Aguas abajo del Conchos, un canal que atraviesa hasta Ojinaga y desemboca en el río Bravo, aumentó en los últimos días su nivel, lo que encendió las alarmas de los agricultores del Distrito de Riego 090 y alentó el montón de especulaciones sobre el opaco pago de agua de México a Estados Unidos.

“Así se lleva el agua la 4T, señores... De la presa El Granero. Mire nomás: 25-30 metros cúbicos por segundo...”, dice en un video (puede verse en la edición digital de GPS) uno de los productores, mientras enfoca su celular al pobre caudal que atraviesa un llano de matorrales propios de la región.

El agua en el norte de México, cuestión de soberanía y supervivencia, es moneda de cambio en el tablero internacional, con Donald Trump manipulando el tema y obligando aunque sea a dar abonos, que para productores norteamericanos son miserias, pero para los agricultores norteños es como sangre de sus venas.

Tuvo mejor tino Claudia Sheinbaum que su antecesor -que provocó la guerra del agua en La Boquilla, con saldo de enfrentamiento y muertos del lado de los agricultores-, con la reciente jugada de la administración federal para saldar en muy poco el adeudo hídrico con Estados Unidos.

Lo anterior, conforme a una interpretación cuestionada al Tratado de Aguas de 1944 -porque hay quinquenio de colchón-, el pago de 250 millones de metros cúbicos deja ver una fractura entre la diplomacia de alto nivel y la desesperación a nivel de surcos en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Realmente la decisión del Gobierno Federal es respuesta directa a las embestidas de Trump, que fiel a su estilo de negociación amenazó con imponer un arancel del 5 por ciento a los productos mexicanos si no se cumplía de inmediato con el envío del líquido, con traslado de costo a los bárbaros del norte. Decidió Sheinbaum correr con el costo político.

La amenaza trumpista es arma cargada en el marco de la renegociación del T-MEC en 2026, que en estos momentos ya inició con Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, vestidos de bomberos con habilidad porque son gotas de agua las entregadas.

La presidenta Sheinbaum presumió afectación mínima a los agricultores, pero las cifras del Monitor de Sequía y los niveles reales de los embalses hablan de otros datos, que contradicen el optimismo de Palacio Nacional.

Cierra el círculo de la encrucijada, la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que criminaliza a los agricultores y cierra cualquier posibilidad de transmisión de derechos sobre el agua autorizada, centralizando trámites y entronizando a la Conagua, aun con sus antecedentes de manejos turbios y corruptos, con huachicol del agua existente pero impune, hasta en altos círculos morenos.

Como cereza del pastel, la opacidad en el manejo de la información, ante una realidad donde agricultores del Distrito 090 calculan la crecida en el afluente al Bravo.

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La narrativa oficial federal choca con datos técnicos del Monitor de Sequía de México (MSM) con escenario alarmante para la región norte, donde Coahuila de Zaragoza presenta un 75.1 por ciento de su área con algún grado de sequía, y el 76.3 por ciento de sus municipios afectados. Ahí está la presa La Amistad, desde donde se supone también están sacando agua para pagar el tratado.

En Chihuahua, aunque el mapa muestra un porcentaje menor de área afectada en comparación con Coahuila, el almacenamiento en presas vitales como La Boquilla se encuentra en apenas un 38.6 por ciento de su capacidad, insuficiente para extracciones adicionales hacia el Río Bravo sin comprometer la actividad productiva local y sembrar poco más del 30 por ciento de las tierras cultivables autorizadas para un mediocre ciclo agrícola próximo, tras una terrible cosecha de apenas 12 a 15 mil hectáreas este año.

En Nuevo León comenzó el desfogue de la presa El Cuchillo, la principal fuente de agua potable para Monterrey, para extraer hasta 150 millones de metros cúbicos, lo que equivale a casi cinco meses de abasto para dicha ciudad.

Suena a puro bla-bla-bla la comunicación oficial de Relaciones Exteriores, alineada al discurso oficial presidencial, de que se dará "prioridad al consumo humano".

Ni siquiera eso será posible si la seca continúa en los próximos meses, como históricamente ha ocurrido ya que las lluvias importantes llegan después de mayo en Nuevo León y aquí tenemos un frío sequísimo que tiene sufriendo a la manzana entre otros cultivos; sembrar algo es menos que ilusión en ese contexto.

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La semana pasada circuló información de que ya se estaba pagando una porción del adeudo de agua a los Estados Unidos con extracción de La Amistad en Coahuila, pero después se dijo que sería de El Cuchillo, en Nuevo León; trascendió de boca en boca por agricultores aquí, que ya había iniciado la sacadera de El Granero.

A las autoridades de Chihuahua ni un informe, ni un desmentido oficial de la Conagua. Escondieron, como lo han hecho desde abril, la información de la condición de las presas y dejaron de enviar el boletín diario.

Halo de opacidad que rodea la maniobra hídrica-diplomática y exacerba ánimos.

La cerrazón es más que una falta administrativa, representa pasar por encima de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada el 20 de marzo de 2025 por la misma 4T, tras la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

El artículo 11 de dicha ley establece que "toda la información pública documentada... es pública y debe ser accesible a cualquier persona", lo cual acontece con los niveles de las presas, trasgrediendo el espíritu de máxima apertura mandatado en el artículo 7, el cual exige que prevalezca el principio de máxima publicidad para favorecer la protección más amplia de los derechos de las personas.

Igual ocurre con el artículo 56 de la nueva legislación, el 58, e incluso tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la I.4o.A.40 A, que establecen que el acceso a la información funciona como un mecanismo de control indispensable para el gobierno.

Hay atropello a una ley que es puro 4T.

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Los agricultores han sido contundentes en el sentido de que "No disponen de una sola gota de agua", incluso en Tamaulipas, los productores del Distrito de Riego 026 han condicionado el paso del líquido, exigiendo indemnizaciones en efectivo por el uso del río San Juan, porque se trata de una fuente que no está explícitamente incluida en el Tratado de 1944.

La prospectiva no es halagüeña, porque el Distrito de Riego 005 aquí en Delicias ya opera con un ciclo restringido al 35 por ciento de su capacidad cultivable, por lo que hay incertidumbre a flor de piel si se extraen volúmenes adicionales de presas como El Granero, porque estarían siendo condenadas miles de familias a la quiebra económica.

El colmo, en la zona de Ojinaga las cuencas de ríos son esponjas y las altas temperaturas volatizan el líquido nomás al pasar. De autorizarse la extracción no llegarían más que unas gotas.

El uso de El Cuchillo en Nuevo León pone cuenta regresiva al suministro de Monterrey, con un verano de 2026 que tendría que ser lo suficientemente rico en lluvias, de lo contrario podría sobrevenir una crisis a la metrópoli regia como la que ya han vivido otros años.

En ese entorno, con un Poder Judicial controlado por la 4T, incluida la Corte, es muy poco probable que existan amparos ni controversias constitucionales, por lo que el despojo federal del agua quedará firme.

El único elemento que podría modificar la decisión de pagar agua sin esperar al próximo quinquenio -posibilidad otorgada de manera expresa en el Tratado- sería la presión social, pero los agricultores quedaron desgastados de manera reciente y -en apariencia, sólo en apariencia- moralmente derrotados, divididos y ninguneados.

Sin empacho, la federación ha optado por un pragmatismo al estilo Trump, hacer como que cumple, pagando una pequeña parte del adeudo, sin transparencia, sin datos actualizados, pero sangrando agua jugando a la ruleta rusa.

La estrategia ante la encrucijada del agua podría ganar una tregua arancelaria, pero está en riesgo la estabilidad social y la seguridad hídrica del norte del país, con Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en el amarillo rojizo de sequía e incendio político, que sólo requiere un cerillo.