En la primera parte del presente artículo afirmamos que la elección del 1° de junio no fue entre candidatos y candidatas, sino entre estructuras y actores políticos. Ganaron las y los candidatos que los actores políticos Maru Campos y Cruz Pérez Cuéllar “adoptaron” en sus respectivos acordeones, resultando vencedores entonces Maru Campos y Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua, así como Claudia Sheinbaum a nivel nacional.
De esta manera, la Gobernadora se quedó con todos los espacios de Magistradas y Magistrados Estatales y de Disciplina Judicial, cediendo al final sólo un espacio a Cruz: el de Gloria Angélica Mendoza Beltrán. También se quedó con los espacios de juzgadores federales en todo el estado, aunque cedió algunos a fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano, el PT y el PRI (sólo en el ámbito de juzgadores). El gran perdedor fueron los liderazgos morenistas del estado, pero, sobre todo, la ciudadanía. Sí, la ciudadanía fue la gran perdedora de esta elección histórica, al menos en el estado de Chihuahua, porque se dio cuenta de que, en realidad, su voto no decidió. Esto es lo más grave, porque sí hubo personas que confiaron en este proceso electoral y pensaron que su voluntad sería respetada. No se explica cómo ganó alguien que no estuvo en las calles, en las colonias o que no se dio a conocer. Vaya, alguien que ni siquiera vive en la ciudad... No se entiende cómo obtuvieron tantos votos candidatos que ni siquiera una colonia conoció. Y eso es precisamente lo grave de lo sucedido el domingo 1° de junio con la elección judicial: ocurrió algo que pensamos que ya estaba erradicado en el México actual, que había avanzado tanto democráticamente hablando: grupos de poder decidiendo en las elecciones por encima del voto, y la falta de respeto a la ciudadanía. Porque los ganadores no resultaron electos: fueron impuestos por decisiones de los gobernantes, por encima de las instituciones electorales y de la voluntad popular, para imponer a quienes ellos quisieron. Distorsionaron una elección histórica por algo que ni siquiera tiene nombre, pues rebasó el concepto de fraude electoral, siendo una simulación electoral, donde los menos culpables fueron las y los candidatos, ya que se dieron cuenta de que no podrían competir electoralmente con las reglas impuestas y el modelo de elección diseñado, y se dedicaron a buscar cobijo en las estructuras de poder. Felicito a las y los candidatos que sí tienen la vocación, el mérito y las ganas de hacer las cosas bien, que se han dedicado a trabajar en tribunales y salieron electos, como dijo Calderón: "Haiga sido como haiga sido." Ellas y ellos son quienes seguirán sacando adelante a este “nuevo” Poder Judicial. Les reprocho a aquellos que, sin tener vocación ni trayectoria jurídica, vieron esto como una oportunidad de “agandallar” esos puestos. Aún más lamentable es que políticos y recomendados políticos lleguen a estos cargos sin tener ni las ganas ni los méritos, y que nunca hayan visto la carrera judicial como una opción, porque no tienen vocación. Ellas y ellos serán lo peor del Poder Judicial, tanto estatal como federal. Más lamentable aún es que ningún actor político haya salido a alzar la voz, como si estuvieran amordazados por alguna complicidad, conveniencia o temor de decir algo que moleste a “su grupo”. Las evidencias fueron muchas: los acordeones del Gobierno del Estado, del Municipio y de Bienestar; las “instrucciones” a empleados de gobierno; los audios y videos de políticos reuniéndose para operar esta elección. Pero la prueba más grande y obvia está en los resultados: el triunfo de candidatos que no hicieron campaña, no vivían donde fueron electos y ni siquiera son conocidos, ni por redes sociales ni por haber tenido un alcance suficiente para obtener la votación que lograron. Y a pesar de todo esto, lo complicado es solicitar la nulidad de la elección, pues, a diferencia de las elecciones tradicionales con partidos políticos, aquí a los candidatos y candidatas no se les dieron los elementos para impugnar, como lo son las actas, las listas nominales, el tener representantes, el tener certeza de su voto, pues no se contaron los votos en las casillas sino en los institutos electorales, y al paso de los días. No se contó el voto de manera física sino digital. Y lo peor: ni siquiera se les dio acceso a los candidatos el día de la elección para poder comprobar el cómputo y verificar que se estuviera haciendo de manera correcta. Esperemos que esta simulación judicial sea la primera y única que nos toque vivir, y que se corrijan muchas cosas. Porque, de continuar así, esta experiencia se normalizará y se extenderá a las otras elecciones, dejando de lado al ciudadano para decidir y privilegiando los acuerdos políticos.