-Prianistas atenderán a campesinos; Morena, no

-Encuentro en la UACH que trasciende a lo académico

-Bonilla le sabe a la Ley de Aguas

La masacre de siete personas en el carril Santa Teresa de Parral, que obligó a una movilización de tropas militares y de la Secretaría de Seguridad del Estado a la región, trajo consigo, otra vez, la cancelación de actividades sociales, educativas, recreativas, turísticas y culturales.

Justo al día siguiente del violento episodio, estaba programada la tradicional carrera de caballos Satevó RaceTrack, cuya fama trasciende las fronteras estatales, pero con lo ocurrido a unas cuantas horas de ese municipio, terminó por abortarse ya entrada la noche del sábado.

Esta cancelación, según los conocedores, dejó daños millonarios, tanto por las apuestas que estaban cruzándose entre las cuadras La Esperanza y La Estrella Santa Cecilia, como por la derrama económica que deja esta actividad por el consumo de comida, alcohol y hospedaje.

Las carreras de Satevó podrían ser el mayor ejemplo del daño que deja la violencia en el estado, manchado tanto por el estigma con el que cargan las apuestas en los carriles, como por toda la economía, la diversión y el entretenimiento afectados en los pueblos con estas actividades.

Pero además de esos millones perdidos y las molestias ocasionadas a quienes van a la competencia y no a festejar negocios sucios, hubo suspensión de clases en escuelas incluso de nivel medio superior, como el Conalep y Bachilleres, que comunicaron oficialmente la medida preventiva.

Asimismo, fueron afectadas actividades cívicas, festejos con motivo del Día de la Revolución que se celebra hoy, en Parral, Villa López, Santa Bárbara, Coronado y otras poblaciones, ante la previsión de que puede escalar la guerra entre La Línea de Jiménez y Los Salgueiro-Gente Nueva, estos últimos dolidos por el ataque en el hípico Santa Teresa.

De nueva cuenta, como ocurrió con el corredor desde Santa Isabel hasta Guachochi cuando hubo un enfrentamiento armado en Gran Morelos, la noche previa al festejo del Grito de Independencia, ahora la afectación corrió a la parte sur del estado.

La psicosis social no es tema menor y es producto de estos hechos violentos en los que bien pueden caer tanto civiles inocentes y desarmados que presuntos integrantes de los cárteles. Por ello, los esfuerzos de la autoridad deben dirigirse a no dejar los crímenes impunes, para generar la percepción de que sí existe control gubernamental para evitar la repetición de estos graves episodios de violencia.

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Hoy durante la mañana, los diputados federales del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano habrán de recibir a los productores que se han manifestado contra la nueva Ley de Aguas Nacionales. Serán atendidos en el Congreso del Estado por gestión de los coordinadores de los diputados locales, principalmente del panista, Alfredo Chávez.

Están confirmados para asistir, por parte del tricolor, Tony Meléndez, Alejandro Domínguez y Noel Chávez; por Acción Nacional las diputadas María Angélica Granados y Carmen Rocío González, así como el senador Mario Vázquez Robles; e incluso del partido naranja, asistirá Alfredo “Caballo” Lozoya.

De esta forma, será el bloque PRIAN-MC el único que atienda el reclamo de los productores agrícolas de Chihuahua, especialmente de la zona centro-sur del estado, que se han levantado en protesta contra la norma propuesta desde Palacio Nacional para regular de forma más estricta los usos de agua.

Los morenistas, coordinados por Cuauhtémoc Estrada, no movieron un dedo para que acuda alguno de los diputados federales del estado, que son mayoría, menos los senadores del estado, Andrea Chávez, Juan Carlos Loera y Javier Corral, que podrían marcar la voz discordante de la aplastante mayoría guinda del Legislativo Federal, pero no quieren meterse en broncas.

Morena ha optado por encasillar, como siempre, a una protesta social con la marca de los partidos políticos opositores, estrategia cada vez más gastada y que en algún momento dejará de ser efectiva, sobre todo si no hace el mínimo intento de escuchar y dialogar con quienes reclaman las decisiones de la 4T.

A estas alturas, en medio de las declaraciones estridentes de los opositores que ven la dictadura en la Ley de Aguas y de los oficialistas que supuestamente van a combatir la corrupción en el sector con la nueva norma, ningún morenista ha sido capaz de explicar de forma sencilla cuál es el espíritu y la redacción clara de esta reforma que habrán de imponer.

Les gana la soberbia y la repetición irracional del discurso oficial. Ni siquiera han leído detenidamente la propuesta, y si no han sido capaces de explicarla con claridad menos han hecho el esfuerzo de escuchar los temores de quienes observan un peligro para su patrimonio.

Así, no hacen más que acumularle millas al desgaste que indudablemente deja el ejercicio del poder, sobre todo cuando se ejerce de la manera en que lo hacen.

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A pesar de que esta semana la Universidad Autónoma de Chihuahua tuvo una pausa académica derivada por el día inhábil del pasado lunes, no fue pretexto para presentar exitosamente su Congreso Internacional UACH 2025.

Un encuentro logístico y académicamente organizado por la alma mater y la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera de las Instituciones de Educación Superior (Amereiaf).

Por supuesto que este encuentro trasciende por completo lo meramente académico. Bajo la dirección del rector, Luis Rivera Campos, el congreso ha logrado tejer una red de interés que atrapa no sólo a la comunidad universitaria, sino también a los núcleos de poder empresarial, jurídico y, de manera muy significativa, gubernamental. Es aquí donde la universidad demuestra ser articuladora de diálogos nacionales.

Entre los asistentes se encuentran figuras clave para el desarrollo político y educativo del país. Destacan el doctor José Jafet Noriega Zamudio, presidente de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en la Educación Superior; y el doctor, Luis Armando González Plascencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES.

A ese grupo se suman David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación; y la doctora Ana María Piñeros, rectora de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas de Colombia, lo que imprime un valioso componente internacional al evento.

Precisamente, en el corazón de este encuentro, el rector ofrecerá una cátedra sobre un tema que define el rumbo de la educación superior en el siglo XXI: la internacionalización.

Su ponencia promete ir más allá de la retórica y destacar cómo este proceso es una estrategia fundamental, no un lujo. Se trata de una herramienta para fortalecer la proyección global de la universidad, impulsar la investigación de frontera y, lo más importante, abrir un mundo de oportunidades tangibles para estudiantes y académicos.

Los trabajos del congreso, que comenzaron ayer, mantendrán su intensidad hasta mañana.

Estos días no son solo un simposio más, son una declaración de intenciones. La UACH no se está limitando a formar profesionales, está activamente modelando el ecosistema en el que estos profesionales se desenvolverán.

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En Meoqui, el alcalde Marco Bonilla lanzó una advertencia que resonó entre productores, académicos y especialistas del agua: la reforma a la Ley de Aguas Nacionales es “la estocada final al campo en México”.

Al participar en el Congreso Municipal de Sustentabilidad y Financiamiento Verde, Bonilla hizo un diagnóstico técnico desde su experiencia como asesor legal ambiental.

Sostuvo que esta reforma causa alarma porque evidencia la barbaridad que plantea la propuesta de eliminar la transmisibilidad de los títulos de concesión.

Bajo ese escenario absurdo y hasta fuera de la Constitución, la tierra sí puede heredarse, pero el pozo de agua no; y de aprobase tal cual por la Cámara de Diputados y Senadores, la tierra perderá su valor, afirmó.

Si el dueño no es del agrado del gobierno federal, simplemente le quitan la concesión del agua y quedarán en la imposibilidad de regar sus huertos o árboles frutales, y eso es un golpe directo al patrimonio familiar de generaciones.

Si además se suma el riesgo de que un comité en la Ciudad de México decida libremente a quién otorgar los títulos, ignorando derechos sucesorios y la historia productiva de cada parcela, el resultado es claro: más corrupción, más discrecionalidad, más castigo para quien produce y trabaja, dijo el también aspirante a gobernador.