El fiscal de la zona centro, Heliodoro Araiza Reyes, encubre diversas irregularidades que se presentan en la Unidad de Delitos contra la Integridad Física y Daños, las cuales están generando impunidad en carpetas que se trabajan en una de las salas del Tribunal Superior de Justicia. Además, propicia que oficios enviados directamente por diversos jueces penales a la titular de la unidad, Adriana Eloísa Madrid Cedillos, no sean contestados, a pesar de haber sido recibidos desde el 13 de mayo y el 17 de octubre del presente año.

El primer oficio, dirigido y firmado por el juez Jorge Napoleón Rayas Valdez, y recibido en la unidad, le hace del conocimiento que existe un aparato telefónico asegurado dentro de la causa 1353/2024, del cual se cuenta con cadena de custodia firmada, pero que no ha sido entregado al Ministerio Público que lleva el procedimiento, debido a que fue reasignado a la Unidad de Delitos contra la Vida. El aparato es determinante para la teoría del caso del MP, por el nexo causal que se pretende acreditar en el juicio por tentativa de homicidio agravado.

En este primer requerimiento del juzgador Napoleón Rayas, con número de oficio 19834/2025, la responsable de la unidad, Adriana Eloísa Madrid Cedillos, no dio contestación y lo ignoró por completo.

Continuando con la secuela del proceso, y en vísperas del desarrollo de la audiencia intermedia, ante la salida del extraordinario juzgador Rayas, el novel juez Sergio Chaparro Varela —quien lo sucedió con la carpeta penal y quien tiene un brillante futuro en la judicatura—, a solicitud del asesor jurídico, nuevamente pide a la coordinadora, por escrito y mediante oficio 32361/2025, que informe a la brevedad posible respecto del paradero del teléfono celular asegurado por una agente del Ministerio Público adscrita a su unidad desde el 8 de abril de 2024. Señala al final del oficio que la misma solicitud se había realizado en audiencia del 7 de mayo de la presente anualidad, sin que se haya recibido respuesta por parte de la unidad ni de la representación social.

Como en la ocasión anterior, la solicitud del juzgador fue bateada por la coordinadora; es decir, ignorada y nunca contestada.

En la primera omisión, planteada en la oficina del fiscal Heliodoro Araiza, se recibió como respuesta un oficio en el que se hacía del conocimiento de Asuntos Internos el hecho, exhortándolos a iniciar las investigaciones correspondientes. El efecto fue semejante al de los oficios enviados: absolutamente nada.

En la segunda omisión, ya no fue posible localizar al fiscal, debido a cuestiones docentes del maestro Araiza, quien además se encontraba atendiendo asuntos de su despacho particular.

Esta omisión ha tenido repercusiones importantes tanto en el proceso como en la forma en que entendemos, los integrantes del foro jurídico, la nueva manera en que la fiscalía se coordina con el Tribunal Superior de Justicia.

Si mentirle a un juez o a un tribunal es una acción sumamente grave —pues la credibilidad y el prestigio del abogado radican en su honestidad e integridad—, ¿qué pasa entonces cuando una coordinadora del Ministerio Público, como Adriana Eloísa Madrid Cedillos, no solo no atiende un oficio de requerimiento de un superior como lo es un juez penal, sino que lo ignora por completo? Y no una, sino dos veces, y con evidencia por escrito.

Recientemente, el propio fiscal Heliodoro Araiza destacó el trabajo de Adriana Eloísa Madrid Cedillos al frente de la unidad, al rescatar más de 13 millones de pesos como reparación del daño entre enero y octubre de 2025. Pero no dijo nada sobre los miles de pesos que se extraviaron en esa misma unidad, que imputados entregaron en efectivo y que fueron sustraídos sin que se haya abierto ninguna carpeta de investigación, sin devolución alguna y sin sanción a los responsables, quedando todo en gran impunidad.

En la reconstrucción del Nuevo Poder Judicial, donde las autoridades han exhortado a la comunidad jurídica para manifestar opiniones, sugerencias, quejas e incluso denuncias, es importante que se les diga a los juzgadores que sus órdenes son para cumplirse; pueden atacarse, pero una vez firmes deben acatarse.

En vísperas de una renovación política de cargos de elección popular, para nadie medianamente informado es desconocido que el fiscal general, César Jáuregui Moreno, aspira a convertirse en alcalde de la capital, y que muy probablemente el fiscal de la zona centro, Heliodoro Araiza Reyes, pueda sucederlo en el cargo. Esto vendría a darle un gran lustre a la institución, ya que el catedrático de la FADER, con el máximo grado académico, es reconocido por propios y extraños como uno de los muchos maestros verdaderamente extraordinarios, con gran capacidad y elocuencia para transmitir conocimientos, no solo en esta entidad, sino a nivel nacional y allende nuestras fronteras.

De llegar a concretarse, ojalá sepa rodearse —como hasta ahora en las oficinas de la Fiscalía Zona Centro— de funcionarios capaces y con gran sensibilidad humanista para cubrir sus permanentes ausencias. Aunque también existe la esperanza de que, al tener su despacho privado a solo dos cuadras de la Fiscalía General, pueda desplazarse cuando sea requerido con urgencia.

El juicio oral de esta causa iniciará el próximo martes, y aunque el resultado no es previsible, lo único seguro es la indolencia del fiscal y de su coordinadora.

*Abogado litigante, miembro de la FECHCA, de la AECHIH y del Colegio de Juristas Jorge Mazpulez Pérez.