-Llega nuevo delegado al ISSSTE
-Alejandro adentro del despacho; Villegas, afuera -Criminalizan a taxis de plataformaSi bien tuvo sus puntos cuestionables el sorpresivo operativo del Instituto Nacional de Migración (INM) en el campamento de bulevar Juan Pablo II, a finales de la semana antepasada, dicen los conocedores del tema que no deben perderse de vista sus alcances.
El organismo federal actuó después de un año de ser permisivo y hasta indolente con la situación de las personas migrantes que llegaban al lugar como escala antes de seguir su camino a Estados Unidos. Permitió así la proliferación de capataces abusadores de entre los mismos migrantes, que imponían su ley en el asentamiento bajo cobros y amenazas. Aquí es donde cobran relevancia sus alcances, porque inmediatamente después del operativo, en cuestión de horas el terreno había sido limpiado y cercado, mientras sus ocupantes recibían albergue en algunos casos, boleto de regreso a sus países en otros y hasta pase directo a las celdas estatales. Quién sabe qué tan coordinados con la instancia federal, pero la administración del alcalde Marco Bonilla, a través de su jefe de seguridad, Julio César Salas, y la de Maru Campos con el secretario Gilberto Loya por delante, aprovecharon la recta para darle un golpe a la pandilla venezolana Tren de Aragua, que empieza a sentar sus reales en zonas urbanas de la capital y Juárez. Más allá de cualquier sentimiento antiinmigrante como el que innegablemente existe en la población y más allá de la simuladora política humanista que es promovida nomás en el discurso oficial federal, hay muchos delitos relacionados con el fenómeno migratorio. La trata de personas por parte de los “polleros”, los secuestros y las extorsiones afectan gravemente a los migrantes, pero los delincuentes, de acuerdo con algunas investigaciones de las autoridades locales, son parte de los mismos. Es decir, desde luego los cárteles y células delictivas mexicanas que extienden sus redes desde Chiapas hasta la frontera norte son una parte de los peligros para los migrantes, pero entre ellos mismos hay otros delincuentes, como los que ya hasta cobraban derecho de piso en el campamento. Dicen que varios de la pandilla lograron huir del operativo del INM, durante el cual las instancias de seguridad locales hicieron su trabajo también, por lo que el riesgo de expansión de la pandilla de origen en Venezuela, sigue latente. Indudablemente la política migratoria y la coordinación entre niveles de gobierno deberán reforzarse, no dejarse en el aire como ha estado ocurriendo los últimos años. La intervención en ese campamento capitalino para poner orden de tajo, es la mejor muestra de esa necesidad.***
Tras el paso escandaloso de Gerardo Iván Sapién por la Subdelegación Administrativa del ISSSTE, este día habrá de llegar su relevo, para tratar de corregir el rumbo del extraviado organismo de salud y seguridad social de los maestros y burócratas federales. Nos adelantan los enterados del nombramiento que se trata de Jaime Torres Cardona, contador público del que no se conocen antecedentes morenistas, pero por algo fue enviado por la Dirección General a cargo de Martí Batres. Tiene el funcionario el reto monumental de enderezar el barco de tan devaluada institución, porque es la Subdelegación a su cargo la responsable del manejo de todos sus recursos, siempre escasos, más aun cuando son manejados sin sensibilidad social y con el desparpajo que mostró Sapién en unos cuantos meses.***
Hay quienes observan en la selección de aspirantes a cargos dentro del Poder Judicial la intención de beneficiarse con la convocatoria, en claro conflicto de interés. Francisco “Pancho” Sánchez, actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y diputado, tiene a un pariente muy cercano, buscando una magistratura, en el actual procedimiento electivo. Nada menos es su esposa, Nancy Escárcega, que ya antes había sido criticada, particularmente por Morena, cuando le asignaron un puesto de secretaria proyectista en el Poder Judicial con sueldo de 60 mil pesos. Este forma parte del precio por su voto en el Congreso. La crítica en aquel entonces corrió por cortesía de “El Pichú”, Gustavo de la Rosa Hickerson, en aquellos ayeres cuando aún era diputado en el 2022. Contrario a lo que hicieron cientos de participantes, que se inscribieron en dos o los tres poderes, Nancy sólo se inscribió en uno, y no es muy difícil saber en cuál. Efectivamente, se inscribió en el del Poder Legislativo, cuando pudo hacerlo en el Judicial o incluso en el Ejecutivo. Ni modo de creer que estará el diputado Francisco Sánchez sin meter las manos en beneficio de su cónyuge, quien desea ser nada menos que magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, el poderoso órgano que será el acicate de magistrados y jueces, de acuerdo al nuevo diseño judicial. Aprendió muy rápido las mañas del PT.***
Estamos seguros que ese tema judicial concentró ayer parte de la agenda de la gobernadora, Maru Campos. A media tarde tuvo en su despacho al dirigente del PRI, Alejandro Domínguez; y casi al mismo tiempo estuvo afuera de su despacho el magistrado del Tribunal de Justicia, Luis Villegas Montes. (Fotos de ambos en versión digital de GPS).
Domínguez es el chalán de la diputada federal y excandidata a gobernadora, Graciela Ortiz González, que busca agenciarse los pocos espacios que obtenga el tricolor en la nueva estructura del Poder Judicial estatal; del estatal, del federal, nada ni en sueños. Algo habrán acordado. Ya sabremos luego qué. En el caso del magistrado Villegas, parece que nomás llegó hasta la antesala porque no tenía cita agendada con la gobernadora y no fue recibido porque, antes que él, llegó a Palacio información que provocó molestia. Mucha molestia. El magistrado iba en caballo de hacienda a conseguir el control administrativo en la nueva era del Poder Judicial pero, a su estilo, se aventó a celebrar reuniones con jueces a los que “soltó” información de más, considerada inclusive falsa, los asustó y provocó gran escándalo que está obligando al propio Tribunal a emitir las aclaraciones correspondientes. Con qué razón así como entró a Palacio así salió. Nos aseguran que nada tuvo que ver todo eso con la reunión sostenida en La Casona entre el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña y el secretario particular de la gobernadora, Fernando Álvarez, aunque hay los que sospechan que los pudo haber reunido el mismo tema judicial.***
El alcalde, Marco Bonilla, ya está dándole la segunda vuelta a las escuelas con obras realizadas gracias al Presupuesto Participativo.
Ayer en su visita a la Secundaria Técnica 96, recordó que como director de Desarrollo Humano le tocó estar en este lugar inaugurando una obra y ahora nuevamente, pero como presidente municipal, volvió para hacer entrega de otra. Eso es algo que difícilmente puede presumir la federación con ese programa llamado “La escuela es nuestra”, porque prácticamente entregaban una cubeta de pintura y se gastaban tres pintando toda una barda, anunciando que la institución fue beneficiada con este programa. Una muestra de lo anterior es la primaria Independencia ubicada en la Pacheco y J.J. Calvo, donde se nota la gran inversión del Municipio y la nula por parte de la Federación.***
Nos enviaron un video del domingo, donde aparecen autos y personas desfilando por la carretera antes de llegar al aeropuerto.
Son al menos una decena de automóviles y diversas personas caminando hasta ellos, algunos particulares y otros taxis de plataforma, para recoger pasaje. Hay una gran incomodidad porque el aeropuerto carece de una solución económica para las personas que no quieren gastar -o no tienen dinero para ello- en carísimos taxis concesionarios de los permisos exclusivos. Cada viaje en esos taxis del aeropuerto no se baja de 600 pesos, si bien les va, y dependiendo de la zona de la ciudad a donde vaya el pasajero. Pues en el video que nos enviaron se aprecia primero esa fila de autos, y a las personas que deambulan por ellos, pero más adelante se ve una unidad de la Guardia Nacional, con uno o varios agentes, que detuvieron a un carro compacto de color blanco. Queremos imaginar que ese auto es Didi o Uber, o de cualquier otra plataforma. Nos dicen que siguieron el vehículo desde el aeropuerto y luego lo obligaron a orillarse decenas de metros más adelante. Andan los taxis de plataforma como si de delincuentes se tratara, perseguidos por la Guardia Nacional, cuando debiera tener dicha corporación otras tareas y en otros sitios. Puede el aeropuerto adoptar otras medidas económicas, como están haciendo inclusive las compañías aéreas, compitiendo por tarifas y servicio, pero no. Explotan la concesión con auxilio inclusive de la autoridad policial federal, que parece está a su servicio como guardia privada, cuidando el pasaje y a los taxis de plataforma. Es obvio que ahí también hay negocio. Muy pronto los de Guardia Nacional se han convertido en los antiguos policías federales, mordelones para todo.