Ciudad de México.- A pesar de la incredulidad que mostró la presidente Claudia Sheinbaum Pardo a inicios de semana, respecto a que el gobierno de Estados Unidos cumpliría su amenaza de aplicar aranceles del 25 por ciento a los productos mexicanos que exportamos hacia aquel país; el mandatario norteamericano, Donald Trump, no tuvo contemplaciones y anunció que a partir de este 1 de febrero se empezará con esa nueva tasa arancelaria.

El optimismo mostrado por Claudia Sheinbaum pretendió justificarlo con una actitud prudente y no contestaria a las amenazas de Donald Trump, pero desde la Casa Blanca se mantuvieron en su postura y finalmente el jueves 30 de enero se hizo el anuncio de manera oficial.

La aplicación de aranceles no se relaciona a una cuestión comercial, en realidad es una sanción de Estados Unidos a México debido a que ellos consideran que en el Gobierno federal existe una pasividad extrema para enfrentar dos problemas que a los norteamericanos les resultan prioritarios: tráfico de fentanilo y flujo migratorio.

A la par de lo anterior, el mismo Donald Trump adelantó que están examinando la posibilidad de que también le impongan un arancel al petróleo, algo que sería catastrófico para México debido a la enorme dependencia que se tiene de los recursos que genera la exportación de hidrocarburos y que sumiría a Pemex en una crisis financiera de extrema gravedad, casi de fase terminal; la paraestatal Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y los grandes proyectos iniciados el sexenio pasado, como la construcción de la refinería de “Dos Bocas”, ni siquiera se acercan a ser una solución a los problemas estructurales que viene enfrentando esa empresa.

Como si lo anterior no fueran suficientes problemas, el mismo Trump sigue presionando al gobierno mexicano y advirtió que la tasa de aranceles del 25 por ciento es solamente el principio, pues esa tasa puede aumentar con el tiempo de manera exponencial, algo que definitivamente sería catastrófico.

Si bien la medida es dura para la economía mexicana, a Estados Unidos tampoco le irá bien; un arancel de esa naturaleza repercute de forma negativa en su propia economía pues encarece productos muy específicos.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México precisó que esos aranceles se van a trasladar a los consumidores y enlistó cuatro productos en específico:

El primero son los automóviles, esto afectará a 12 millones de familias en Estados Unidos y representa un impacto económico de 10 mil 427 millones de dólares. Ante este escenario las dos armadoras más importantes General Motors y Ford Motor Company, han anunciado que analizan la posibilidad de trasladar una buena parte de sus operaciones de México a Estados Unidos y con ello paliar los efectos en el precio de sus autos.

Otro sector sería el de las computadoras, un aumento en sus precios afecta a 40 millones de familia con un impacto inmediato que ronda lo 7.1 mil millones de dólares. El tercer sector es el de las pantallas, México es el segundo exportador mundial de pantallas y el principal socio de USA en ese sector, la estimación cita que 32 millones de familias pagarían 2 mil 397 millones de dólares más por estos productos.

El cuarto sector es el de los refrigeradores; uno de cada tres aparatos vendidos en Estados Unidos es fabricado en México, la aplicación del arancel afecta de manera directa a 5 millones de familias generando un aumento de 817 millones de dólares en el precio al consumidor final.

Luego de la confirmación de la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a México y Canadá, la presidente aseguró que su gobierno está preparado y que tiene “un plan A, un plan B, un plan C, porque siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo”.

La prioridad del gobierno de México, en los últimos meses, debió ser la de construir una estrategia para blindar la frontera sur con Centroamérica y resguardar la frontera del norte para evitar el paso ilegal a Estados Unidos.

En ese mismo tenor se debió implementar una estrategia para combatir a los cárteles de la droga y con ello capturar a sus cabecillas para llevarlos a la justicia en Estados Unidos, desmantelar los laboratorios de producción, reducir el trasiego de drogas y pacificar México.

Siendo honestos esas medidas no solamente serían del agrado de Estados Unidos, también tendrían efectos muy positivos en territorio mexicano y afianzarían la narrativa de un Gobierno federal con su pueblo de que realmente produce bienestar.