-Temor en Parral por repercusiones de masacre

-Mucha democracia, pero no para regidores

-Bonilla y los observadores ciudadanos

Los aguerridos productores del campo de la zona sur del estado volvieron a encender los tractores para marchar ahora hasta Chihuahua, a donde llegará una caravana convocada por la organización Agricultores Unidos de Chihuahua.

El objetivo es tan simple como urgente: pedir a los diputados federales que no aprueben la nueva Ley de Aguas Nacionales, a punto de votarse en el Congreso de la Unión.

La protesta no surgió de la nada. Es la continuidad natural de la mega marcha del sábado pasado, donde agricultores de Saucillo, Meoqui, Rosales, Julimes y Delicias salieron a las calles para dejar en claro que el agua es vida para el campo y cualquier reforma que la ponga en riesgo tendrá respuesta.

En esa movilización se acordó la jugada de una caravana hacia Chihuahua para intentar encontrarse con los diputados de todos los partidos, para hacerles saber que la iniciativa no puede pasar tal y como está redactada.

La cita está pactada para mañana a las 12 del día en el Congreso del Estado. Y los productores aseguran que no irán a pedir favores, sino a exigir garantías.

Entre quienes han dado voz a las inconformidades destaca la coordinadora del movimiento, la adelita Alexa Jiménez, quien ha señalado con precisión los puntos más delicados de la propuesta.

El primero -y quizá el más irritante- es la excesiva centralización de decisiones en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, que terminaría por burocratizar trámites y asfixiar a los productores que dependen de respuestas rápidas para no perder ciclos agrícolas completos.

Otro asunto que ha encendido alarmas es la criminalización de faltas administrativas, pues varios artículos de la propuesta convertirían errores, omisiones o trámites tardíos en delitos perseguibles, como si el agricultor promedio fuera un delincuente y no un trabajador que lucha por sacar adelante sus tierras.

La tensión también pasa por el intento de que Conagua tenga la última palabra en las transmisiones de derechos de agua, incluidas herencias.

Para el sector agrícola, esa es una línea roja. La tradición dicta que el agua -como la tierra- se hereda y se cuida en familia, por ser precisamente patrimonio familiar; transferir ese control al escritorio de un burócrata en la Ciudad de México se percibe como una expropiación disfrazada de ordenamiento.

Y si algo faltaba, la iniciativa también pretende desvincular los derechos de agua de la tierra, lo que, según los productores, fragmenta aún más la productividad del campo y abre la puerta a presiones, especulación y pérdida de soberanía sobre los recursos hídricos.

***

El alcalde de Parral, Salvador “Chava” Calderón, recibirá hoy a la mesa de seguridad estatal, tras la masacre registrada en el carril de carreras de caballos Santa Teresa, el pasado sábado, en un nuevo episodio de la narcoguerra regional de La Línea contra Los Salgueiro.

Más que el recuento de los daños y los informes sobre el bien planeado golpe “liniero” de “El Piporro” que evidenció a sus rivales, lo que estará sobre la mesa serán las estrategias de contención de una oleada de violencia en Parral y sus alrededores.

Es obvio el temor de la población y de las autoridades a las repercusiones que pueda traer la masacre, pues tal afrenta contra el debilitado grupo de la Gente Nueva seguramente no tendrá a sus líderes con los brazos cruzados.

Hay tenemos de ejemplo a Guachochi y a la región de Guadalupe y Calvo. La paz está tan desaparecida para sus habitantes como las autoridades municipales.

***

Si en algo tienen razón las organizaciones sociales que promueven la elección directa de regidores es que el Congreso del Estado ha quedado a deber en su tarea de normar este procedimiento para la integración de los cabildos, aprobado en un transitorio para luego ser echado al cajón del olvido.

Hace unos días, acudieron a la torre legislativa los representantes de Asambleas de Organizaciones de Ciudad Juárez, Raúl Zaragoza; Lyzeth Cassini, de Coparmex Nuevo Casas Grandes; Gilberto Sánchez, de Coparmex Chihuahua; Ana Terrazas, de Trabajando por Mi Ciudad, de Cuauhtémoc y Carlos Olvera de la organización Escuela Radical, entre otros.

Fueron a presentar el movimiento “Yo Elijo Regidor”, que exige al Legislativo depure la norma que daría vida jurídica real y aplicabilidad a la elección directa de regidores, porque ahora hasta los jueces son electos de forma democrática, pero los ediles, los más cercanos al ciudadano en la teoría, siguen siendo electos mediante planilla.

La reforma fue hecha para que exista vínculo, arraigo y pertenencia de los regidores con una demarcación territorial de su ciudad; para que conozcan de primera mano las necesidades de la población que, se supone, representan.

Sin embargo, los legisladores se han mostrado lentos en las necesarias adecuaciones a las normas para acabar con el modelo actual en el que los ediles son postulados por los partidos en acuerdos grupales internos, para luego llegar al poder sin siquiera conocer sus ciudades o pueblos.

***

La administración del alcalde, Marco Bonilla, vuelve a colocar la transparencia en el centro de su agenda, con la integración de la plantilla de Observadores Ciudadanos que vigilarán que la consulta del Presupuesto Participativo 2026 se realice en total libertad y con base a las reglas de operación.

La consulta que se realizará el 29 y 30 de noviembre será, una vez más, una oportunidad para que las y los chihuahuenses decidan directamente qué proyectos transformarán sus colonias el próximo año y la figura de los Observadores Ciudadanos fortalece la legitimidad del proceso, pues supervisarán la instalación, operación y cierre de los centros de votación.

La alcaldía ha insistido en que la mejor forma de hacer gobierno es con rendición de cuentas y con vigilancia abierta y a diferencia de otros municipios Chihuahua vuelve a apostar para que la ciudadanía sea protagonista y porque la transparencia sea el camino para construir confianza duradera.

***

El exvocero del Poder Judicial en el Estado, periodista Luis Rubén Maldonado Alvídrez, fue reconocido por la revista Washington ComPol, -en Washington DC- como uno de los 100 profesionales de la comunicación política más influyentes en el 2025.

En dicha lista se encuentran personajes de toda América Latina como la estratega mexicana e integrante del equipo de Marco Bonilla, Gisela Rubach.

También Javier Sánchez Galicia, y las estrellas de la operación digital mexicana y con historial de trabajo en Chihuahua Miguel Valdez, Aureola del Sol.

También el yucateco Mario Padrón y el creativo favorito de la 4T David Silva.

Agregaron a perfiles de larga trayectoria como los argentinos Carlos Fara, Gabriel Slavinsky y Mauricio Jaitt; así como los colombianos Mauricio De Vengoechea que justo ganó la reelección presidencial en República Dominicana.

La distinción incluyó el trofeo “Diamante ComPol”, que en el caso de Maldonado el motivo fue por: “Coordinar la comunicación institucional del Poder Judicial de Chihuahua ante la inédita elección de magistraturas y juzgados, garantizando mensajes claros,

transparencia y confianza pública, con protocolos de vocería, gestión de crisis y rendición de cuentas”.

Eso fue lo que dejaron ir los actuales administradores del Tribunal de Justicia, hijos de los acordeones “electorales”.

***

Más allá de los dimes y diretes sobre la naturaleza del movimiento Generación Z, que por cierto amaga con manifestarse el próximo jueves 20 de noviembre, diversos estudios, más académicos que políticos, ponen en el foco la situación de millones de niños, adolescentes y jóvenes en el país.

Por ejemplo la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), asegura que alrededor de 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados por organizaciones criminales.

Y de acuerdo con las investigaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ya el narcotráfico recluta a niños entre ocho y diez años de edad, ya sea como mensajeros, “halcones” o hasta robacoches.

Como se sabe, los menores que son enganchados por el narco son víctimas fáciles de cooptar, porque viven en colonias marginadas y en familias con condiciones precarias

Por otra parte, ayer mismo, un impreso afín a la 4T publicó que, con datos del INEGI, el 47% de la Generación Z, con edades entre los 15 y 20 años, se encuentren desempleados.

Esto significa que, de los 30.4 millones de personas en este rango de edad, 14.5 millones no desempeñó ninguna actividad económica en el primer trimestre de 2025.

Si bien el régimen actual se esfuerza por paliar la situación con becas y estímulos con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, está claro que no es suficiente.

De ahí quizá que las manifestaciones de la Generación Z sólo representen la punta del iceberg de un problema estructural muy grave, y que implicaría que todos los sectores y actores políticos se involucren, en vez de solamente estarse sacando la lengua entre sí.