En Chihuahua, como en muchas regiones del país, la inseguridad ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una amenaza estructural que vulnera no solo a la ciudadanía, sino también a las propias autoridades municipales. En este escenario, el gobierno federal ha respondido con una estrategia que recuerda, en tono irónico, el milagro de los panes: en lugar de soluciones, multiplica los planes.
Pero esta multiplicación no equivale a planificación. Y es aquí donde la ciudadanía, los medios y los actores locales debemos ejercer una obligación cívica: exigir que se comprenda, practique y evalúe lo que realmente implica planificar políticas públicas. ¿Qué es planificar políticas públicas? Planificar no es improvisar ni redactar documentos con títulos rimbombantes. Es un proceso técnico, ético y participativo que exige: 1. Identificación del problema público Reconocer una situación que afecta negativamente a la colectividad, con evidencia territorial y no solo mediática. 2. Diagnóstico estructural y normativo Analizar causas profundas, actores involucrados y capacidades institucionales. Implica integrar datos, testimonios y marcos legales. 3. Definición de objetivos claros y medibles No basta con “combatir la inseguridad”; se requiere establecer metas verificables, alineadas con derechos constitucionales y con enfoque territorial. 4. Diseño de alternativas viables Evaluar estrategias posibles (prevención, regulación, fortalecimiento institucional) con análisis de costos, impactos y coordinación intergubernamental. 5. Planificación operativa Asignar recursos a las acciones específicas, definir responsables, establecer cronogramas y garantizar mecanismos de seguimiento. 6. Implementación con trazabilidad Ejecutar conforme al plan, con monitoreo continuo y capacidad de adaptación. 7. Evaluación y rendición de cuentas Medir resultados, transparentar decisiones y corregir el rumbo cuando sea necesario. ¿Por qué importa esto en Chihuahua? Porque los municipios no son meros receptores de violencia, sino actores clave en la resiliencia territorial. Y porque la inseguridad no se combate con propaganda, sino con planificación estratégica que reconozca las capacidades locales, fortalezca la gobernanza y articule esfuerzos entre órdenes de gobierno. En este contexto, la proliferación de planes sin diagnóstico ni evaluación representa una forma de simulación institucional. Se anuncian medidas sin sustento técnico, se repiten fórmulas sin adaptación territorial y se omite la participación ciudadana. Seguridad con planificación, no con ocurrencias La seguridad pública exige políticas públicas auténticas, no rituales burocráticos. Y eso implica: • Legalidad: que cada plan esté respaldado por marcos normativos vigentes. • Participación ciudadana: que se escuche y se integre la voz de quienes viven la inseguridad. • Eficiencia: que se optimice la aplicación de los recursos públicos, no se dilapiden en publicidad política. • Equidad: que se atienda a los municipios más vulnerables con criterios justos. • Transparencia: que se informe con claridad y se rinda cuentas. • Evaluación continua: que se corrija el rumbo cuando los resultados no llegan. La retórica del plan sin planificación Quienes hemos participado en procesos de planificación pública sabemos que un plan no se decreta: se construye. La proliferación de planes instantáneos, sin diagnóstico ni trazabilidad, revela una insolvencia disciplinaria que no es menor. Es la renuncia al rigor técnico, al compromiso ético y a la responsabilidad política. Son planes por designación retórica: se nombran para ser anunciados, no para ser implementados. Y en ese vacío, la ciudadanía queda expuesta a la repetición de fórmulas sin sustento, mientras se posterga la construcción de políticas públicas auténticas, con enfoque territorial, participación ciudadana y evaluación continua. Obligación editorial y ciudadana Como colaborador de la sección de Opinión de El Diario de Chihuahua, asumo la responsabilidad de contribuir a esta conciencia. No basta con denunciar la violencia: hay que exigir planificación real, con trazabilidad normativa, enfoque territorial y legitimidad informativa. La ciudadanía chihuahuense merece más que promesas. Merece políticas públicas que respondan a su realidad, que fortalezcan sus instituciones locales y que respeten su derecho a vivir en paz.