-Estrena Santiago Bowís como sonaja nueva

-Cabrito y las de harina para 13 magistrados

-Alito, la dulce venganza de la 4T

Después de dos meses con las obras suspendidas, reinició la construcción de la gasolinera turbia ubicada en la esquina del periférico Lombardo Toledano y bulevar Juan Pablo II, ubicada enfrente, a unos 200 metros, de otra estación de servicio.

El proyecto empresarial registrado a nombre de Gabriel Leyva o Servicio Leyva, con muy interesantes antecedentes en la peligrosa región de Nuevo Casas Grandes, tiene la peculiar característica de que viola la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.

La norma estatal establece claramente que no puede operar un expendio de gasolina a una distancia menor a mil 200 metros radiales de otro, lo que contraviene la obra de desmonte y edificación actual en el lugar, que estuvo frenada unos meses, pero como por arte de magia -o de moche- reinició de pronto esta semana.

Entre Federación, Estado y Municipio institucionalmente se han echado la pelotita: que los permisos de construcción y uso de suelo son locales; que la anuencia para hidrocarburos es federal y que a nivel estatal la autoridad es solo observadora de cómo la Ley es pisoteada, porque ya tiene las licencias federales y municipales.

Así, es una construcción fuera de la ley, pero permitida, tolerada, alentada y quizás hasta “lubricada” en algunos niveles del gobierno, tan “aceitada” como para pasar por alto normativas técnicas creadas para mantener el orden en las ciudades.

El atropello a las normas locales, por si fuera poco, llegó a frenarse, teóricamente, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace pocos menos de dos meses.

La Segunda Sala del tribunal constitucional determinó, en su tesis 2a./j. 46/2025 (11a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación a principios de agosto, que las reglas municipales y estatales en materia de expendedoras de combustible deben imponerse sobre los permisos federales, que han validado la operación de estaciones de servicio sin cumplir con los requisitos establecidos a nivel local.

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Indudablemente ha tenido una buena semana el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien ayer acompañó a la gobernadora, Maru Campos, a la entrega de las 40 nuevas unidades para la ruta troncal del sistema de transporte Bowí.

Los reflectores estuvieron puestos sobre De la Peña Grajeda porque los camiones de la capital, como el año pasado fueron los de Juárez, son su juguete nuevo; son su sonaja promocional, por ser el único funcionario desde hace varios sexenios que le ha atorado a la problemática del transporte sin simulaciones ni dobleces.

El arranque de los nuevos camiones fue, pues, parte de la seguidilla alcista que ha logrado el número dos de Palacio de Gobierno, cuyo origen en el PRI y amistad con la mandataria estatal lo han mantenido en un terreno político tal vez confuso, pero a estas alturas son innegables sus aspiraciones.

Así, el arranque de los nuevos Bowí fueron el colofón de esa serie de eventos favorables para, al menos, parecer candidateable, ya fuera por la alcaldía capitalina o hasta por la gubernatura.

Primero, fue candidateado por la propia Campos Galván en la banquetera del lunes; luego se puso el saco cuando el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, dijo que el albiazul podría recurrir a perfiles externos para contender con sus siglas, en un ejercicio de inclusión y apertura democrática.

Posiblemente por eso, andaba el secretario con sonrisa de oreja a oreja, porque si bien no va en la pista totalmente panista, puede considerarse aspirante con la delantera para lo que se ofrezca, como él mismo lo sugirió luego de la generosa mención que le hizo su jefa.

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Sobre la reunión en un rancho de Camargo, de cuyo anuncio dimos cuenta en la entrega de GPS de ayer, nos confirman los conocedores de la región sur que el magistrado convocante, Gerardo Acosta Barrera, de la Cuarta Sala de lo Penal, acudió acompañado de varios colegas y bastantes jueces de primera instancia originarios de aquellos lares.

El cabrito y las de harina fueron los principales atractivos culinarios, pero en lo político los que siguieron de cabo a rabo la reunión nos informan que, si bien no acudieron los suficientes para una sesión del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al menos sí los tres siguientes presidentes, esos que por su nivel de votación asumirán de forma consecutiva una vez que acabe el periodo de dos años de Marcela Herrera Sandoval.

O sea que entre los asistentes estuvieron Yamil Athié Gómez, Claudia Cristina Campos y el organizador, Acosta Barrera, además de otros que todavía son unos perfectos desconocidos, pero hacen bola; el cálculo total es de unos 13 magistrados, sumándole a Perla Ruiz, Nyria Trevizo, Karina Castañeda, Hortensia García, Claudia Juárez Porras y otros. Cero fotos en redes ahora sí, pues ya no están en campaña; ahora son toda discreción y secretismo.

También acudieron flamantes nuevos jueces de Meoqui, Delicias, Jiménez, Parral y Camargo, todos apoyados por una aceitada estructura política regional que comandó el exdiputado priista Jesús José “Chuchi” Sáenz. O al menos fue el que puso el rancho para el llamativo encuentro, según los que observaron desde la entrada hasta la salida de los juzgadores.

El motivo formal de la reunión fue ofrecer una comida de agradecimiento a todos esos promotores regionales del voto, que tienen la marca del PRI tatuada en la frente, a favor de esos suertudos que ganaron la polémica elección judicial.

Pero, desde luego, tanto magistrado por un rumbo diferente al de los otros dos tercios da mucho de qué hablar en el Poder Judicial, también perdidos de su función jurisdiccional por andar viendo a qué hincan el diente en el aparato de justicia, al fin que nadie es capaz de ponerlos en orden, a pesar de que todos llegaron con su respectivo fierro político.

También anduvo ahí el exalcalde de Guachochi, Hugo Aguirre, asesor del Congreso del Estado, una aviaduría que le consiguió el ahora diputado federal, Noel Chávez.

Hugo está pegadito al Poder Judicial porque ahí labora su esposa.

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Circularon videos de las cámaras de los vecinos de Quintas Montecarlo. Fue literal un pleito entre perros y gatos, que un vecino mal intencionado aprovechó para sacar alguna frustración o jugar una bromita pesada, vaya usted a saber…

Pero este caso también saca a relucir algo más: lo distorsionadas que pueden ser las protestas de los grupos animalistas.

Semanas atrás veíamos cómo agarraban de pizarrón la Presidencia Municipal los antitaurinos protestando por un evento que ni siquiera sucedía en Chihuahua sino en Juárez,

Luego en Quintas Montecarlo esos mismos que organizaron las pintas en Presidencia, ni se aparecieron ni se posicionaron en la manifestación vecinal que se armó por la tarde.

Pareciera también que entre las asociaciones protectoras de animales están divididas. Cuando se han registrado casos mediáticos de maltrato animal, las mismas rescatistas se echan entre unas y otras, acusándose de malos manejos, disputándose quién debe quedarse con el pobre animalito. Si todas las asociaciones tienen el mismo fin, ¿por qué habrían de generarse esos conflictos?

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No termina Alejandro “Alito” Moreno de salir de una polémica cuando ya está envuelto en otro escándalo.

Se ha ido convirtiendo en la contraparte del morenista padrino favorito de Chihuahua, Adán Augusto, solo que desde la oposición.

Lo extraño, ahora, es que la propia presidenta Sheinbaum, alimente el circo mediático.

Resulta que la gobernadora de Campeche, la morenista Lydia Sansores, a quien también le encanta el protagonismo, ordenó la expropiación de tres predios del senador y dirigente nacional del PRI en aquella entidad, para construir la Universidad Rosario Castellanos.

Se trata, según declaró la mandataria, de tres predios de un total de 34 que posee Alito en Campeche, ubicados en el lujoso fraccionamiento Miramar, uno a nombre de su madre y los otros dos, contiguos, de su arquitecto.

Eso no es lo más grave. En La Mañanera del miércoles, al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum apoyó la decisión de Sansores, pero le añadió un comentario explosivo al asunto, al expresar que esos bienes proceden de la corrupción y del lavado de dinero.

En una larga publicación en su cuenta de X, Alito acusó a la Presidenta de calumniarlo desde la máxima tribuna del país y comparó: señaló que, cuando se trata de los casos de Adán Augusto López o de los hijos de López Obrador, siempre exige pruebas.

“Estas mentiras y calumnias no son otra cosa más que distractores de Morena para evadir su responsabilidad ante la evidente y desbordante complicidad entre el gobierno y el crimen organizado. Todo México y el mundo saben que son un narcogobierno corrupto, cínico y criminal”.

Es evidente que se trata de una venganza política que Alito se ha ganado a pulso, con esas denuncias contra el “narcogobierno” de Morena en EU.

Lo extraño es que la Presidenta Sheinbaum se haya extralimitado, innecesariamente en su comentario.