El levantón de una persona en Villa Juárez, identificado como José Antonio Torres Ruiz, de 45 años de edad, motivó una impresionante movilización policial y seguimiento con cámaras de seguridad en más de 20 kilómetros de sur a norte por la ciudad. Fue excelente el trabajo operativo de la policía municipal para atrapar a los sicarios.
A media semana, dos presuntos integrantes de La Línea, Daniel Omar J. E. y Jaime Israel R. G, capturaron a su víctima y lo subieron a una camioneta negra Mercury Mountaineer, para atravesar desde allá hasta El Porvenir, en el extremo norte de la capital, donde pensaban ejecutar y abandonar el cadáver del hombre, presunto narcomenudista al servicio de otro grupo, el de Salvador Humberto V., apodado El Verín o El Señor de la V. El despliegue policiaco frustró los planes de los atacantes, quienes optaron por matarlo en el trayecto, a bordo del vehículo, mientras huían de las patrullas que fueron activadas los distritos Zapata, Morelos, Villa y Colón, que cubren prácticamente toda la ciudad (salvo el Centro y la zona fifí del periférico De la Juventud). “Fractura de base y bóveda de cráneo, herida perforante a cara y cráneo”, asienta el reporte de la autopsia practicada a Torres Ruiz, asesinado a bordo de la camioneta negra en su trayecto a ser abandonada cerca del Panteón Municipal 3, donde acaba el pavimento y comienza el polvo de las violentas colonias de la periferia. Allá fueron capturados los atacantes, después de kilómetros de ser seguidos, además de cercados por otros puntos de la ciudad. Las imágenes que dejamos en la versión digital de GPS dan cuenta de la parte final del operativo, de cuando los tripulantes de la camioneta negra dejan el vehículo y emprenden la huida a pie; no lograron escabullirse gracias a la destreza de los agentes municipales y estatales que los alcanzaron. No fue un caso más de levantón y ejecución de los miles que recetan al año los grupos criminales, lejos de ser dominados o cuando menos contenidos por las autoridades de los tres niveles de gobierno. El hecho, de acuerdo a quienes siguen con lupa las investigaciones, es uno más notable en la cruenta batalla que tiene muy contados días de paz, entre una facción del Cártel de Juárez y otra del Cártel de Sinaloa, dispuestos a matar o morir en el intento de dominar cada vez más territorios. Fue una buena noticia la detención de unos presuntos sicarios, aunque ha habido algunas señales de servilismo de parte de las diversas corporaciones. Sin tanto rodeo, quién sabe si hubiera sido la misma respuesta en el caso de que el levantado fuera del otro cártel y no de la facción que se ha empoderado -con algo de apoyito oficial- en la mayor parte de la capital, con la venta de las drogas habituales (marihuana, cocaína y hasta heroína) y las emergentes más letales (cristal, fentanilo y otras sintéticas). El caso es que la relativa tranquilidad de la ciudad siempre resulta alterada con sucesos de violencia, como los ataques en antros, las incursiones en las zonas más exclusivas o hechos como este, que rayan en el surrealismo criminal por la gran cantidad de elementos que fortalecen las teorías de las complicidades de la delincuencia con los gobiernos.***
Fuera del foco rojo de la capital, donde estas muestras son ejemplos de que la violencia no cesa, en la misma semana tuvimos sobresaltos en la región limítrofe de Chihuahua y Sonora, donde las batallas entre los mismos cárteles han escalado, como parte de los permanentes reacomodos de mandos.
En El Pilar de Moris y los alrededores de Las Difuntas y San Isidro, después de varias refriegas entre supuestos comandos de La Línea encabezados por líderes sonorenses, contra los aliados de la Gente Nueva en la región más alejada de las barrancas de Chihuahua, fueron reportados al menos 10 muertos y constantes balaceras que obligaron a la población civil a resguardarse. La realidad oficial, no tan creíble la mayoría de las veces, fue de seis muertos: tres calcinados junto con un vehículo blindado desde el que incluso se videograbaron los sicarios durante la confrontación; otros tres decapitados encontrados en una brecha. Si hubo más, seguramente cada grupo en la refriega levantó los que pudo, ya sea por compañerismo criminal o por no dejar más evidencias de los hechos. El grupo sonorense intenta desplazar a rivales que operan desde Chínipas, cuna de Los Salazar, mundialmente famosos desde el homicidio de la periodista Miroslava Breach en marzo de 2017; hasta los dominios que alguna vez tuvo Noriel Portillo, “El Chueco”, también de mala fama mundial tras haber asesinado a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, en Cerocahui, en junio de 2022. No es gratuito el recuerdo de las fechas de ambos hechos. Sirve para exhibir las dimensiones de la incesante batalla entre grupos criminales, extendida a lo largo del tiempo gracias a las omisiones, negligencias, complicidades e incompetencia de las autoridades. En su propaganda que ahora distribuyen por redes y hasta con videos tomados desde drones, ambos grupos, como siempre, acusan a los rivales de matar inocentes, extorsionar y desplazar víctimas. La realidad es que tanto el pinto como el colorado rebasan los límites humanos en su crueldad, ante gobiernos arrodillados que llegan tres o cuatro días tarde a recoger cadáveres, algunas cuantas armas, vehículos y hasta supuestos precursores químicos para la elaboración de drogas de diseño en laboratorios que han estado en esas regiones apartadas por décadas.***
Para culminar la semana, Coyame, en el extremo este de la entidad, fue el escenario de otro episodio de violencia, con otra supuesta incursión del grupo criminal de Los Cabrera, de Durango y Coahuila, alineados al Cártel de Sinaloa, contra la célula dominante del Cártel de Juárez, con presencia histórica en la región.
Meses atrás hubo refriegas entre Ojinaga y Manuel Benavides de estos dos grupos como protagonistas, con saldo a favor de La Línea; ahora, los invasores penetraron hasta Coyame para dejar un mensaje contra el jefe de la casi extinta Policía Municipal, apodado El Negro, a quien le dejaron llenas de recuerdos de plomo dos de sus patrullas, casi las únicas de la corporación. De nuevo la propaganda delincuencial se encargó de rebasar toda información oficial. Hasta en eso se nota su ineficiencia, tanto en hechos violentos de Juárez como de Chihuahua, desde el desierto a la serranía, desde el extremo sur hasta las fosas del noroeste, donde, por cierto, ha brotado ese enorme narcopanteón del que ha salido casi un centenar de cadáveres o esqueletos... y no han salido más porque han dejado de buscar. Si bien esta semana fueron los campos de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, los que dominaron la agenda mediática y política nacional, por los cientos de desaparecidos que pudieron ser torturados, quemados e inhumados clandestinamente, esa realidad es igual de grave a la que vive Chihuahua. Nos espantamos con la evidencia de una atrocidad a una hora de la ciudad de Guadalajara, en el rancho Izaguirre, donde los Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron cientos de prendas personales de desaparecidos de varias partes del país, quizás incinerados o descuartizados para borrarlos de la faz de la tierra para siempre. Nos espantamos de eso, mientras estamos parados en la tierra del megacementerio de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Ascensión, una región con más de 300 desaparecidos jamás localizados en los últimos años, hechos caracterizados siempre por la poca o nula efectividad de las autoridades ministeriales. Nos espantamos de eso, mientras estamos también encima del tiradero de cadáveres de la mina de Santo Domingo, aquí a unos kilómetros de Chihuahua, en pleno centro político del estado, tomado como bastión de un grupo con alegre complacencia oficial local, estatal y federal. Nos espantamos de los campos de exterminio en la tierra del rancho de Dolores, Cuauhtémoc, donde han sido localizados más de tres mil restos óseos de una indeterminada cantidad de cadáveres, en la región con más desaparecidos del país por unos años, más de 700 reportes, en los tiempos de la fallida guerra de Felipe Calderón hasta mediados del sexenio de Enrique Peña Nieto.***
Como de Juárez a Guadalupe y Calvo, de Tijuana a Cancún y de Chiapas hasta Reynosa, una constante sobresale en el México violento de los 550 mil muertos acumulados en los gobiernos de Vicente Fox (60 mil), Felipe Calderón (121 mil), Enrique Peña Nieto (156 mil), Andrés Manuel López Obrador (200 mil) y lo que va de Claudia Sheinbaum (12 mil 500).
Indudablemente es el crimen organizado el responsable de, cuando menos, el 80 por ciento de las muertes violentas en el país, pero la Fiscalía General de la República, desde los tiempos del general Rafael Macedo de la Concha hasta el ahora titular, Alejandro Gertz Manero, ha brillado por su ausencia. Es Chihuahua desde hace décadas, como Jalisco ahora, evidencia de la parálisis en la investigación de los delitos federales, al tiempo que los estados y los municipios son sometidos o comprados por bandas con capacidad de operación interestatal y hasta internacional. A la nulidad en que está convertida la FGR se ha sumado, para agravar estos focos rojos que dan la nota violenta un día sí y otro también, la movilización de tropas del Ejército y la Guardia Nacional para sellar la frontera a la migración y combatir el tráfico de drogas a Estados Unidos. Eso acaba por dejar en el desamparo a otras poblaciones donde el crimen interno mata, produce enervantes y los vende al menudeo, tala los bosques, extorsiona, secuestra y toma en sus manos los pocos negocios legales para generar más ganancias y lavar dinero. Los criminales con su guerra, sus drones, sus decapitados y su impunidad, más los gobiernos con su sumisión e incompetencia, sepultan la esperanza del regreso de la paz y la tranquilidad a las comunidades.