-Lilia da la cara por la 4T en guerra del agua
-Faltan los verdaderos autores intelectuales -Bastante respetable la municipal en el desfileNo pueden obviarse, por públicos y conocidos, dos aspectos importantes sobre el exalcalde de Ignacio Zaragoza, Lauro Orozco Gómez, ejecutado de dos certeros balazos en el cuello y la cabeza la tarde del pasado miércoles, en una de las calles principales de su municipio.
El primero es su relación con el negocio del alcohol y la cerveza, legítimo, normal, habitual y rentable, aunque muy peligroso en regiones como la que le tocó gobernar, con las siglas del PRI en la administración 2004-2007 y con la bandera de Movimiento Ciudadano en los trienios 2018-2021 y 2021-2024. En sociedad con familiares, según las investigaciones que sobre su entorno ha iniciado la Fiscalía General del Estado, esta era su actividad comercial más conocida, fuera de su desempeño público como presidente municipal en tres ocasiones. En esa labor andaba cuando fue alcanzado por, presuntamente, un solo tirador. De unos años a la fecha, el crimen organizado ha hincado los dientes en la distribución y venta de alcoholes en los municipios pequeños, los serranos y más alejados de la entidad, al grado de hacer huir a las grandes empresas que antes repartían directamente su producto. Igual que en otros negocios legítimos, los delincuentes han encontrado la forma de colarse, ante la vista nublada de las autoridades, particularmente las federales, que no ven o hacen como que no existe la delincuencia organizada, dejándole todo el paquete de la incidencia delictiva a los estados y municipios. El otro detalle o aspecto de la vida de Orozco Gómez son los cuestionamientos que enfrentó su última administración, en particular la Cuenta Pública 2022, tras ser revisada por la Auditoría Superior del Estado. Algunas versiones, en su momento, apuntaban a manejos financieros irregulares que comprometían alrededor del 10 por ciento del presupuesto municipal, que entonces rondaba los 50 millones de pesos, pero por la poca relevancia poblacional el tema ya no hizo mucho ruido en la opinión pública. La Auditoría de Cumplimiento Financiero al municipio en ese año culminó nomás con 23 observaciones, de las que ocho derivaron en Recomendaciones; seis acabaron en Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa; otras tres en Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; siete en Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos en Denuncias de Hechos (penales). La Fiscalía Anticorrupción debe tener detalles de lo que estaba en proceso contra el exalcalde o sus colaboradores, después de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa inhabilitara por 20 años al extesorero de la gestión de Orozco Gómez, Manuel Enrique Carbajal Córdova, hace apenas unas semanas. Por lo pronto, el crimen que impactó a la población y a toda la clase política por la incesante sucesión de hechos violentos en el estado, está envuelto en especulaciones sobre esos dos aspectos de la víctima, más que en certezas.***
Sólo la diputada federal del PT, Lilia Aguilar Gil, salió a dar la cara por la 4T en la guerra por el agua. Lo hizo a nombre de los diputados federales de su partido aliado de Morena, Greycy Durán y Roberto “Nono” Corral, ante la convocatoria para discutir la propuesta de una nueva Ley de Aguas Nacionales. A nombre de sus compañeros, la heredera del ex colmilludo Rubén Aguilar reiteró la voluntad de participar en cualquier foro, siempre que se convoque en tiempo y forma, en días que no haya sesión, pero no con eventos como el citado para ayer, para que sólo acudieran legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. En el marco de la discusión sobre la propuesta que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la Ley de Aguas, que principalmente se centra en poner en orden el derecho humano al agua previsto en el artículo cuarto constitucional, la petista sentenció que nadie votaría por afectar a los agricultores. Dejó entrever que, desde luego, hay intereses políticos que pretenden revivir la confrontación entre la Comisión Nacional del Agua y los productores chihuahuenses en 2020, pues para la 4T hay una narrativa montada para dividir y escandalizar, sin poner los puntos sobre las íes en esta materia. El problema es que fuera de Aguilar, ningún otro legislador morenista o petista, de los que forman la aplanadora en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, han salido a dar la cara y a explicar con argumentos los alcances de la polémica propuesta. Mucho menos han salido a definir una postura clara, concreta, ni el sentido de su voto, lo que es grave porque, como es muy sabido, cada planteamiento de Palacio Nacional es tomado como una orden por los diputados morenistas y aliados, así que ni una coma son capaces de moverle.***
La aprehensión de Jorge Armando ‘N’, alias “El Licenciado”, como uno de los cabecillas de la célula delictiva que asesinó a Carlos Manzo, le quita mucha presión al gobierno de Claudia Sheinbaum pero a la vez acrecienta las dudas sobre la verdadera autoría intelectual; incluso hay quienes especulan que se trató de un crimen de Estado.
El mismo día del anuncio de Omar García Harfuch, saltó el diputado local por Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, miembro activo del Movimiento del Sombrero, quien insistió en que sean investigados el diputado y exgobernador Leonel Godoy Rangel; el senador Raúl Morón; y el expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, a quien Carlos Manzo señalaba como personajes que conspiraban en su contra. La viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, ratificó en una entrevista con Carlos Loret, que su esposo había señalado en redes sociales a esos políticos morenistas. Por lo pronto el senador Raúl Morón salió a medios para declarar que no tiene nada que ver y que está dispuesto a comparecer ante las autoridades de justicia. La especulación se nutre también de la percepción de que Carlos Manzo podría arrebatarte la gubernatura de Michoacán a Morena, nada menos que la cuna de la izquierda cardenista, y en donde el crimen organizado ha penetrado en las estructuras mismas del poder. De acuerdo con García Harfuch, el asesinato se coordinó a través de un grupo de mensajería. La clave fue el registro de las conversaciones en los móviles de Ramiro ‘N’ y Fernando Josué ‘N’, cuyos cuerpos fueron encontrados en la carretera Uruapan-Paracho, el 10 de noviembre. En ese chat, los implicados intercambiaron información sobre la ubicación del alcalde. “El Licenciado” instruyó a ejecutarlo en el Festival de las Velas, el primero de noviembre. Sin embargo se especula que el implicado era, a lo más, un coordinador del grupo delictivo. Las preguntas siguen siendo quiénes y por qué. Prevalece en la opinión pública un natural escepticismo ocasionado justo porque Manzo no sólo incomodaba a la delincuencia organizada sino también a la clase política del estado que se sentía amenazada por su crecimiento.***
Mostró musculo el alcalde Marco Bonilla durante el desfile cívico-deportivo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, con las capacidades que tiene la Dirección de Seguridad Pública Municipal para cuidar a las familias de Chihuahua Capital.
Participaron 386 elementos entre agentes tácticos, de inteligencia, bomberos, cadetes, escolta, todos aplaudidos por la ciudadanía, particularmente por la representación de una detención en la con intervención de un elemento K-9.
Otro aspecto llamativo fueron las unidades de seguridad, los todo terreno, las cuatrimotos, bomberas y motocicletas del grupo 300, que demostraron agilidad para maniobrar a altas velocidades.