Ciudad de México.- La decisión asumida por el gobierno de Estados Unidos de denominar terroristas a cuatro grupos criminales de México, El Salvador y Venezuela, tiene implicaciones que van más allá de una simple cacería militar de sus líderes, también debe impactar en el sistema financiero y en las relaciones empresariales de esas organizaciones criminales y hasta en los vínculos gubernamentales que puedan tener.

Para el caso de México, la Fiscalía de General de Estados Unidos ubicó en esa lista a los cárteles de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación, ambos considerados los mayores fabricantes y exportadores de fentanilo al vecino país del norte. Ambas agrupaciones tienen un poderío financiero que les permite corromper a todo tipo de autoridades, influir en procesos electorales y controlar zonas enteras de territorio.

Pero su capacidad de fuego no tiene par con el de Estados Unidos, de hecho el enorme poder que acumulan estas agrupaciones en México obedece más a la existencia de un gobierno corrupto que es proclive a aceptarles las prebendas a cambio de permisividad para sus acciones, protección para sus actividades y hacerse de la vista gorda ante su presencia.

En los llamados gobiernos neoliberales, estos grupos también mantuvieron vínculos con el gobierno, pero se sentaban a negociar y lo hacían desde una posición de debilidad; pero cuando estos grupos paulatinamente fueron fortaleciendo: primero convirtieron a las corporaciones municipales en sus subalternos; luego, financiado campañas políticas doblegaron a los gobernantes que impulsaron y ya con esos controles dejaron de negociar para asumir el rol de “patrones” y mandar lo que les convenía.

Que ahora el gobierno de Estados Unidos considere a estos grupos como terroristas, no solamente significa que los van a cazar e intentarán eliminarlos en el más amplio sentido del término, también se deben considerar otros aspectos.

Si estas agrupaciones están clasificadas como terroristas, entonces el sistema financiero está limitado a tratar con ellos y todos aquellos que de alguna manera apoyen en el lavado de dinero, que los financie o que se preste como fachada empresarial para facilitarles el acceso a los sistemas bancarios, estará proscrito y también deberá ser sancionado.

Si el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación son ahora agrupaciones terroristas, entonces también debemos preguntarnos qué papel va a jugar el propio gobierno de Estados Unidos con las armerías de Arizona y Texas, que son las principales proveedoras de armas de estos grupos ¿las va a sancionar? ¿Las va a perseguir y encarcelar? ¿Se hará de la vista gorda y las obviará como terceros en discordia?

No se puede soslayar que el éxito de estos grupos tiene profundas raíces en sus relaciones comerciales con Estados Unidos; las empresas que colaboren y que tienen su centro de operaciones en territorio norteamericano se les catalogará como socios, cómplices, amigos para a partir de eso tomar represalias por esas relaciones.

Viene luego la postura gubernamental.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum viene hablando de cooperación con Estados Unidos, pero la decisión de catalogarlos como terroristas a estos grupos criminales fue unilateral y las acciones también parece seguirán esa misma ruta.

Es obvio que una decisión de esa naturaleza termina por exhibir al gobierno federal de México, al que el propio Donald Trump calificó como “narco gobierno”, luego entonces estará por verse si Estados Unidos confía su información de inteligencia, lo cual implica explicar si la obtuvo acorde a las leyes mexicanas, con el riesgo de que sea filtrada y esto permita la fuga de los objetivos humanos a desactivar o si por el contrario, hacen a un lado a todo lo que huela a gobierno mexicano para actuar por cuenta y riesgo de ellos mismos.

La realidad es que Estados Unidos no requiere colaboración del gobierno de México para cumplir con sus objetivos, ellos pueden solos con el paquete y tienen la tecnología, los recursos materiales, el dinero y el personal para sobrellevar una cacería en México.

Compartir información de inteligencia y exponer sus planes de acción con los enviados de Claudia Sheinbaum, sería una manifestación de confianza plena; negarle acceso a eso y no darle participación, es posicionar la etiqueta de que tenemos un “narco gobierno”.

Lo que se avecina es una cacería, de pronto los líderes de esos cárteles se convirtieron en los nuevos Osama Bin Laden o Sadam Hussein; al igual que ellos, los capos mexicanos van a esconderse y como Pancho Villa verán a las fuerzas punitivas que los buscan desde alguna cueva en algún remoto paraje de la sierra de Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa o en algún pueblo de Jalisco.

Se van a ocultar el tiempo necesario y tratarán de dar la impresión de que sus actividades cesaron; está por verse si reciben ayuda, de quién y con qué finalidad.

Pero que no se les olvide: Estados Unidos sacó de debajo de la tierra a Sadam Hussein; mató en su casa de seguridad a Osama Bin Laden y todo eso lo hicieron basados en la experiencia que les dejó cazar fallidamente a Pancho Villa.