Ciudad Juárez.- El miércoles 14 de mayo de 2025 nunca se le olvidará a Doña Elvira, una adulta mayor de 63 años, enferma de diabetes e hipertensión, pues fue el día en que la sacaron de su domicilio junto con todas sus pertenencias, un domicilio que habitó durante 20 años.

Ubicada en la colonia Parajes de San Isidro, a una hora del centro de Cd. Juárez, en una casita humilde de Infonavit de 2 recámaras, pero con un hermoso jardín, con sus plantitas y árboles frutales —como ella cariñosamente los llama y que todas las mañanas riega—, así como una gran lila al frente de su casa que le da una agradable sombra a su hogar. Un hogar que, a las 9 de la mañana de ese día, fue violentado por unos abogados del Poder Judicial estatal, un particular, así como una unidad de seguridad pública municipal con un camión de mudanza, en el cual colocaron todos sus muebles y pertenencias, que hasta esa mañana se encontraban en su humilde vivienda.

Sin saber exactamente lo que pasaba —ya que solo le dijeron que era por la deuda de unos artículos que había adquirido a crédito a través de vales de una tienda de electrodomésticos y zapatería—, Doña Elvira lloraba y suplicaba que por favor no la dejaran en la calle, pues no tenía dónde vivir. Sin ningún miramiento por parte de sus desalojadores, y ante la mirada atónita de sus vecinos, que nada podían hacer ante la presencia de la autoridad policiaca, una de sus vecinas, de nombre Norma Gaytán, se acordó de un servidor y decidió llamarme. Me encontraba en ese momento en una reunión.

Al describirme la escena Norma, y presumiendo que estaban abusando de los derechos humanos de la señora Elvira, rápidamente me trasladé a su domicilio, al cual llegué aproximadamente una hora después, debido a la distancia a la que me encontraba.

Al llegar, aún se encontraban sacando pertenencias y artículos de Doña Elvira, por lo que inmediatamente me acerqué a tranquilizarla al verla alterada, llorando, y sabiendo que padece de diabetes e hipertensión. Le dije que la iba a ayudar y me acerqué a una funcionaria judicial y al abogado particular, quien presuntamente era el promovente de un juicio en el que se había ordenado el desalojo de Doña Elvira, al parecer por un pagaré de una deuda de doscientos treinta y nueve mil pesos.

Cuestionándoles sobre su proceder, la funcionaria judicial dijo que solo cumplía con la orden de la jueza, quien había ordenado el desalojo de la señora, pues esa casa ya había sido rematada y adjudicada, ya que Doña Elvira no había contestado la demanda ni liquidado el pagaré. Ante su respuesta, les cuestioné —en presencia de Doña Elvira— si le habían preguntado si tenía dónde vivir. Doña Elvira contestó que no, y la funcionaria, que sí.

También pregunté si ya había firmado el acta de desalojo y, de no ser así, que me permitieran leerla para constatar lo asentado, y que dejaran establecido que Doña Elvira había dicho que no tenía dónde vivir. Ante mis preguntas, la funcionaria judicial dijo que no era posible escribir ya nada en el acta, porque ya la había cerrado y la señora se había negado a firmar, respondiendo la propia Doña Elvira que ella nunca se había negado a firmar.

Ante lo manifestado por Doña Elvira y la funcionaria judicial, le solicité que me permitiera leer el acta. Me dijo que no, porque yo no era parte en el juicio. Le dije entonces que permitieran a Doña Elvira leerla, ya que con ella se había entendido la diligencia, contestando que no, porque no había querido firmar.

Al darme cuenta de que Doña Elvira no había tenido una defensa adecuada y que muy probablemente habían abusado de sus derechos humanos durante el desalojo, decidimos acudir con la jueza que ordenó el mismo. Ella respondió que no podía hacer nada, que ya era un acto consumado, y que, si queríamos, promoviéramos un incidente para revisar la diligencia de desalojo, aunque consideraba difícil que prosperara.

Ante esta respuesta, decidí ayudar a Doña Elvira promoviendo un amparo, argumentando la violación a sus derechos humanos por ser una persona vulnerable y enferma, desempleada y sin un lugar donde vivir. Exhibimos la videograbación, comprobantes médicos que acreditaban las enfermedades de la señora, así como otras documentales que consideramos pueden servir para que el juez de distrito declare nulo el procedimiento, total o parcialmente, lo que le permitiría a Doña Elvira pagar la presunta deuda con la tienda —una deuda por mucho menor al valor de su casa.

Ingresamos el amparo el día jueves 15 de mayo.

Presumimos también que el pagaré, documento base de la acción judicial que terminó con el desalojo de Doña Elvira, fue firmado en blanco, y que la empresa y/o despacho de abogados llenaron la cantidad y el plazo de pago, lo cual hizo imposible cubrir la deuda para Doña Elvira, ya que la obligaron a pagar la cantidad de $239,000 pesos en un mes.

Gracias al amparo promovido y a la diligente actuación y criterio del Juzgado Quinto de Distrito de Ciudad Juárez, Doña Elvira fue protegida de manera provisional, en lo que el juez federal revisa la actuación de la jueza civil, así como la diligencia de desalojo, con el fin de que la señora Elvira pudiera habitar nuevamente su domicilio y regresar a regar sus plantitas y árboles frutales.

Casos como este suceden a diario en nuestro país, donde, abusando de la vulnerabilidad, el desconocimiento y la falta de asesoría legal por carecer de recursos económicos, diariamente son desalojadas personas sin poder defenderse. Despachos de abogados y empresas se hacen de sus viviendas con base en usura, deudas ridículas y abusos, con la complacencia y complicidad de jueces, juezas y funcionarios judiciales.

Por eso es que la reforma judicial avanzó y llegó, para terminar con este sistema de cosas, donde muchos jueces y funcionarios judiciales no solo están alejados de la sociedad: juzgan números y no personas, carecen de empatía y sensibilidad para darse el tiempo y tener la voluntad de revisar si están abusando o no del estado de vulnerabilidad de una persona, en una relación desproporcionada, donde quien cuenta con abogados y grandes despachos siempre abusa de quien no tiene.

Enhorabuena y mi reconocimiento al juez Quinto de Distrito y al personal que trabajó en la protección de los derechos humanos de Doña Elvira.