-Terror y encerrados por crimen en Moris

-No blindaron plataforma de transparencia

-Mimetizados, Bonilla y agremiados a CMIC

El agente de la Policía Estatal detenido con miles de balas en el retén militar de Samalayuca, Carlos Arturo B.R., fue presentado oficialmente como elemento en proceso de baja desde finales de febrero, de acuerdo al comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública.

Los soldados que lo detuvieron en revisión aleatoria terminaron consignándolo al Ministerio Público Federal, sin tocar baranda con autoridades estatales.

No eran para menos los más de ocho mil cartuchos de arma larga cuya procedencia no quiso explicar.

Supuestamente el rastreo de los cartuchos ya arrojó resultados, pero la Fiscalía General de la República no hará públicos los datos de las investigaciones...por lo pronto. Pagarán con la misma moneda por la detención que la Fiscalía estatal hizo hace unos días de la empleada y su novio policía federal metidos en el tráfico de 17 kilos de cristal; al parecer de “El Verín” y de su jefe, alias “Gaspar Henaine”.

Hasta ahora sabemos únicamente que fue una adquisición en el este de Texas, en una de esas tiendas que venden armas y balas como si fueran hamburguesas.

Pero más allá de la pobre, escueta y opaca información brindada por la Policía Estatal, en torno al elemento surgieron sospechas por parte de sus propios compañeros, pues lo ubicaban no en una posición de mando, pero sí muy cercano a la directora general de Asuntos Internos, Bianca Nevárez; escolta y algo más; es decir, gente de su absoluta confianza como para desconocer los pasos en los que andaba.

La actuación del agente pone en entredicho a la instancia encargada de investigar a los propios policías señalados de conductas irregulares, debido a esa vinculación conocida con la funcionaria del segundo nivel en la estructura de la SSPE.

Además, dicen los agentes estatales, es lógico pensar que los cartuchos de alto poder eran para fusiles de asalto ya ingresados al estado o en proceso de ser importados, obviamente no para uso oficial, en una tarea que posiblemente implicaría a más elementos para el tráfico y comercialización de las armas.

¿Habrá más involucrados en proveer el complemento necesario de esas miles de balas o nomás Carlos Arturo hacía el trabajo por su cuenta? En torno a eso giran las sospechas que surgieron en las filas policiacas estatales, tras la penosa detención del pasado domingo al mediodía.

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En la zona del Pilar de Moris hay un enfrentamiento continuo entre los grupos del crimen organizado. No ha cesado desde hace más de una semana.

El rumor es que antes de la refriega del domingo, que en brechas dejó tres personas calcinadas en dos vehículos “monstruo”, de esos protegidos con blindaje artesanal, había ya ocurrido una matazón.

Familiares de personas que viven por aquel lugar nos hablan de nueve muertos, algunos de los cuales fueron sepultados el sábado.

El lugar, localizado casi en los límites con Sonora y Sinaloa está convertido en tierra sin ley, porque al parecer la presencia militar ha disminuido, con el movimiento que hicieron para blindar la frontera.

Ni militares ni elementos de la Guardia Nacional.

Hay mucho temor. Las escuelas han permanecido cerradas, al menos toda la semana pasada -eso nos dicen-, los pocos negocios sin abrir y la gente enclaustrada en sus casas.

Piden a gritos ayuda, por los enfrentamientos entre grupos rivales que tienen asolada la región.

Una de las entradas para aquella zona Maguarichi-Uruachi está por San Juanito, municipio de Bocoyna, paso obligado hacia el mayor centro turístico del estado, Creel y el gran parque Barrancas del Cobre.

Hay múltiples quejas de turistas que son afectados por retenes colocados frecuentemente en plenas entradas y salidas del poblado por el grupo delictivo que domina la plaza, liderado por “El Roy”, Iván Manjarrez, familiar de H-2, H-7, y “El Harry, César Daniel Manjarrez, Homero Manjarrez y José Alfredo Manjarrez, respectivamente, encargados justamente de las plazas de Maguarichi y Uruachi, bajo control del Cártel de Juárez.

Toda la región permanece expuesta permanentemente a las actividades de grupos criminales, en particular las extorsiones, de ahí los constantes enfrentamientos con facciones del Cártel de Sinaloa.

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Uno de los grandes pendientes en el tema de la transparencia, con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), quedó pendiente de resolverse y parece que así quedará.

Estaba en la palestra la posibilidad de que la información albergada en la Plataforma Nacional de Transparencia sea entregada a los órganos locales, pero eso se ve muy lejos de ser posible.

El tema en ese sentido no es el tamaño de los archivos, que apenas son unos cuantos gigas, sino más bien, el sistema o lenguaje informático para su manejo.

Otra posibilidad que estaba por resolverse es un convenio mediante el cual sería cedida dicha tecnología a los estados, para hacer clones de la información y el sistema.

Son asuntos sobre los cuales aún no hay claridad ni habrá, cuando está avanzando la extinción del INAI y de los órganos locales de transparencia.

Y, sobre todo, cuando ya fue aprobado la semana pasada el paquete de reformas que traslada dichas facultades a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que fue remitida a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

Parece que el tiempo no le alcanzó al INAI y a los órganos de locales para blindar dicha información.

Por cierto, en esa reforma a leyes secundarias, fue tendido el manto de impunidad a diversas áreas sensibles del gobierno, como el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Federal de Protección a Personas, las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal Ministerial y Guardia Nacional.

Asimismo, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Federal de Investigación Criminal, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado Mayor de Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada o bien las unidades administrativas que los sustituyan.

Dichas áreas no estarán sujetas a la autoridad de los comités de transparencia, sino blindados cuando son espacios sensibles para la persecución política.

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Aplaudido y reconocido salió el alcalde, Marco Bonilla, de la reunión que sostuvo ayer con agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Chihuahua, quienes además de escuchar el resumen del Plan Municipal de Desarrollo, le hicieron entrega de un reconocimiento.

Sin duda, una clave en el crecimiento económico de la ciudad para este año es la obra pública.

Quienes son pieza clave en esa cadena son los constructores que forman parte de la CMIC, que en esta sinergia autoridad-constructores y por la calidad de sus materiales, han sido en un 80 por ciento, los responsables de las obras que el Municipio ha realizado en la ciudad.

La apuesta por el talento local y la confianza que el gobierno municipal pone a las empresas chihuahuenses, fue reconocida por la CMIC, que entregó este distintivo a Marco Bonilla por esta apuesta al crecimiento a través del a generación de empleo en el ramo de la construcción.