La operación territorial de Morena y el PAN es la que será puesta a prueba en la elección de juzgadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado; esa es la realidad, más allá de los discursos y la promesa, de imposible cumplimiento, de que la reforma judicial habrá de fortalecer la impartición de justicia.

Es una batalla electoral meramente, si por las vísperas de la reforma federal se sacan los días de la estatal, la cual ha avanzado desde la instalación del Consejo General del Instituto Electoral, al mando de Yanko Durán; y la emisión de la convocatoria del Congreso del Estado, en un preacuerdo entre los coordinadores de las bancadas mayoritarias, Cuauhtémoc Estrada y Alfredo Chávez.

Hemos visto desde mediados de septiembre del año pasado cómo los operadores de la 4T en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, han pulido sobre la marcha la reforma heredada por Andrés Manuel López Obrador.

Con el interés marcado en renovar la Suprema Corte de Justicia y sustituir el opaco y oneroso Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial, los líderes legislativos morenistas han delegado a sus operadores de los estados la elección en tierra en los 32 circuitos judiciales.

Así, sin recato han metido mano en la conformación y depuración de las listas los principales liderazgos morenistas en Chihuahua. Claro, a quién le cae mal tener jueces amigos y aliados.

En ese nivel, el federal, han motivado a sus afines desde la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, hasta los diputados locales, pasando por otros liderazgos y referentes de la izquierda en la entidad, que van por todas las canicas de la justicia federal en el estado.

Las más de 30 posiciones en juego en Decimoséptimo Circuito que corresponde a Chihuahua, de magistrados y jueces federales, puede que ya tengan incluso destinatario definido antes de la elección de junio, a la que llegarán boletas depuradas sin una pizca de prianismo ni de derechas.

Vote quien vote, en cantidad y filiación partidista, los ganadores quedarán definidos en parte por Palacio Nacional, luego por el Legislativo Federal y finalmente por el Poder Judicial, prácticamente todo entregado al morenismo.

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En ese proceso electivo federal, los morenistas enlistados identifican como sus padrinos a las cabezas de los grupos primarios que ya pueden distinguirse en la 4T: el de la presidenta Claudia Sheinbaum, el obradorismo que le hace contrapeso y el de los pragmáticos que no tienen pudor en trabar acuerdos políticos en aras de fortalecer proyectos regionales y nacionales.

Así, por ejemplo, figuran como impulsores de perfiles para juzgadores federales el grupo de Luisa María Alcalde, que tiene como operador en Chihuahua a su primo Fernando Tiscareño; y el de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien mantiene interés especial en el estado que operó para la primera elección presidencial ganada por Morena. Trabaja con ella la delegada estatal en la materia, Mayra Chávez.

Desde luego, Adán Augusto y Monreal tienen también sus bases en la entidad y han palomeado y tachado perfiles de acuerdo a las confianzas que tienen en sus aliados locales.

Bajo esas figuras de peso nacional, operan además el alcalde Cruz Pérez Cuéllar; los senadores Andrea Chávez y Juan Carlos Loera; la dirigente estatal morenista, Brighitte Granados y con menor fuerza los integrantes de la medianamente descompuesta bancada guinda en el Congreso.

Mientras el Instituto Nacional Electoral se hace bolas con el presupuesto y sobre la marcha avanzan tómbolas, leyes secundarias, lineamientos adicionales y acuerdos en la cúpula legislativa, las listas fueron conformadas por aliados y apadrinados que van por el Poder Judicial Federal en Chihuahua.

Un primer tanteo local de los morenistas apunta que son de color guinda cuando menos el 85 por ciento de los aspirantes que van a quedar sí o sí, con cualquier cantidad de votos que saquen; el otro 15 queda entre los sin partido y los que logren colarse del proconservadurismo judicial, que van a jugarse su suerte el primero de junio.

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El contexto del proceso federal sirve para visualizar lo que viene tras la convocatoria recién emitida por el Congreso del Estado, con la que va a integrar su lista de aspirantes; es la primera de las que también deben apurar el Poder Judicial, con la magistrada Myriam Hernández a la cabeza, y el Ejecutivo, bajo el mando de la gobernadora Maru Campos.

A nivel federal, ni el PRI ni el PAN han mostrado capacidad para adaptarse a una reforma que los terminó de aplastar política y moralmente, desde la brutal derrota electoral del año pasado.

Sin embargo, a nivel local ni el PAN matrimoniado con el PRI ni Morena podrán permanecer ajenos al proceso estatal, por más simulación y lineamientos que se emitan en ese sentido. Es un proceso político-electoral en el que es imposible mantener al margen a los partidos políticos.

El escarceo que vimos hacia el fin de la semana en el Legislativo antes de emitir la convocatoria -donde un diputado morenista, Óscar Avitia, exhibió a su coordinador Cuauhtémoc Estrada en la Junta de Coordinación Política por trabar acuerdos personales y no de bancada con el PAN- es apenas una señal de que ya hay estrategia grupal guinda para penetrar el proceso.

Entre los morenistas dicen, incluso, que la integración del Comité de Selección del Congreso era el paso previo para la inscripción de perfiles, para ir por algo más que el 50 por ciento de las más de 300 posiciones en juego que hay en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE)

Antes, ciertos jaloneos por pensiones, jubilaciones, mayores recursos y privilegios para los que habrán de ser desterrados del Poder Judicial del Estado, entre la magistrada Hernández y los operadores de Palacio de Gobierno, también fueron anticipos de esta contienda político-electoral al que habrá de ser llevado el aparato de justicia.

El mismo retraso de Palacio por aceptar la reforma nacional y por planear una alternativa que le permitiera mantener el control político de la entidad, era señal de que esta batalla en las urnas va más allá del sistema de justicia.

Es, más que nada, un primer round Morena-PAN en buena medida definitorio de la sucesión de 2027. El campo de batalla inicial es el de la definición de las boletas; luego vendrá la operación territorial y la medición de las fuerzas electorales de ambos partidos en las urnas.

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El poder estatal, en esas dos etapas de la contienda que son la definición de las reglas y la pelea en las urnas, requiere de operadores y coordinadores de buen nivel para salir con los menos raspones posibles. El reto es monumental en vista del poderío federal arrasador, ya demostrado.

En primer término, aparecen como coordinadores de esos trabajos el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, junto con la magistrada presidenta del TSJE y el jefe de los diputados panistas.

Desde las filas de la 4T ven achicado al continuamente chamaqueado líder de su bancada en el Congreso, de ahí que cualquiera de sus compañeros lo rebasa a la menor provocación, lo que en cierta medida favorecería al PAN y aliados en la definición de las reglas, al menos hasta el democrático tombolazo, eventualidad no descartada también a nivel local.

En este punto está la clave de la confrontación, pues si Palacio de Gobierno logra operar con firmeza las listas de aspirantes, tanto las del Ejecutivo como las del Judicial y la que surja del Legislativo, la elección quedará definida antes de la jornada de junio.

Si logran los operadores del estado lo que hicieron los grandes referentes de la 4T, a la hora de la elección, vote quien vote e independientemente de la cantidad de ciudadanos que salgan a las urnas, los jueces y magistrados del TSJE electos serán los que hayan elegido previamente en la cúpula de los tres poderes estatales.

Pero la presión morenista en el Legislativo, independiente de los acuerdos que logre Estrada Sotelo con la bancada del PAN y el Ejecutivo, será importante para la definición de las listas. De ahí en adelante, serán las dirigencias de los partidos y sus liderazgos locales los que puedan inclinar la balanza.

Así, será puesta a prueba la fortaleza de los proyectos panistas en la capital y el resto del estado, en los que aparece como puntero el alcalde de la capital, Marco Bonilla; así como de la dirigencia albiazul, encargada a la juarense Daniela Álvarez.

Por la otra banda, si ya le metieron toda la mano al proceso federal, con más razón lo harán al estatal las cabezas de los grupos morenistas que se han posicionado con miras a la elección de 2027.

El sistema de justicia tendrá un cambio trascendental en su forma política, más que en otra cosa; los tribunales seguirán acotados al poder político, como ha sido siempre, así que la mejora en su función sustancial seguirá pendiente.

Así, la elección da una inmejorable oportunidad de demostrar quién trae mayor capacidad de operación, no sólo para apadrinar a sus allegados como juzgadores, sino para apuntalarse con miras al 2027.