Cuando estudié mi licenciatura, -de las 35 o 40 materias que cursé-, la más difícil fue sin duda “Amparo”, en quinto año de la carrera.

Sin embargo, cualquier persona, creo yo, sabe lo que es el “amparo”; que si bien, -es un término jurídico bastante complicado de entender-, en el común de la gente, se sabe de él. Quizá no aplicado correctamente el término, pero apenas tiene alguien un problema legal, y todos a su alrededor le van a recomendar: “saca un amparo”. No necesitamos ser expertos en la materia o juristas de renombre, para saber que existe un instrumento legal de protección. Que ante un acto de autoridad, podemos recurrir al cobijo de la justicia.

Cobra entonces relevancia, lo que está ocurriendo estos días, a nivel legislativo, en tanto a las pretensiones de la Señora Sheinbaum, de modificar la Ley de Amparo. No se trata de actualizar o modernizar la normativa; sino que, es una nueva estrategia del gobierno federal, para centralizar aún más la toma de decisiones en el Poder Judicial, el cual ya de por sí, está sometido a los caprichos de la clase gobernante (entiéndase “narcopolíticos”); pero además, intentan privilegiar un criterio sesgado y a conveniencia de sus propios intereses, por encima de la protección a las y los mexicanos.

En el Senado ya se aprobó antenoche, con una votación de 76 a favor y 39 en contra. Como siempre, aprovechando la mayoría de Morena con sus aliados. Ha pasado el decreto a la Cámara de Diputados, en donde seguramente, aplicarán la misma situación, de no mover ni una coma, aprobando incluso sin leer las iniciativas.

Además de los bemoles que se le pueden encontrar al articulado, está otra cuestión bastante discutible. Ya que, intentan (mediante un transitorio), que los asuntos que están en trámite, se resuelvan conforme a la nueva Ley. Lo cual resulta inadmisible, dado que por derecho constitucional, está prohibida la retroactividad de la ley. En términos sencillos, eso significa, que no pueden aplicar una ley nueva, en un caso viejo.

Quisiera citar aquí textualmente, una parte del posicionamiento de la Senadora priista, Carolina Viggiano Austria, que dijo que los ciudadanos tienen derecho a que su caso se resuelva con las reglas vigentes al momento de presentarlo, por lo que cambiarlas despoja a los justiciables de garantías procesales que ya les correspondían, es decir que, si se aprueba una ley con efectos retroactivos, “los ciudadanos no sabrán nunca bajo qué reglas litigan”.

Esa parte, no venía en la iniciativa interpuesta por el Ejecutivo, sino que fue un senador de Morena, quien lo incluyó de último momento y así lo aprobaron en la cámara alta.

Yo quisiera pensar que será cierto lo que dijo la Presidenta (con A), que ayer declaró: “Hay que respetar la Constitución, que establece claramente que no debe haber retroactividad”. Sin embargo, ya hemos visto una y otra vez cómo se manejan estos falsos y mentirosos gobernantes de cuarta, de los últimos 7 años en nuestro país, que no hay manera de creer en sus palabras, mientras en los hechos, solo se dedican a destruir y a acabar con todo. Luego de que se establezca así en el decreto, seguramente saldrá con la “cantaleta” de que el legislativo es un poder autónomo. Después de eso, nadie dirá nada y los que salimos perjudicados, somos nosotros los simples mortales.

Ya se han dado muchos pasos en el camino hacia una dictadura, pues éste es uno más, contundente y grave. Con el supuesto de reducir los tiempos con los que se reciben sentencias, esta propuesta sería una vía para dar pie a la voluntad del gobierno, por conducto de sus jueces “a modo”, para dejar sin protección a las y los mexicanos, además de desampararnos ante detenciones arbitrarias, como sucede en países de corte socialista. Ni como protegernos. Ya ni el Chapulín Colorado podrá defendernos.

La mayoría de las y los ciudadanos, estamos tan inmersos en salir adelante con nuestro día a día; que difícilmente nos ponemos a analizar el acontecer nacional; ya lo que queremos es que el sueldo alcance para librar la semana o quincena, que temas como éste, los dejamos de lado; aspiramos a salir a estudiar, trabajar o quizá de paseo o diversión, tranquilamente, sin temor a la inseguridad potencial, que no nos preocupamos por reformas legales o lo que sea que estén haciendo los legisladores, gobernadores o alcaldes. Cuando en realidad, deberíamos hacer conciencia de todo lo que ocurre a nuestro alrededor y de cómo esas decisiones -eventualmente-, nos podrían afectar directamente, a nosotros o nuestras familias.

Por eso me pregunto: ¿Qué hay que hacer para sensibilizarnos al respecto? ¿Cómo llegar a más y más personas, para que dimensionen la gravedad de esta reforma? ¿Cómo podemos multiplicarnos y ayudar a detener y evitar este atropello a las garantías individuales, que tanto esfuerzo costaron consolidar?

Sirva este artículo, como un “granito de arena”; esperando que la gente que lo lea, se interese en el tema, busque opinión de abogados y juristas; que los estudiantes vean la manera de difundir sobre ello, y -sobre todo-, un llamado fuerte y claro, a la ciudadanía en general a no quedarse callados y sumarse para luchar y evitar este nuevo golpe que nos quiere dar Morena.

Ya es momento, de frenar tanta atrocidad. Momento de detener a estos detractores del pueblo, congregados en un movimiento antinacionalista llamado Morena. Ya es momento, de evitar que se consolide la dictadura que pretenden. Momento de concientizarnos y unirnos.

Ya es momento…