-Aplauden a la 4T... los extorsionadores

-Primeros cinco del panel para elegir auditor

-Ley Trasciende, de chihuahuense, en el Senado

La cacería de sicarios -o entre sicarios- desatada desde la matanza de San Nicolás de Carretas del pasado mes de septiembre, llevó a la cancelación de la Callejoneada Santa Isabel, programada para el seis de noviembre, organizada por instituciones públicas y privadas.

Como es sabido, la confrontación entre la familia del ahora desaparecido exalcalde de Gran Morelos, Gilberto Gutiérrez Montes, llevó a la fractura de una influyente organización criminal que tenía presencia desde Cuauhtémoc hasta Guachochi, pasando por todos los municipios de la región.

Esa balacera llevó, horas después, al incendio intencional de una propiedad de Gutiérrez Montes en Santa Isabel y a la explosión de una casa en un poblado cercano a la cabecera municipal de Belisario Domínguez, también propiedad de sus familiares.

Posteriormente tuvo repercusiones en San Francisco de Borja, Nonoava y Guachochi, así como chispazos en la zona rural de Cuauhtémoc; balaceras, masacres, cadáveres quemados, choques en plena carretera y múltiples reportes de los comandos armados en tránsito por toda la región, han sido constantes desde aquel 15 de septiembre.

Pero también ha sido constante la cancelación de actividades públicas, sociales, educativas, políticas, culturales y cívicas. Canceló su informe el alcalde de Carretas, Óscar Luis Miramontes Pérez; el Grito de Independencia y el desfile en los municipios alrededor, y hasta las clases en las escuelas de Guachochi.

Para dimensionar el tamaño del descontrol, de la inseguridad y la violencia, faltaba el anuncio de la Callejoneada Santa Isabel. El motivo oficialmente difundido en el comunicado de la organización fue el “de priorizar el bienestar y la seguridad de los asistentes”. No requiere de más explicaciones.

Si es real o no alguna amenaza sobre el municipio también conocido como General Trías, sale sobrando. El caso es que la determinación siembra miedo e incertidumbre entre la población que vive principalmente del turismo fugaz por la cercanía de la comunidad con la capital.

La decisión de cancelar la novena edición de este festival de fin de semana parecería que cuida la integridad de pobladores y visitantes, pero a la larga, de seguir las condiciones actuales, le afecta más agregarle cargas negativas al de por sí complejo fenómeno violento que enfrenta la región.

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Los diputados federales de Morena no son los únicos que aplauden su decisión de aprobar la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, iniciada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

También deben reconocer la nueva norma unos 150 ó 200 presos en Chihuahua por el delito de extorsión, considerado uno de los pocos en los que las autoridades han avanzado de forma consistente desde la década pasada hasta la actualidad.

La extorsión en el estado reventó junto con los peores años de la violencia, especialmente entre 2009 y 2013, pero algunas acciones directas -entre ellas sacar a la vieja Policía Federal de algunas tareas e incrementar las penas de prisión- llevaron a reducirla drásticamente, casi acercándola a cero en algunos años posteriores.

Pero ahora, mientras el Código Penal del Estado considera sanciones de cinco a 30 años de prisión en unos casos; de 10 a 30 años en otros y hasta de 15 a 40 años cuando hay condiciones más graves, la Ley General aprobada en San Lázaro limitará las penas hasta los 25 años de cárcel.

Si bien para gran parte del país eso es un brinco en las sanciones, en el caso de Chihuahua representa un retroceso, una disminución aplicable para los próximos extorsionadores que puedan ser detenidos, así como para los que ya están presos, pues al representar un beneficio, los sentenciados actualmente podrían pedir su aplicación retroactiva.

Por ello los aplausos a la 4T de parte de los extorsionadores y las gracias a quienes no hicieron el trabajo técnico para fundamentar la iniciativa de Sheinbaum. Si hubieran hecho la tarea, verían que Chihuahua era reconocido como ejemplo nacional en el combate a la extorsión desde hace muchos años y su caso de éxito podría haber sido replicado en otros estados.

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La Junta de Coordinación Política aprobó ayer los primeros cinco perfiles que habrán de conformar el panel que valorará a los aspirantes a ocupar el puesto de auditor superior del Estado, ahora que a finales de noviembre concluye su periodo Héctor Acosta Félix, quien tiene la oportunidad de reelegirse.

Los legisladores designaron la contadora pública Carmen Beltrán Hernández, quien ya tiene experiencia en esta labor, dado que participó en el panel para la selección de titular de la Fiscalía Anticorrupción.

Otra de las panelistas propuestas ayer, Nayiki Elena Olivas Arredondo, es abogada litigante con 20 años de experiencia, quien también participó en un proceso de selección anterior y además formó parte de los especialistas que apoyaron a la Fiscalía General del Estado para el desarrollo de un portal digital orientado a la presentación de denuncias empresariales.

También fue designada Yazmín Alejandra Rivera Castillo, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados-Capítulo

Chihuahua y catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua; Jorge Alejandro Sánchez Rodríguez, economista y maestro en Administración Pública con trayectoria en el sector público y el privado; y el empresario Oscar Armando Corral Pérez, presidente de La Norteñita.

A estos cinco panelistas deberán sumarse otros cuatro que proponga el Ejecutivo, en un paquete dentro del cual, seguramente, irá un perfil clave que lleve la conducción política del procedimiento.

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El pasado tres de octubre de 2025, la periodista y activista Samara Martínez, presentó ante un atiborrado Polifórum de la Facultad de Filosofía y Letras, su conferencia titulada “Entre el dolor y la dignidad”, para que sea despenalizada la eutanasia, propuesta mejor conocida como la “Ley Trasciende”, y cuyo lema principal es “por una muerte digna”.

Pues el martes por la tarde, acompañada por un grupo de activistas, presentó su iniciativa ante un grupo de senadores de Morena, Movimiento Ciudadano y del PRI, quienes asumieron el compromiso de revisar el tema y de convocar a un parlamento abierto.

El PAN no asistió porque siempre se ha opuesto, tanto a la eutanasia como el aborto, pues uno de sus pilares doctrinario es el de la defensa de la vida.

Sin embargo, en la iniciativa para la Ley Trasciende se contempla que habría que reunir varios requisitos para una medida tan extrema, como el dictamen médico de por lo menos dos especialistas, las complejidades del tratamiento, y la firma de un notario público.

Nacida en Guadalajara, pero residente en Chihuahua gran parte de su vida, Samara emprendió en solitario esta lucha. Padece una enfermedad terminal, de tipo crónico degenerativa, pero con su campaña en Change.Org logró reunir 128 mil firmas para solicitar que sea reformada la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.

En sus redes suma ya 350 mil seguidores y testimonios de todo el país.

Ha subrayado que su iniciativa “no busca promover la muerte” sino justo lo contrario, humanizarla, para que ningún mexicano tenga que terminar en una agonía lenta y dolorosa que se puede prolongar por años y que además afecta a toda la familia.

Reconoció, ante los senadores, que el tema despierta muchas emociones, temores y sobre todo prejuicios, pero la finalidad es garantizar la dignidad de las personas hasta el último respiro de su vida.

Entre los senadores asistentes estuvieron Lilia Margarita Valdez Martínez de Morena, Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano y Claudia Anaya del PRI.

Una sociedad que permite morir con amor también aprende a vivir con más humanidad, remató la activista, chihuahuense por adopción, en un reto que, por sí mismo, ya trasciende.

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El Municipio, ahora bajo el mando del alcalde Marco Bonilla, sigue reforzando la seguridad en la capital.

Ayer dotó de más herramientas a los agentes que patrullan las colonias y los analistas que trabajan desde la Plataforma Escudo Chihuahua Capital tras una pantalla.

A los policías los dotaron de nuevos radios de comunicación, con alcance hasta el último rincón del extenso municipio de Chihuahua, con lo que la DSPM asegura que podrán mantener el contacto con la central y otros compañeros en todo momento y sobre todo, que será una frecuencia segura.

Quienes todavía no saben si es premio o castigo, son los analistas de la PECUU, porque ahora tendrán otras 200 cámaras LPR más para monitorear.

Esas cámaras tienen la característica principal de contar con tecnología lectora de placas que, como todos sabemos, han funcionado tanto en las investigaciones de delitos, seguimiento de personas y los más importante, en la recuperación de autos con reporte de robo, que por cierto el jefe Julio César Salas, ha informado que como nunca la Policía ha podido asegurar autos para regresarlos a sus legítimos dueños.