-Usa a Venezuela para evadir justicia de Chihuahua

-Vergüenzas de Salgado y Moncayo en STSUACH

-Gobernadores guindas sin un solo azul

Entre la gran cantidad de señalamientos que han surgido sobre la elección judicial, ahora nos llega el reclamo en contra de Felipe de Jesús Mena Meléndez, candidato a juez de primera instancia en materia familiar, quien trae como eslogan algo así como “justicia con sensibilidad, firmeza y compromiso”.

En la vida real, denuncian desde el gremio de la “chicana”, es todo lo opuesto a lo que pregona, pues al menos en el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), existen reclamos porque no ha brindado ni pagado esta prestación a empleados de negocios familiares de los que funge como apoderado o representante.

Los trabajadores que han tenido la desdicha de tenerlo como patrón son quienes han reclamado el hecho de que no han podido hacer efectivo su derecho al crédito para vivienda por esta razón y cuando lo han confrontado han recibido amenazas, que son del conocimiento de otros abogados.

Encumbrarlo como juez de lo familiar con esos antecedentes sería una verdadera sinrazón, tal vez por ello luce y hace más ruido la anticampaña en su contra, que sus pocas, contadas e invisibles acciones de proselitismo.

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Con más de cuatro mil denuncias en México por el delito de fraude -unas mil 500 en Chihuahua y poco más en Jalisco, donde concentró sus operaciones- Carlos Lazo ha logrado evitar la deportación o extradición de Estados Unidos, tras su detención hace un mes en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El director de Yox Holding y de varios equipos deportivos, entre ellos el Chihuahua Futbol Club que hasta vendió la idea de construir un majestuoso estadio en la capital, fue capturado el 26 de abril de este año mediante una orden internacional de detención.

Los fiscales mexicanos, incluido el estatal, César Jáuregui, esperaban una entrega exprés de Estados Unidos a México, con la previsión de que primero fuera puesto a disposición de los jueces penales jaliscienses, primeros en requerirlo por las estafas denunciadas por cientos de víctimas, principalmente en Guadalajara y Zapopan.

Sin embargo, ha sido hábil el presunto estafador, igual que sus abogados defensores, que alegan, por extraño que parezca, su nacionalidad venezolana como principal argumento para no ser entregado a la justicia mexicana que lo requiere.

La “buenísima” relación de Venezuela con Estados Unidos, quién lo diría, ha sido lo que le ha salvado de ser extraditado para que responda en los tribunales mexicanos a las demandas por la pirámide financiera que disfrazó de exitosas apuestas deportivas y otros negocios de papel.

La representación diplomática venezolana en Washington es la que le ha servido, nos aseguran, para retrasar el pedido mexicano, por una solicitud de regreso a su patria que por norma internacional debe revisar a profundidad su país de origen.

Así, la justicia en México tendrá que esperar y la de Chihuahua mucho más para tener al presunto estafador sometido al debido proceso penal.

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Casi al mismo tiempo que salió Salvador Salgado, secretario general del STSUACH a tratar de convencer a sus agremiados para acudir a la asamblea del sábado en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, su antecesor, Ricardo Moncayo, apareció en redes sociales para pedir que acudieran, pero para exigir su destitución, y en su lugar nombrar un Comité Provisional.

A ese nivel está la confrontación en un sindicato que desafortunadamente ha sido manejado de manera turbia y descarada, a grado tal que está en riesgo no sólo el ahorro para este fin de año, sino sus cuentas bancarias corrientes y hasta el fideicomiso, que garantiza un ingreso adicional a quienes se jubilan o pensionan.

Pasa a segundo término el tema del fraude con la venta de terrenos, por el colapso financiero en que se encuentra el sindicato, con una base que no termina de estar de acuerdo con Salgado para cerrar la venta del terreno -con todo y lo sucio del manejo- ni tampoco de acudir en masa a destituirlo, como pide Moncayo.

Simplemente, los sindicalizados no acudieron a la sesión convocada para las 10 de la mañana, ni con la amenaza de sanción de 500 pesos, ni por la incertidumbre de nuevos embargos y el discurso en video de un Ricardo Moncayo sobrado, con agria crítica a Salgado.

Acudieron a la asamblea cerca de 400 agremiados, cuando el número necesario era poco más de 700, con temas importantes, el fideicomiso y el asunto del terreno, con demandas que avanzan con todo y embargos.

Está a punto el sindicato de dejar de operar. Debería ser intervenido hasta por una autoridad judicial, para garantizar lo más que se pueda los derechos de los trabajadores, que son cientos, en activo y jubilados.

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No hubo ni un gobernador panista ni priista en la reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, este viernes.

Puro gobernador de Morena y aliados, como el de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, del Verde. No estuvo Maru Campos, de Chihuahua, ni Tere Jiménez, de Aguascalientes; tampoco Libia García, de Guanajuato; o Mauricio Kuri, de Querétaro.

La razón oficial es que el encuentro presidencial fue para tratar el tema del IMSS-Bienestar, particularmente el abasto de medicamento, y ahí aún no están conveniados ni los estados gobernados por el PAN, ni los del PRI ni MC.

La presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y un operador nato, Martí Batres, hermano de la ministra Lenia Batres, echan a andar la imaginación.

Imposible que no hayan abordado la elección judicial, a una semana de su realización, cuando el tema del IMSS-Bienestar corre de la mano de Zoé Robledo, titular del IMSS, quien trae realmente el encargo.

Los gobernadores no pintan más que para firmar adendas con solicitudes de adelanto de recursos económicos de SHyCP al IMSS-Bienestar, y pagar millones en recursos humanos estatales, que el organismo descentralizado federal no asume.

No lo podremos saber oficialmente, pero es indudable que la elección judicial es motivo fuertísimo de mandar llamar a los gobernadores, que son responsables políticos de la elección en sus estados.

La gobernadora Maru Campos, tampoco estuvo inactiva. Acudió al centro del país a asumir la coordinación de la asociación de gobernadores del PAN y presumir avances en el Chihuahua Day, con fines de atraer inversión.

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No hay explicación alguna de la manera en que Zaira Lizeth López Gómez pudo despachar 624 mil pesos en medicamento controlado que tiene uso para personas con VIH y para sustituir la hormona de crecimiento Somatropina, durante los años 2021 y 2022, en diversos meses y a través de varias recetas, en el Hospital Infantil.

Quedó demostrado que, en dichas indicaciones médicas, no estaba recetado el medicamento o bien, lo estaba en menores cantidades a las proporcionadas, incluso sin receta, en 522 unidades, en las modalidades de 5 y 10 mg.

La indagatoria deberá ir un poco más arriba, hacia quienes tienen la obligación de controlar el funcionamiento de la farmacia, particularmente en el caso de este tipo de medicamento, que tiene un costo por unidad de 700 y mil 200 pesos, dependiendo de la cantidad de miligramos.

El expediente de investigación OIC/ICHISAL/DE-073/2022 tendría entonces que ampliarse, en la cadena de quienes debieron intervenir y no lo hicieron, sobre todo a tiempo y no hasta la intervención del Órgano Interno de Control, que está actuando, casi cuatro años después.

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Alejados totalmente de las influencias e intereses partidistas, vecinos de la zona Reliz junto con personal del Gobierno Municipal, realizaron una exploración de campo, como parte del compromiso que hizo la autoridad municipal con las familias en la pasada audiencia pública celebrada en marzo.

Ahí no estuvieron las cámaras de los medios paleros o influencers recién salidos del anexo, pagados por Morena.

Estuvieron únicamente los legítimos interesados en mejorar las condiciones de vida de todos los que habitan en los fraccionamientos ubicados en la prolongación Teófilo Borunda.

Ellos pudieron explicar en vivo y en directo los problemas que sufren y los horarios exactos, porque justo estas exploraciones se hicieron a las cinco de la tarde y las siete de la mañana.

Con eso podemos notar que la administración de Bonilla busca verdaderas soluciones y no como ocurre en la torre legislativa, donde utilizan a las personas para manifestarse frente a Presidencia Municipal para luego desecharlas.

Así ocurrió con el caso de las vecinas supuestamente afectadas con daños en sus viviendas del fraccionamiento Sierra Azul.

Pero en el lugar, la comunicación fue en dos vías, por un lado los afectados expusieron sus problemáticas, como el tráfico en horas pico, el ganado suelto, accesos vehiculares y por el otro tanto el director de Obras Públicas como la coordinadora de Participación Ciudadana, pudieron exponer las soluciones que ya están aplicando para mejorar las condiciones de dicha zona.