Fue una matanza entre familiares la registrada la madrugada del 15 de septiembre en el viejo San Nicolás de Carretas, pero los casquillos de nueve milímetros y calibre .223 revelan también una trama criminal metida hasta el hueso de la actividad política, que va más allá de los límites del pueblo también conocido como Gran Morelos.

Después de más de una semana de celebraciones, entre las fiestas patronales y la víspera del obligadamente cancelado Grito de Independencia, siguió el tercer domingo festivo, el 14 de septiembre, a pesar de que la corrida de toros anunciada con anticipación había sido suspendida por la justicia federal, con la advertencia, incluso, de mandar a la Guardia Nacional si los organizadores insistían en realizarla.

El alcalde, Óscar Luis Miramontes Pérez, “Kilín”, estaba empeñado en realizar la fiesta brava aun con la orden judicial en contra, pero el sábado previo su jefe de la Policía Municipal, Ricardo Duarte, mató a su esposa Julissa Gutiérrez de dos balazos, hecho sangriento que enlutó al poblado y justificó la cancelación de la corrida.

El director de Seguridad alegó que asesinó a su pareja por accidente, a pesar de la evidencia en el cadáver y de un tercer balazo disparado con su misma arma. El caso sigue una línea aparte a la tragedia posterior, mientras la víctima descansa en paz y el homicida es procesado penalmente, recluido en el Cereso de Aquiles Serdán.

No obstante el luto y la cancelación de la corrida de toros, la fiesta de “Kilín” continuó con una “Carrejoneada” que comenzó al caer el sol y se extendió hasta llegado el siguiente día, para variar con ríos de cerveza suministrados por algún negocio ligado al poder municipal.

Pasaban las dos de la madrugada del lunes cuando, entre una bolita de trasnochados, Gilberto Gutiérrez Jr., “El Gilito”, hijo del exalcalde Gilberto Gutiérrez Montes, puso su escuadra en la cabeza de su primo Edmundo Aníbal Gutiérrez Ponce, después de que este lo reprendiera por supuestos comentarios fuera de lugar.

Todos sabían de su rivalidad y también de que “El Gilito” era algo “pasadito”, desde los tiempos en que su papá era el presidente municipal. Y así vieron la bravuconada de encañonar a su primo, sin esperar que jalara del gatillo, pero sí lo hizo. Soltó el primer tiro y en segundos comenzaron a brotar más pistolas y rifles alrededor.

Así comenzó --de acuerdo a quienes han realizado las investigaciones desde la Fiscalía del Estado-- la refriega que dejó seis muertos y tuvo más consecuencias después.

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¿Qué hacía “El Gilito” armado? ¿Quién respondió, también a balazos, ante la agresión contra de Aníbal? ¿Por qué las armas de fuego en las fiestas patronales? ¿Qué hacían o en qué trabajaban los muchachos? No traían cualquier rifle de rancho para espantar coyotes; eran armas que violan leyes federales y, pese a todo, las portaban con toda naturalidad y normalidad casi en cualquier ocasión, al cinto o en sus trocas. Todo el mundo lo sabía.

Después de la balacera, además cayeron muertos Socorro y Asís Gutiérrez, primos entre ellos y hermanos de los caídos también; otras dos víctimas, Gilberto Arana y José Gutiérrez, al parecer fueron circunstanciales, junto con otros jóvenes, hombres y mujeres que resultaron lesionados.

Siguieron el pánico y la confusión en el pueblo: algunos de los que todavía estaban despiertos se escondieron en callejones y tapias, mientras en las viviendas algunos padres de familia, esposas, hijos de los que andaban de parranda, esperaban que terminara la refriega para salir a buscar a sus seres queridos.

Hasta los primeros rayos del sol, los cadáveres todavía estaban tendidos donde quedaron; los heridos por rozones habían sido atendidos en el lugar y otros trasladados a Chihuahua.

A unos 20 minutos de Gran Morelos, en Santa Isabel, comenzaban a reportar incendios intencionales en unos locales comerciales del acceso principal. Hombres armados arribaron al lugar cargados con bidones de gasolina, que rociaron en los inmuebles y cuatro vehículos en el exterior —entre ellos dos Razers de gama media—, para luego realizar múltiples disparos, prenderles fuego y huir con rumbo desconocido.

El ataque fue una reacción violenta a lo ocurrido horas antes. Fue algo planeado en caliente, tras la balacera. Las propiedades quemadas eran del exalcalde Gutiérrez, pero no solo era un pequeño restaurante y unos cuartos, era también el departamento donde vivía su hijo “El Gilito”, quien ya había sido abatido, pero los que incendiaron el lugar no habían apagado su sed de venganza que les dejó el asesinato de Aníbal.

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Las líneas de investigación apuntan, hasta ahora, que todos o casi todos los tiradores en la matanza de Carretas terminaron caídos. Desde luego, es posible que alguno de los agresores haya corrido con suerte.

Sin embargo, detrás de uno y otro bando en disputa habría grupos de gente involucrada en mayor o menor medida en las operaciones criminales de un corredor que va desde Santa Isabel hasta Nonoava, en los límites con Guachochi de un lado y la capital del otro.

De acuerdo con algunos testimonios levantados por los investigadores, Aníbal respondería a una corriente criminal y los otros Gutiérrez a otra. Estaban separados, pues, por su afinidad con negocios turbios de dos bandos encontrados, pero también por razones políticas.

Al finalizar el trienio de Gilberto Gutiérrez Montes, un priista postulado por el Partido Verde desde un primer periodo, en 2024 negoció con la alianza del PRIAN para que su hermana, Brissa Lucero Gutiérrez Montes, fuera la candidata a alcaldesa.

La abanderada del PAN, PRI y PRD contó con el apoyo de su hermano alcalde y de sus hijos, pero hay versiones de la intervención —a favor o en contra— de una media hermana de Brissa y Gilberto, una supuesta “tía pesada” de los jóvenes ahora muertos, que despacha ciertos negocios turbios con un perfil tan bajo que ni siquiera ha sido plenamente identificada.

La candidata prianista apenas levantó 600 votos en el pequeño municipio de Gran Morelos. Le pasó por encima, con casi el doble de los sufragios, el abanderado de Movimiento Ciudadano, “Kilín”, quien tuvo el respaldo naranja estatal de su dirigente, Francisco “Pancho” Sánchez, pero también de otros personajes de perfil dudoso.

Entre los apoyadores de Miramontes Pérez e incluso de otros candidatos de varios municipios, figuró el caído Aníbal, el sobrino de Gutiérrez Montes atacado por su primo; él optó por apoyar al candidato de MC, a pesar de que su tía Brissa Lucero era candidata por el otro partido.

Así avanzaba una rivalidad familiar que tenía un largo rato añejándose y agravándose, por el camino de cada bando, entre lo político y lo criminal, que quedó revelado con la balacera, aunque en el pueblo y en gran parte de la región era ya conocida la peligrosa situación de los Gutiérrez de Carretas.

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Los más de 40 casquillos levantados en los alrededores de la calle Bonifacia Miramontes, la más conocida y extensa de la cabecera municipal, y los otros de armas largas recogidos del inmueble de Santa Isabel, dan unas pistas de lo que está escondido en el mortal pleito familiar.

De nuevo aparecen en Chihuahua las redes de la narcopolítica que domina en muchos municipios, con grupos u organizaciones delincuenciales de alcance estatal.

En este caso, presumiblemente uno de los bandos puede ser dirigido desde Chihuahua y otro desde la ciudad de Cuauhtémoc, con hilos y conexiones hasta la sierra de Guachochi, por lo que los agresores y los caídos serían solo pequeñas piezas de un engranaje de mayores dimensiones.

Tras las violentas horas de Gran Morelos, la Fiscalía del Estado intervino con la detención de policías municipales que se negaron a rendir declaración, acusándolos únicamente del delito menor de resistencia de particulares.

Pero ninguna autoridad estatal o federal, política o de seguridad, ha dado un golpe definitivo, hasta ahora al menos, que derive en un debilitamiento estructural de esas redes ilegítimas de poder.

Porque desde los descontrolados festejos iniciados el sábado 6 de septiembre, que concluirían el lunes 15; desde el control de la venta de alcoholes hasta las bravatas del alcalde por una corrida de toros prohibida por un juez federal, además del involucramiento de presuntos delincuentes en las elecciones, hay indicios para suponer que lo ocurrido no son homicidios simples en riña, sino consecuencias de una descomposición política compleja.

¿O por qué razón los alcaldes de Belisario Domínguez y San Francisco de Borja, Reimon Ruiz y David Corral, también cancelaron sus festejos patrios? No era el luto por la matazón de los Gutiérrez, seguramente, aunque el apellido tenía otro tipo de influencia en algunas áreas de esos gobiernos municipales.

Así, si en aquellas comunidades ni siquiera tan lejanas a la capital había algo de tranquilidad —al menos relativa, si las comparamos con Juárez, Ojinaga, Nuevo Casas Grandes, Aldama, Guadalupe y Calvo, Madera y demás focos rojos—, queda claro que era una pax narca de la que hablan los especialistas en seguridad, de esa paz perceptible, pero tan frágil en el fondo como para reventar en cualquier momento.

Es lamentable, pero las venganzas que pueden orientarse a borrar todo rastro de los Gutiérrez de Carretas no es lo peor que puede pasar, sino la consolidación a perpetuidad de poderes ilegítimos sobre la unidad básica territorial del país: los municipios.