia Sheinbaum 2024-20230. 100 pasos para la Transformación”, y que muy probablemente de ellas partan los trabajos de dicho órgano colegiado.

En el tema referente a la “Democracia Participativa”, como propuestas y acciones de gobierno se contempla: “● Establecer como umbral mínimo de participación requerida el 30% de la lista nominal en las consultas populares para que sus resultados sean vinculatorios. Además se homologa la fecha de realización de la revocación, así como la consulta popular, al mismo día de las elecciones ordinarias federales. ● Incorporar nuevos temas que sí puedan ser objeto de consultas populares como los relacionados al sistema fiscal, la organización y funcionamiento de la Guardia Nacional o temas de infraestructura, entre otros. ● Elevar a rango constitucional el uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto, facilitando y garantizando el ejercicio efectivo de este derecho” (p. 377-378).

En lo que a “Instituciones Electorales” se refiere, el documento en cuestión señala como propuestas y acciones de gobierno: “● La eliminación de 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores. De esta forma el Congreso Federal se conformaría por 300 diputados y 64 senadores. ● Además se buscará que este principio también se aplique en la elección de congresos y gobierno locales, estableciendo parámetros poblacionales objetivos que fijen el número de diputados locales, regidores y concejales. ● Reforma constitucional para retomar el principio de la Revolución Mexicana: Sufragio efectivo, no reelección. No se podrán reelegir diputados y senadores de la República” (p. 381).

Asimismo, en el tema de los órganos electorales establece: “● Reducir el costo de la democracia. Una vía será reducir a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos y regular las aportaciones de las personas a los partidos y el ejercicio de estos recursos. ● Se plantea transformar al INE para crear una institución electoral independiente que sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL) por lo que organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal. ● Elección de los consejeros electorales y los magistrados por voto popular” (p. 381-382).

El documento en cuestión también incluye algo que ya se concretó, y que es la reforma al Poder Judicial que considera la elección de las y los ministros, magistrados y jueces, mediante el voto directo y secreto de la ciudadanía, entre otros aspectos más.

Como en todo, con lo anterior habrá quienes estén a favor o en contra, ya sea de manera analítica y reflexiva, por convicción, por conveniencia, etc., pero lo más importante es que, efectivamente, más allá de cualquier convergencia o divergencia racional o irracional, lo que resulte de la reforma electoral tenga un impacto favorable para todas y todos lo mexicanos.