-Ley de Aguas, ¿justicia hídrica o vil despojo?

-Respaldo municipal y estatal en Guadalupe

-Omite la 4T estadística de extorsiones

El Tribunal Estatal Electoral acaba de darle otro garrotazo al regidor Miguel Riggs Baeza, el expanista, exnaranja y hoy morenista que insultó en una sesión pública a la síndica, Olivia Franco, con un calificativo que más bien lo define a él mismo.

Ya inscrito en un registro nacional de políticos violentadores, el edil fue obligado a ofrecer una disculpa pública a Franco, la cual hizo de forma por demás superficial y casi con el clásico de “ahí perdonen si ofendí a alguien”, sin reconocer con claridad su falta, sin comprometerse a la no repetición y con un lenguaje tendiente a diluir su responsabilidad en el acto.

Por los términos en que presentó su disculpa, el TEE, a través de la ponencia del magistrado presidente, Hugo Molina, consideró que no cumplió con los términos en que fue ordenada la sentencia inicial, así que lo instruyó a formularla de nuevo, en otra sesión pública y sin los regateos que caracterizaron a la primera.

La sentencia que obligó a las disculpas de Riggs Baeza contenía seis elementos claros, que cualquier edil entendería. Cualquiera, menos el expanista, encumbrado en el PAN cuando su jefe grupal, Javier Corral, lo hizo síndico de la capital.

Falló en todos los puntos que le dictó el tribunal: reconocimiento claro de responsabilidad, con una formulación que pasa el peso del agravio a la percepción de la víctima, no al hecho objetivo (insultar a la síndica con una palabrota cuando creía que no lo escuchaban); e identificación de la víctima y del hecho, con un planteamiento que no menciona de forma clara la conducta o expresión específica que generó el daño.

Tampoco cumplió en el reconocimiento del impacto del hecho; en el compromiso explícito de no repetición; en la adopción de medidas para evitar la repetición; en la instrucción de utilizar un lenguaje claro, respetuoso y empático, específico al caso producto de este proceso, no con referencias a puras generalidades.

Así, Riggs tendrá que ofrecer nuevamente disculpas en breve, a menos que quiera alargar el proceso con otros recursos, mientras sigue inscrito en el padrón de violentadores. La noticia llega después de que todos los ediles barrieran y trapearan con él tras descubrir que hizo una propuesta para un reglamento de movilidad en Chihuahua, que plagió vilmente de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Cómo no van a decir, entre los regidores de la capital, que a su colega morenista lo describe de cuerpo entero el insulto que dirigió hace meses, en una sesión pública, a la síndica panista.

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La nueva Ley General de Aguas no sólo redefine cómo se administra el recurso más escaso de México, también mueve las placas políticas en estados donde el agua es poder, como en Chihuahua, donde cada litro es disputa y cada concesión tiene nombre y apellido.

Por décadas, el control del agua fue un equilibrio tácito entre productores, municipios y autoridad estatal, con la deficiente regulación de funcionarios federales que bailaban al ritmo del dinero. Los distritos de riego operaban -lo hacen todavía- como repúblicas semiautónomas; las autoridades locales sobrevivían con pozos y convenios; y la Federación, a través de la Comisión Nacional del Agua, solía mirar hacia otro lado.

Esa estructura de “autonomías de hecho” está en la mira del nuevo marco jurídico. La Ley General de Aguas devuelve a la Federación un papel central. Las concesiones deberán revisarse con criterios de prioridad social y sustentabilidad; el agua ya no podrá venderse ni transferirse libremente y los títulos quedarán sujetos a auditorías y posible revocación.

En el papel suena justo. En la práctica, implica que muchas decisiones locales pasarán a la ventanilla federal.

Esa centralización ya preocupa a productores y cabezas políticas regionales. Temen perder margen sobre tarifas, pozos y redes de abasto, y que la renovación de concesiones se convierta en un arma política.

En medio, el Gobierno estatal busca un equilibrio difícil: no romper con la Federación, pero tampoco quedar como simple gestor de órdenes emitidas desde la Ciudad de México.

La realidad de nuestros tiempos es que el agua se ha vuelto un terreno de poder. En municipios agrícolas como Delicias, Camargo o Meoqui, la incertidumbre sobre concesiones ya se traduce en organización gremial. En Juárez y Chihuahua capital, los sistemas municipales de agua prevén ajustes tarifarios y nuevas reglas de operación.

El discurso de “uso humano prioritario” suena bien, pero en una región donde el 80 por ciento del recurso se va al campo, implica reordenar intereses con peso electoral.

El desafío es que el Estado -con minúscula y mayúscula- encuentre un punto de equilibrio entre justicia hídrica y gobernabilidad. Porque si la transición se percibe como imposición, no faltará quien la capitalice políticamente.

Ya hay visos de rebelión; una norma que se presume como justa y necesaria, pero no acaba de convencer a nadie; y una total falta de atención política al tema, al menos desde la parte federal.

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Ayer, los ganaderos del seccional rural de Guadalupe fueron nuevamente beneficiados con maíz rolado para alimentar su ganado.

El Gobierno del Estado “se puso la del Puebla” para no quedarse atrás del gobierno municipal y entregaron tres mil costales de alimento.

Previo a la temporada de lluvias, el régimen de Marco Bonilla, con recurso propio, entregó a 852 productores mil 125 toneladas de este alimento y en esta entrega el Estado en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural entregará otras 241 toneladas en las cinco seccionales.

La misma representante de la Secretaría de Desarrollo Rural reconoció la política del Municipio de Chihuahua centrada en apoyar a los ganaderos de Chihuahua capital y de ahí la decisión de seguir apoyando con una segunda entrega por año.

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Salió mal parado el estado de Chihuahua en las estadísticas sobre el descenso en asesinatos dolosos que presumen la presidenta, Claudia Sheinbaum, y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Lo anterior, independientemente de que los números alegres del gobierno federal son muy cuestionados por los analistas, porque sacan de la ecuación las extorsiones, que se han incrementado en los mandatos morenistas.

En la Mañanera del martes, la Presidenta presentó gráficas donde compara los últimos cuatro sexenios, y en el que le va mal a Felipe Calderón.

Según sus propios datos, como diría AMLO, hay una baja de 37 por ciento en la incidencia de homicidios en el país, puesto que en septiembre de 2024 se reportaban 86.9 asesinatos al día en promedio y la cifra en octubre de 2025 fue de 54.6.

El mes pasado, siete entidades concentraron 51 por ciento de los asesinatos, siendo los tres primeros Chihuahua con el 9.2 por ciento del total; Guanajuato en segundo con el 8.6 y Sinaloa el tercer lugar con el 7.7 por ciento.

Por otra parte, siete estados agrupan la mitad de los homicidios cometidos durante el año, y ahí aparece Chihuahua en el segundo lugar nacional con el 7.6 por ciento, debajo de Guanajuato que alcanzó el 11.1 por ciento; pero por encima incluso de Sinaloa, que ocupó el cuarto lugar con el 7.1 por ciento.

No obstante, ayer miércoles, el sitio especializado en periodismo de datos, Animal Político, publicó que el número de víctimas de extorsión en México alcanzó su mayor nivel en una década al sumar 9,436 casos de enero a octubre de 2025. Esta cifra es 3.5 % mayor a lo registrado en el mismo periodo de 2024. Pero eso no lo presume tanto la 4T, evidentemente.

Cifras más, cifras menos, lo cierto es que en cualquier escenario, Chihuahua sale mal librado en las estadísticas sobre seguridad, y si bien este tipo de delitos son de índole federal, es evidente que ahí hay que aplicarse más, no cabe aquello de que “en tierra de ciegos, el tuerto es rey”.