En un accidente vial que se presentó en el mes de octubre del año 2021, una persona al estar esperando que el semáforo cambiara de rojo a verde, decidió tomar otra ruta y giró su automóvil a la izquierda para tomar otro carril en el mismo sentido, observando previamente por el espejo lateral; sin embargo, de pronto un motociclista se impactó y en consecuencia sufrió algunas lesiones y daños en su vehículo. Tal parece que se encontraba en el llamado “punto ciego”, por lo que no fue visto.

Derivado de lo anterior, quien conducía la motocicleta fue trasladado en una ambulancia para su atención médica, implicando que fuera hospitalizado e intervenido quirúrgicamente, además de haber realizado todo lo necesario para su adecuada recuperación.

La presunta responsable fue llevada a los separos de la delegación de tránsito, donde tuvo que pernoctar hasta el día siguiente en que acudió una abogada de la compañía de seguros Mapfre, a fin de mostrar al agente del ministerio público la póliza correspondiente y ¿garantizar? la cobertura de los gastos a que hubiere lugar, lográndose así su liberación y la salida del corralón del vehículo que conducía.

En los siguientes días del accidente, la abogada de la aseguradora informó que la compañía se haría cargo tanto de la asistencia legal como de cubrir los gastos correspondientes al afectado y al vehículo que conducía la presunta responsable, y que posteriormente pudieran tener verificativo algunas otras diligencias para concluir el asunto, lo que generó cierta confianza en su defendida y en los familiares de ésta, máxime si de acuerdo con la póliza respectiva (número 4012100287733), había una cobertura de hasta 3 millones de pesos, algo por demás holgado.

No obstante, ese hecho al que Mapfre le asignó el número de siniestro 421401349024816, después dos años y cuatro meses resurge —en febrero de 2024—, continuando el procedimiento de lo que se creía ya estaba para concluirse, pero resulta que nada se había resuelto, por lo que se tuvo que reclamar tanto al despacho de abogados que trabaja para dicha persona moral, como a esta última, señalando funcionarios de la misma que despachan en la ciudad de Monterrey, que el peritaje elaborado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua les parecía exagerado, considerando que debían pagar aproximadamente un 30% sin justificar el porqué de tal monto.

Ante una serie de inquietudes que se les plantearon, uno de dichos funcionarios afirmó que se estarían practicando algunos peritajes para desestimar lo pretendido por el afectado, asegurando que finalmente se cubriría lo que correspondiera para liberar a la clienta de cualquier pago y sanción.

A más de un año en que se retomó el proceso mencionado, ya se han efectuado diversas audiencias conciliatorias en el Instituto de Justicia Alternativa, así como otras ante un juzgado de control (Causa Penal 459/2024), sin que de parte de Mapfre y/o de sus abogados que proporcionan asistencia legal a la presunta responsable, haya ofrecimientos o señales claras de cubrir el importe que se está exigiendo por parte del afectado, o en su defecto el solicitar u ofrecer algún peritaje para contraponerse a los montos correspondientes. En próximos días se efectuará la llamada “audiencia intermedia”, en la que al parecer es la última oportunidad para solicitar un acuerdo reparatorio, con lo que se pudiera evitar que la presunta responsable sea sentenciada y privada de su libertad, entre otras consecuencias.

Entonces, por mucha amabilidad y asistencia legal que haya por parte de los abogados de la aseguradora, si no existe la voluntad para pagar lo exigido y/o llegar a algún arreglo con la parte afectada, lo que esa defensa viene a ser es nada, sólo una irresponsable, grave y gravosa pérdida de tiempo e incumplimiento de un contrato de seguros, pues lo que en un momento dado se llegó a plantear como exigencia por 100 mil o 120 mil pesos, ahora se ha acumulado en una reclamación de más de 270 mil pesos.

La parte imputada, a pesar de mostrar el ánimo de que las cosas se arreglen, ya ha sido perjudicada en forma —puede decirse— irreparable, pues le sería complicado cubrir tales cantidades, salvo que de último momento Mapfre acepte las obligaciones que tiene con su clienta, promoviendo un arreglo y efectuando el pago a que haya lugar.

Se ha llegado a sugerir la posibilidad de un conflicto de intereses en el despacho de abogados contratado por la multicitada persona moral, ya que reciben de ésta el pago por los servicios prestados, pero inexplicablemente no favorecen a un arreglo económico que le evite a la parte imputada —su “defendida”— ser sentenciada. ¿Se estará privilegiando el cuidado del patrimonio de su pagadora?

Sería completamente reprochable e irresponsable, pero ante todo, falto de ética, el supuesto de que los referidos defensores estén conscientes de que la empresa no efectuará pago alguno, pues, se insiste, en un asunto que pudo haber concluido con un arreglo desde hace años, se ha dejado que el proceso penal fluya como mantequilla, para ubicar a la presunta responsable con una exigencia económica que ha crecido exponencialmente, además de la posibilidad real de ser privada de su libertad y de contar con antecedentes penales, por un incidente imprudencial que pudo haber tenido un final hasta amistoso.

Cabe destacar, que por un lado a quien es propietario de un vehículo se le exige que cuente con el seguro respectivo —so pena de ser infraccionado—, pero a las compañías aseguradoras no se les impone algún correctivo inmediato y eficaz para cumplir los compromisos que tienen con sus clientes. Asimismo, el asegurado debe pagar puntualmente el costo del seguro, y la empresa puede darse el lujo de no asumir sus obligaciones, o hacerlo cuando se le pegue la gana.

Habrá que ver hasta dónde es capaz de seguir incumpliendo Mapfre.