Uno de varios misteriosos elementos involucrados en la ejecución del inspector jefe de la Policía Estatal, Víctor Hugo Sosa Martínez, ocurrida el lunes pasado, es el aseguramiento de una pickup propiedad del comandante de la Policía Municipal de Villa Ahumada, Carlos Alberto Duarte González.

El vehículo fue encontrado en una casa de la colonia Revolución donde estaban los cuatro acusados, tres hombres y una mujer, de participar indirectamente en el crimen del mando de la División de Policía Bancaria, Comercial e Industrial, parte de la fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

La Ram 1500 modelo 2011, con placas de circulación de Chihuahua DX0603B, resultó estar a nombre del jefe policiaco municipal en uno de muchos asientos importantes del grupo delincuencial al que la Fiscalía General del Estado (FGE) atribuyó la ejecución. Ni reporte de robo ni cambios de propietario tenía. ¿Mera casualidad?

Nadie ha salido a aclarar, ni siquiera el comandante propietario, el misterio de la troca que hoy aparece relacionada en el asesinato de otro comandante, sumándole señales de riesgo a un hecho vinculado a otros tantos delitos y factores de inestabilidad que le pegan a una estrategia de seguridad lejana a los resultados favorables.

El crimen de alto impacto ya se veía venir y parece ominoso preludio de una posible confrontación mayor; la FGE ha acreditado el asesinato a La Empresa, grupo que presumiblemente combate la distribución del cristal, droga convertida en otro misterio que envuelve la ejecución y al círculo del policía abatido.

Además, el grito que muchos escucharon de “Ya estarán contentos, cabrones”, dirigido al grupo Swat de la Policía Estatal por uno de los policías familiares de Sosa Martínez en la escena de su ejecución, abona también al problema de fondo en las filas.

La corporación está dividida y confrontada en cierta medida con las demás, debido a que, no es un secreto, cada una de las existentes, estatales y federales, tiene compromisos en diversos niveles con alguno de los grupos criminales.

***

Tenemos en la edición digital de GPS una galería entera que da cuenta de los lujos y gustos exóticos del jefe de la Policía local de Villa Ahumada, quien se ha vuelto imposible de localizar para que aporte su versión de la historia.

La Fiscalía dice por su cuenta que hace el trabajo de campo para dilucidar el vínculo entre su troca y la ejecución de Sosa, pero ha de ser con pasos de burócrata imposibles de justificar en medio de la emergencia.

Comandante en tres administraciones municipales entre 2016 y la actualidad, desconocemos a qué intereses responde, pero deben ser tan poderosos que ha trabajado con alcaldes de Movimiento Ciudadano, PRD, Partido Verde y Partido del Trabajo. Ha ocupado el cargo incluso después de haber sido detenido por la desaparecida Comisión Estatal de Seguridad (CES), de negros recuerdos durante el corralato, al mando de Óscar Alberto Aparicio.

Ha sido acusado de ejercicio ilegal del servicio público, de posesión de vehículo con reporte de robo, disparar al aire en estado de ebriedad y hasta de intervenir, al menos por tener conocimiento, en un ataque contra policías ministeriales en Ahumada, atentado que dejó un muerto de la corporación investigadora.

Aunque ha librado la prisión en las causas iniciadas, pese a supuestas evidencias de que su labor en el ataque a los ministeriales fue “ponerlos”, ni por ello ni por faltas administrativas ha sido procesado, lo que da una idea de su poder e influencia en el círculo político local y tal vez hasta regional.

El atentado a los policías estatales ocurrió en mayo de 2017. Menos de una hora después del reporte de un ministerial caído y otros heridos, Carlos Duarte fue detenido por elementos de la CES junto con otro agente de la Policía Municipal.

Ambos tripulaban una troca con reporte de robo, traían dos armas cortas y una larga, sin la documentación en orden de sus respectivos portes; las investigaciones y reportes de inteligencia, incluso con testimonios de otros policías, prácticamente los pusieron como halcones de los delincuentes que atacaron a los ministeriales.

Duarte y su subalterno quedaron en prisión preventiva, pero un deficiente trabajo de la Fiscalía de entonces, entregada al crimen organizado por el desinterés y corrupción de la gente del fiscal en turno, César Augusto Peniche, llevó a desestimar las investigaciones. El resultado fue la libertad de Duarte, para integrarse nuevamente a su cargo de jefe policiaco.

***

Dos años después del ataque a la Policía Ministerial en el que habría participado Duarte, inexplicablemente ya era otra vez comandante municipal; para colmo, en abril de 2019 fue detenido por agentes de su propia corporación, junto con otros dos amigos en estado de ebriedad.

Con la bandona en vivo y exceso de bebidas alcohólicas, a los tres les dio por disparar al aire y generar pánico entre la población, por lo que debieron ser sometidos. El escándalo rebasó los límites del desértico municipio por los antecedentes que ya cargaba.

Consignado el jefe municipal ante la autoridad estatal, en aquel entonces el mismo Peniche Espejel anunció que se le retiraría el porte de armas y sería revisada la totalidad de la corporación para ponerla en orden; pero el fiscal decía más de lo que hacía, igual que su jefe el gobernador Javier Corral, quien, de principio a fin de su quinquenio, por sospechoso interés, renunció a atender el problema de la inseguridad y la violencia.

Así, la decisión claramente quedaría en manos del presidente municipal perredista de entonces, Juan Manuel Valle Camacho, pero dicen que no aguantó más que unos cuantos meses sin el comandante; tal vez era imprescindible para la buena marcha de los asuntos públicos, como debe serlo ahora en la gestión del neopetista promorenista, Iván Rodelo.

De ese pelo la influencia y el poder del mando policiaco. Su historial como jefe de la corporación apunta a ser del tamaño de los negocios que promueve, ya que, ante algunas personas, nos aseguran, se presenta como empresario. Vende terrenos para granja, tiene algunos locales comerciales en el pueblo famoso por sus burritos y hasta ofrece fletes y transportes.

En sus redes presume desde hace años fiestas, viajes, una Hummer y otros vehículos, sus armas y animales en cautiverio o destazados por él mismo quién sabe en qué rancho, entre otras excentricidades comunes en la delgada frontera existente entre la policía y la delincuencia.

A veces también le mete algo, un poquito de trabajo al Facebook como director de Seguridad Pública Municipal de Ahumada, así como para que no digan que se vuelve puros escándalos, bastante bien documentados por las áreas de seguridad estatales.

Bueno, ¿qué hacía una troca a su nombre en la casa donde fueron detenidos presuntos implicados en la ejecución del comandante Sosa?

Un misterio, que no debería ser tanto si la autoridad estuviera determinada a investigar el crimen y buscar a sus autores.

***

Decíamos al comienzo de esta entrega que hay otros misterios, como el cristal encontrado entre las pertenencias del inspector Sosa Martínez. Inexplicable hasta el momento la portación de una droga que, según ha trascendido en filas policiales y áreas de inteligencia estatal, combaten hasta La Empresa y La Línea, mientras las células del Cártel de Sinaloa pretenden mantener en el mercado.

El titular de la SSPE, Gilberto Loya, voló de home run la pregunta directa sobre el cristal encontrado; se salió por la tangente con la ilógica línea de investigación que, sin éxito, pretendió relacionar el asesinato con una detención menor contra el grupo de Sinaloa, en la que habría participado el inspector días antes en Guachochi.

Nada que ver una cosa con la otra. La firma del crimen y las investigaciones de la FGE ya habían apuntado a una célula rival de quienes habrían resultado afectados en el municipio serrano. Lo sabían todos, lo saben todos los que deben saberlo, así que eso no fue otra cosa que un mero distractor.

A eso debe sumarse el reclamo al Swat y a otros integrantes de las filas estatales por parte de varios integrantes de la familia del policía abatido, distribuidos por varias divisiones y áreas de la Secretaría de Seguridad, algunos con décadas de trayectoria en la corporación o con antecedentes en la Policía Municipal de la capital.

También debe agregarse el elemento de la narcomanta que, el 17 de diciembre del año pasado, fue puesta prácticamente como sentencia de muerte contra Sosa Martínez, acusándolo de varios ilícitos, mensaje que fue minimizado hasta que ocurrió la ejecución.

La sospecha de que esa manta fue hechura interna de la Policía Estatal -como otras tantas atribuidas a los propios elementos en medio de esta imparable guerra sin cuartel de los cárteles y las corporaciones de seguridad dividas en dos o más facciones- añade factores de inestabilidad al bando que, en teoría, debe combatir la delincuencia en toda la entidad.

Así, el crimen nos pone en la antesala de más ataques si no es debidamente investigado y si no son tomadas decisiones puntuales para evitarlos, lo que necesariamente debe pasar por frenar la descomposición en dos o más bandos de las fuerzas de seguridad en todos sus niveles.