-Presume Miriam terruño hasta en la ONU

-Contradictorio Senasica con oficio

-Corralistas tras pintas de Salvemos los Cerros

Los primeros sancionados por el desorden y desparpajo que caracterizó al quinquenio de Javier Corral, en cuanto al manejo de Pensiones Civiles del Estado, fueron dos exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Francisco “Pancho” Márquez Salcido y Ana Lilia Rivera Flores.

La falta grave de abuso de funciones, por no enterar pagos a PCE de la UACH por casi 210 millones de pesos, fue acreditada por la gente del auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, ante la Quinta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, al mando de la magistrada Priscila Soto Jiménez.

La sanción de seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la irregularidad detectada es relevante en sí misma porque penaliza, por fin, una parte del desastre en el manejo financiero del corralato, que tuvo en la rectoría de Luis Fierro uno de sus mejores ejemplos de ineficiencia, negligencia y corruptelas, capaces de poner de cabeza las finanzas estatales.

Márquez Salcido, como director administrativo, no como secretario particular de Fierro, que también lo fue; y Rivera Flores como jefa de la Tesorería de la UACH (citados respectivamente en la comunicación oficial de la Auditoría sólo como F.M.R y A.L.R.F), omitieron entregar las aportaciones al fondo de PCE para la seguridad social de los trabajadores universitarios.

En consecuencia, Pensiones agravó su crisis y la UACH elevó sus pasivos pateándole el bote a las siguientes administraciones, ayudándole a crecer a la bolita de nieve que hoy tiene asfixiado al organismo que da atención, a medias y de mala calidad, a los burócratas estatales.

Decíamos que la sanción es relevante en sí misma por el caso específico de la UACH, pero ojo, no es la universidad el único ente afiliado deudor de Pensiones.

Así, además de la pena parece haber un mensaje muy claro de la ASE al resto de los que manejaron finanzas estatales y no pagaron las cuotas a PCE, pese a que las recaudaban con ese motivo.

La misma Secretaría de Hacienda, la Junta Municipal de Agua de la capital y el Tribunal Superior de Justicia, entre otros, hicieron lo mismo, abonándole también a la quiebra virtual de la institución.

¿Quién sigue? Empiezan las apuestas.

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La que no deja de presumir su terruño es la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto. Participó en Nueva York en la Semana de la Familia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La presidenta municipal, nos reportan, fue parte de la delegación mexicana que viajó a la sede del organismo multinacional a invitación del Instituto de Análisis de Políticas Familiares (IAPF), encabezado por su director general, Juan Antonio López Baljarg.

Solo fueron tres alcaldesas de todo el país. De Chihuahua únicamente fue invitada Soto, para presentar el tema del Reglamento de Políticas Familiares en el Servicio Público, una normativa que es punta de lanza en el país y que comenzó en Meoqui, con el fin de poner a las familias como prioridad en las políticas públicas.

En la sede de la ONU, la alcaldesa habló de las Casas de Salud y el programa “En el vientre materno”, temas que también llevó bajo el brazo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las reuniones realizadas en Chile en 2023.

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Debió recrudecerse la crisis con el gusano barrenador, con nuevos casos en ganado e incluso una persona infectada, en el sur del país, para que el gobierno federal adoptara medidas radicales que protegen la hoy denominada zona libre, que exporta miles de cabezas de ganado a los Estados Unidos, gracias a los estrictos controles adoptados desde hace años.

El documento enviado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), es una aceptación de responsabilidad o de irresponsabilidad, como quiera verse, de dicha dependencia y de la misma Secretaría de Agricultura Federal, que prefirió disputar con Chihuahua, mediante una controversia constitucional, las primeras medidas adoptadas por el gobierno del estado para proteger la actividad ganadera.

La circular B00.02.-24-2025, -vigente desde el martes- divide en tres amplias zonas al país; la zona infectada, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz; zona buffer, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, y algunos municipios de Jalisco, y norte de Veracruz.

La zona libre corresponde a Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, extensa área del país, que será blindada por revisiones de personal de las entidades federativas y vigilancia de la Senasica, que no deberán dejar pasar una sola cabeza de ganado sin revisión, con involucramiento indispensable de uniones ganaderas.

De la zona infectada podrán salir cabezas de ganado hacia la zona buffer y libre, siempre y cuando pasen por exhaustivas revisiones, donde los estados libres deberán ponerse estrictos tal y como decidió hacerlo Chihuahua, incluso bajo asedio con la irracional controversia constitucional del gobierno federal que se opuso a ello.

Debería por pudor y vergüenza, el secretario de Agricultura, Julio Berdegue, solicitar que el gobierno federal retire la controversia, toda vez que lo que ahora se dispone mediante la circular de Senasica es lo mismo que dispuso Chihuahua y que debieron hacer todos los estados, incluidos los que están infectados.

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Algo extraño pasó en el estómago de la asociación Salvemos los Cerros. Recordemos que nació allá por el año 2020, cuando la empresaria del ramo gasolinero y entonces secretaria de Innovación y Desarrollo Económico en el Gobierno de Corral, Alejandra de la Vega, recibió un permiso para construir en las faldas del Cerro Grande una gasolinera, situación que molestó a activistas ecológicos que decidieron emprender una serie de acciones para defender los cerros de Chihuahua.

A cinco años, lo que nació como una asociación que luchaba por el cuidado del medio ambiente, la flora y la fauna, quedó totalmente infiltrada por exfuncionarios corralistas, que una vez fueron cuestionados por los legítimos integrantes de esa asociación, pero que ahora aprovechan el espacio para golpetear al gobierno municipal y estatal, pero bajo las siglas del morenismo.

Hay quien todavía cree que Salvemos los Cerros no es una agrupación partidista identificada con Morena, pero basta ver fotos de la última marcha que organizaron para identificar a oscuros personajes corralistas, como Alejandra Chavira, exempleada de relaciones públicas, David Lauer, esposo de Pety Guerrero que estuvo en la Coepi, entre otros que han logrado tomar el control de la asociación marioneta de Javier Corral.