-Ganó Trump con pausa a aranceles

-Va por reparación “integral” del daño

-Ahorro para el retiro en Ichitaip

Apenas el viernes pasado -nos recuerdan los elementos desplegados en la zona de influencia de las regiones militares Tercera (Sinaloa y Durango) y Onceava (Coahuila y Chihuahua)- dábamos cuenta en GPS de la alerta por la intensificación de la violencia que había en algunas zonas de dichos estados.

El tema era seguimiento obligado de ataques a militares en Guadalupe y Calvo, donde murió el domingo antepasado el soldado Alexander Velázquez; y en Villa Matamoros, donde cayó el coronel Juan Manuel Corral, inspector jefe del 32 Batallón de la Guardia Nacional en Chihuahua, asentado en Jiménez.

Pues bien, como dimos cuenta de forma oportuna, el sábado siguiente fue herido el general comandante de la 42 Zona Militar, Jorge Alejandro Gutiérrez Martínez, en un ataque cerca de Dolores, la misma zona de las últimas agresiones al Ejército e incluso a civiles.

Así, le sumaron los grupos criminales drones cargados con explosivos a la bienvenida que le han dado al mando militar en su jurisdicción, lo que anticipó una respuesta enérgica del Ejército.

De hecho, desde el domingo fue ampliado el despliegue de militares y elementos de la Guardia Nacional de sus bases en los límites de Sinaloa y Chihuahua, con apoyo de fuerzas operativas estatales.

Veremos si dan noticias en las próximas horas, si no de detenciones, al menos de disuasión temporal de la actividad delictiva y los enfrentamientos en la región.

Al fin podrían respirar algo de mejor aire los asfixiados pobladores serranos, ahogados durante décadas por el Cártel de Sinaloa. Quizá puedan regresar a sus lugares de origen los cientos de desplazados, recuperar las propiedades que les fueron arrebatadas por el crimen y los comerciantes y gobiernos municipales dejar de pagar pesadas extorsiones.

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Es más que la mera extensión de la agonía lo que representa el acuerdo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, con la presidenta Claudia Sheinbaum, para posponer un mes la entrada en vigor del 25 por ciento en los aranceles a las importaciones planteado por el norteamericano.

El golpe al peso mexicano y la sacudida a los mercados sin duda tuvo ganadores en el círculo de megamillonarios financieristas que rodean al jefe del Ejecutivo estadounidense; sin duda ganaron en el río revuelto provocado por las amenazas de Trump, que ahora con la pausa en la medida fiscal parecen más bien herramientas de manipulación del mercado que verdaderas intenciones de aplicar mayores impuestos.

Especialmente en el mercado cambiario, el peso mexicano perdió valor durante los días previos al fin de semana y tras el anuncio de los aranceles.

El tipo de cambio rebasó la barrera de los 21 pesos por dólar, para luego rebotar; pasó de ser la divisa más depreciada del orbe a ser la más revalorizada en unos cuantos días.

Las bolsas pasaron a desempeños bajistas, especiales para comprar valores baratos que habrán de repuntar en el corto plazo. Más manipulación golpeadora a las economías regionales reales -no financieristas exclusivamente- con severo riesgo de recesión dentro del fenómeno de la desglobalización impulsado por Trump.

El mismo presidente de Estados Unidos debe haber ganado en sus finanzas personales o empresariales, mientras puso de cabeza el tratado comercial de América del Norte (T-Mec) que conforman su país, México y Canadá.

Por otra parte, en el ámbito meramente económico, también puede verse como un triunfo importante del norteamericano, más allá de la resta en su credibilidad por amenazar y no cumplir con darse el balazo en el pie que representaba encarecer y sumarle presiones inflacionarias a su consumo interior.

El manejo político del comercio le redituó en una acción de México para movilizar 10 mil tropas a la frontera, obligadas a dar resultados en materia de migración y tráfico de drogas, a cambio de revisar, sin decir cómo, la forma en que sus armerías proveen a los cárteles mexicanos.

La negociación no dejó del todo mal parado al gobierno de Sheinbaum, dado que políticamente respondió con la prestancia y altura que se espera de la jefa del estado mexicano, pero sí impuso su ritmo en la agenda pública y en el debate nacional.

Así, sin duda ganó Trump la batalla inicial de una guerra comercial que sigue estando latente, aunque esa victoria no es precisamente algo malo para México, por fortuna.

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Interpuso una nueva denuncia Brenda Francisca Ríos Prieto contra el alcalde Marco Bonilla, por violencia política de género.

Utilizó prácticamente la técnica del copy paste de la primera demanda, la de principios de diciembre, para venir de nuevo al ataque.

No podía hacer otra cosa el IEE que acumular el nuevo asunto presentado a la primera denuncia, que es llevada en el expediente 321 del 2024, con el fin de un principio jurídico que es el de economía procesal.

Llama la atención que, en la nueva intentona, está buscando la diputada el tema de reparación integral del daño.

Obviamente el órgano electoral, a través del director jurídico -ya que el secretario ejecutivo se excusó de llevar el asunto- le contestó que ese tema será tratado al resolverse de fondo el asunto, y no es el momento procesal correcto.

Pero se observa con muchísima nitidez el fondo del asunto. Quiere sacarle raja económica, ni modo que vaya únicamente por alguna eventual disculpa, inscripción en registro nacional de violentadores, etc.

Tiene un aroma del clásico trasfondo oportunista. Brenda no es popular entre la raza de esta capital, así que busca posicionarse a costillas del peso que sí tiene el alcalde, Marco Bonilla.

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Aún es hora que no se sabe bien a bien que va a ocurrir con el Instituto Chihuahuense de Transparencia, por la reforma constitucional que ordena a los estados desaparecerlo como organismo autónomo e integrarlo a la administración estatal, en la Secretaría de la Función Pública.

Ya transcurrió poco más de un mes de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto pomposamente llamado de simplificación administrativa, que no sólo afecta la transparencia, sino también a otros organismos.

Es el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), que pasarán a la historia como hasta ahora los conocemos, para ser absorbidos por el gobierno federal, excepto Coneval que pasa al Inegi.

Mientras son peras o manzanas, en el caso del Ichitaip continúa la incertidumbre de los empleados, con un pequeño detalle que al menos servirá de paliativo para amortiguar el golpe del cese que podría venir.

Tiene que ver con una cláusula que existe desde hace años dentro del Manual de Remuneraciones, vigente hasta la fecha -apenas publicada para el 2025 el pasado primero de febrero-, que autoriza realizar un fondo de retiro con un 12 por ciento de retención del sueldo de los empleados, a lo cual agrega el Ichitaip una aportación del 17 por ciento adicional, con el fin de generar una bolsa equivalente casi a cuatro meses de sueldo por cada año trabajado. Nada despreciable.

Lo que no sabemos es si esos recursos benefician únicamente a los empleados que están dados de alta en Pensiones Civiles del Estado, que es quien administra esos dineros, o si incluye quienes no están contemplados con ese servicio de asistencia social y médico.

Quienes ya están en Pensiones Civiles, seguirían en el mismo régimen, pero los que no, seguirían con la zozobra de no saber qué ocurrirá a partir de mayo, cuando vencen los seis meses dados por la reforma federal para la extinción del Ichitaip.