El proceso de elección de juzgadores del Tribunal Superior de Justicia, es una oportunidad inédita para que quienes, cubriendo los requisitos normativos, se hayan destacado por su capacidad, profesionalismo y responsabilidad, pero no teniendo padrino o madrina, puedan por sus conocimientos, además de un poco de suerte, en el caso de la insaculación, aspirar a encabezar algún juzgado y convertirse en jueces.

Para el caso de las magistraturas, que constituyen la máxima autoridad del Poder Judicial, el proceso difícilmente se soltara del todo, el Poder Ejecutivo meterá las manos más arriba de los codos, para asegurar que quienes queden en las ternas, cualquiera de ellos les represente la continuidad de su proyecto político, además siempre es recomendable que al término de un gobierno, quienes se encarguen de administrar justicia, recuerden quien los invitó a participar y particularmente a quien le deben su cargo.

Las reuniones sostenidas de jueces con autoridades del Poder judicial y Ejecutivo Estatal, fueron necesarias para el cierre de filas y establecimientos de compromisos por buscar ser más eficientes en la administración de justicia, reiterar lealtades hacia las instituciones, pero también a quienes las encabezan, en una dinámica que jamás se había dado, pero que era necesaria para la buena marcha del Poder Judicial.

En el caso de los comités de evaluación del Poder Judicial, los comisionados del Ichitaip que fueron invitados, difícilmente podrán entender el perfil adecuado para un penalista o civilista, cuando ninguno de ellos ha sido litigante, o en el caso de otra comisionada del Ejecutivo, que tiene experiencia como mediadora, pero ninguna como litigante.

El Gobierno del Estado está jugando con las mismas herramientas que el Ejecutivo Federal en este proceso de elección, y esto se advierte con la total mansedumbre demostrada por la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, que en público a todo dice que sí, pero en corto también reclama para sus feudos, un importante número de juzgados.

El pasado jueves se publicó en el periódico oficial del Estado, la ley reglamentaria de los artículos 99 al 103 de la Constitución local para elegir personas juzgadoras en Chihuahua, donde deja espacios de interpretación, como el hecho de que un aspirante podrá registrarse en los tres comités, pero podrá decidir ser analizada por uno solo, por dos o por todos.

De la lista que se presentó por parte del tribunal para los cargos de magistrados, habría que decir que la totalidad de ellos, consideran que pueden hacer mejor el trabajo que los que están en funciones, muchos de ellos cuentan con los conocimientos, capacidad y trayectoria, pero no están dentro de la órbita institucional.

El criterio político es el que prevalecerá por encima de la trayectoria y capacidad, sin embargo, habrá que preguntarse sobre quién resolverá los asuntos, porque cambiar a todos los jueces y magistrados, en una sola elección, sin duda dejará en problemas al Tribunal...pero nada que no se pueda solucionar.

Uno de estos casos es el de la maestra Alejandra Ramos Durán, extraordinaria juzgadora, que ha sido reconocida por parte de la corte, en los tiempos del entonces ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que con una trayectoria académica y docente muy destacada, ha sido invitada a numerosos foros, al igual también que otros y otras juzgadoras, que coincidentemente todos, han sido discriminados por la actual presidenta del Tribunal.

Durante la XI Asamblea de la Fechca en Juárez, el secretario del Ayuntamiento Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó la necesidad de continuar buscando la participación de los abogados en todas las actividades sociales, económicas, políticas y por supuesto jurídicas, agregó que la mejor frontera del país, siempre estará dispuesta a apoyar las acciones de los abogados organizados.

Por su parte, Darío Machuca Alvarado, sostuvo que el proceso de elección de juzgadores, debe abrirse en términos de transparencia y no dejar espacios opacos en el proceso de integración de las ternas, destacó que un número importante de abogados asociados de la Federación Estatal, participan en este proceso, por lo que se estará trabajando muy de cerca para asegurar que se respeten la trayectoria, capacidad y currícula.

En la parte académica participó la magistrada Olga Cano Moya con una espléndida conferencia sobre el Código nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Por otra parte, el caso de Aras, se está desmoronando, porque muchos de los casos ya prescribieron y no se alcanzaron a judicializar a tiempo, se había dicho que se estaba esperando la información de la UIF, que desde el año pasado fue enviada, pero se presentó en la fiscalía una total parálisis, porque ni se judicializaron, ni tampoco se continuaron los amparos, corriéndose el riesgo de presentarse sanciones en contra de los funcionarios encargados...ojalá y la explicación que se presente, pueda ser entendida por los miles de afectados que confiaron en la fiscalía para recuperar sus ahorros, ojalá.