-Negocios quedaron inermes ante 8M

-Electores van por mujeres

-Pasó Sergio a farmacéutica trasnacional

Empleados de Funerales Cruz, añejo negocio de la avenida Zarco en la capital, prácticamente robaron el cadáver de un hombre fallecido por enfermedad, para obligar a sus familiares a contratar sus servicios, sin vendérselos de forma adecuada y cortés, como debe ser en el delicado negocio de la muerte.

El hecho fue registrado la semana pasada, el martes cuatro de marzo, cuando los trabajadores montaron lo que algunos sinvergüenzas llaman “operación buitre” en el gremio, consistente en aprovecharse de la vulnerabilidad en que se encuentran los familiares de un difunto en los momentos más cercanos al deceso.

Así, de un domicilio particular al que todavía ni siquiera había llegado el Ministerio Público para dar fe de la muerte de una persona, los de la funeraria cargaron con el cuerpo y se lo llevaron a sus instalaciones, supuestamente a prepararlo para su despedida.

El reclamo de los familiares y la evidente irregularidad generó que agentes de la Policía Ministerial Investigadora y personal del Servicio Médico Forense acudieran a recuperar el cadáver por la fuerza, ante lo que, desde luego, nadie opuso resistencia en el negocio mortuorio de la Zarco y casi 46.

Las prácticas “buitrescas” de las funerarias parecían superadas, después de años y años de acuerdos, capacitaciones y cursos sobre lo que son facultades de la autoridad y los límites de quienes se dedican a este negocio legítimo, pero no como cualquiera, sino uno que demanda una altísima sensibilidad y mucha empatía con los clientes.

Sería muy lamentable que la Fiscalía General del Estado pierda o exponga ese necesario control que debe tener sobre estos negocios, que antes, es por demás conocido, compraban “turnos” a la misma autoridad para el levantamiento de cadáveres y con ello agenciarse por la fuerza los servicios.

Hasta donde sabemos, ahora la FGE no fue muy flexible pero tampoco drástica con los “buitres” responsables de lo que al final quiso pintarse como un simple malentendido, a pesar de que quedó evidenciado el dolo en la ventajosa actuación del negocio.

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En medio de especulaciones exageradas, hace unos días salió del gabinete estatal Sergio Ramírez Robles, titular el último medio año de la Coordinación de Comunicación Social.

Su renuncia pudo conocerse en medio del periodo de promoción del tercer informe de gobierno de Maru Campos; tal vez por ello se hicieron las habladurías a su alrededor, aunque fue un movimiento que, ahora sabemos, estaba más que calculado.

Resulta que Ramírez Robles, abogado panista con posgrado en asuntos europeos, fue fichado por la transnacional Pisa Farmacéutica, a donde ingresó como director de Comunicación Externa y Relaciones Institucionales.

Dicen que le hicieron una oferta imposible de rechazar, con la ventaja, además, de volver a asentarse en el centro del país; así, aunque su salida formal se dio en fecha de informe, tenía algunas semanas cocinándose, seguro que con permiso de Palacio.

Basta con googlear su nombre y aparece el nombramiento en la red social Linkedin. Es más que público.

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A las empresas y negocios particulares lamentablemente no les quedó de otra que protegerse por sí solos en la marcha del 8M.

Gilberto Loya y sus policías vestidos de civil (hombres) solo aparecieron hasta el final de la marcha y para un acto muy desafortunado: detener de fea manera a varias mujeres por la fuerza y desafiar imprudentemente a las manifestantes ya casi finalizado todo.

Palacio de Gobierno estuvo muy bien blindado, podríamos decir casi inexpugnable, porque las barreras de contención cumplieron su función; igual ocurrió con el museo Casa Chihuahua y la Presidencia Municipal.

Fueron más de 500 los módulos de vallas colocados durante horas para resistir la marea morada, inclusive con policías antimotines en su interior, pero fuera de ahí, quedaron los demás edificios expuestos a las posibilidades de cada dependencia y los negocios privados, a la buena de Dios.

Las empresas privadas a lo largo de la avenida Universidad, y las instalaciones del IMSS, quedaron expuestos a la violenta acometida de este pequeño grupo.

Colocó el sector privado mensajes alusivos al 8M, de solidaridad y acompañamiento; incluso, regalaron agua a quienes marchaban, pero nada de eso les valió.

Los negocios fueron pintarrajeados y sus vidrios quebrados, incluso, las débiles maderas de protección quedaron en astillas.

Fueron miles de mujeres las que reclamaron no a la violencia, y paradójicamente, dicha manifestación quedó ensombrecida por algunas decenas de ellas empeñadas en la agresión y el vandalismo, motivadas posiblemente más por hacer daño político electoral que por reivindicar el movimiento feminista. La verdad en ese objetivo sea dicha.

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Han sido más los varones que las mujeres que han ocupado una curul en el Congreso del Estado, solo en el análisis del 2016 a la fecha.

Desde el 2016, con la 65 legislatura (LXV), 132 personas han ocupado las curules, de ellos 67 son varones y 65 mujeres.

En la actual hay 17 mujeres como diputadas y 16 varones, situación desde hace nueve años.

La menos igualitaria legislatura fue la LXVI, con 18 hombres y 15 mujeres y luego, la siguiente, la LXVII, con 17 hombres y 16 mujeres.

Dato curioso, en materia de representación proporcional, prevalecen los varones, con 24 sobre 20 mujeres, en estas cuatro legislaturas últimas, lo cual significa, que los partidos tienen una inclinación por postular más hombres.

Por el contrario, por eso lo de dato curioso, en las diputaciones de mayoría relativa, han ganado más mujeres que hombres, 45 contra 43.

Una cosa más, en el acumulado de las cuatro legislaturas, ha sido el PAN, el que ha tenido más mujeres como diputadas, con 25, luego le sigue Morena, con 20 y el PRI con 9.

Ese dato es engañoso, porcentualmente hablando, Morena ha tenido dos terceras partes mujeres, el PRI, la mitad, poquito debajo de la mitad.

Hay entonces una casi normalidad paritaria, salvo detallito en alguna legislatura reciente; tendría que seguir la siguiente fase, la de una paridad transversal e integral, salarios, etc., no solo en poder legislativo, sino en todos los órdenes, parte del reclamo genuino del sábado.

Tenemos la imagen del ejercicio en edición digital.

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Desde hace dos semanas es posible observar un par de carteleras con una leyenda sentida de un padre de familia, dirigida a su hijo, que entendemos es menor de edad, una de estas se ubica sobre el periférico de la Juventud y la otra en la entrada de Cuauhtémoc a Chihuahua, misma que mostramos en la edición digital.

“Ángelo, tu Papa te ama, recuérdalo”, dice la señalada cartelera.

Sin conocer las circunstancias específicas del caso, si tiene o no razón quien lo haya realizado, lo cierto es que la violencia vicaria es un asunto aún pendiente, en construcción.

El supuesto es que dicha forma de violencia debe proteger a la víctima directa y a las víctimas indirectas, es decir, a los hijos y los ascendientes, pero en la realidad, nos dicen los abogados, muchos de los juzgados ajustan sus criterios en el sentido de proteger a la mujer, cuando la base es proteger al menor de forma integral.

Lo anterior, en razón de la fuerte presión que tienen en leyes, reglamentos y protocolos de actuación, incluso los mismos precedentes y criterios de jurisprudencia o aislados, para atender la situación de vulnerabilidad de la mujer, como eje guía.

Sin considerar que en términos objetivos la violencia vicaria, puede darse en perjuicio de los ascendientes, porque incluye también a los abuelos en alguna circunstancia, incluso a la familia extendida.

La idea generalizada es que solo afecta a la madre, incluso, es el término usado por la popular Wikipedia, “la violencia vicaria …es una expresión …aplicada en el ámbito de la violencia de género contra la mujer que denomina a una forma de violencia por interpósita persona por la que un hombre ataca a la hija o hijo de una madre con el objetivo de causarle dolor”.

Lo ideal sería una aplicación objetiva, muy difícil en las circunstancias actuales, que podríamos decir, incluso, colocan entre la espalda y la pared a los mismos juzgadores.