La semilibertad con apellido Escárcega es el enésimo escándalo del renovado Poder Judicial del Estado, en menos de un mes de funciones, luego de una reforma que simuló la elección democrática de juzgadores y atropelló a su paso a quienes tenían una vida hecha en el aparato de justicia.

El caso de Edgar Herman, hermano de la magistrada, Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, no es uno más en el anecdotario judicial de Chihuahua. Se trata de un sentenciado por secuestro, con dos causas distintas, tres víctimas y condenas acumuladas hasta el 2057, que goza de un insólito privilegio.

El sentenciado, como si fuera nomás secuestrador de fin de semana, ahora entra al penal los viernes por la noche y sale los domingos, así hasta 2050, gracias a una resolución de Juan Carlos Erives Fuentes, juez de Ejecución de Penas recién electo, igual que la magistrada hermana del condenado plagiario. Bastante burdo el acto de prepotencia e influyentismo contra la sociedad afectada por el delincuente.

Más allá del expediente penal, el asunto golpea de lleno en la legitimidad de las instituciones. ¿Qué mensaje envía un Poder Judicial que, mientras exhibe mano dura contra algunos, concede beneficios extraordinarios a personajes vinculados familiarmente con quienes integran el Tribunal de Disciplina Judicial?

No se trata solo de tecnicismos procesales, de apelaciones, amparos y resoluciones sospechosas. El problema es la percepción pública: en un estado azotado históricamente por el secuestro y la violencia del crimen organizado, con víctimas que difícilmente encontrarán reparación real del daño, la imagen de privilegio resulta devastadora. Imaginemos al secuestrador libre en las calles de la ciudad o de cualquier otra parte.

Chihuahua ha tenido episodios oscuros donde la ascendencia criminal de los imputados o el apellido pesan más que la ley. Cada resolución de este tipo abona al descrédito y alimenta la sospecha de que la justicia es un bien de consumo para el que puede pagarlo, además de ser selectiva, flexible para algunos y férrea para otros.

Hay, en contraparte, apenas algunas señales positivas en el caso, como la apelación que promovió el fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza y el anuncio del Tribunal de Disciplina para investigar el caso que todo mundo vio, incluso desde Palacio de Gobierno, como una intromisión de la magistrada a favor de su hermano. Ojalá esa presión logre la enmienda y no sólo regrese a la cárcel el secuestrador, sino también sean sancionados sus benefactores, su hermana magistrada y su cuñado legislador.

Así, la semilibertad de Edgar Herman Escárcega no es sólo un beneficio individual: es una prueba de fuego para la independencia judicial, ahora que ya puso en entredicho la imparcialidad de un juzgador. Y si los jueces y magistrados no pueden separar su deber del apellido que llevan sus familiares, el costo no lo paga la institución ni los juzgadores en lo particular: lo paga la sociedad, que se queda con la certeza de que la balanza está chueca.

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Políticamente, el caso también pone en jaque la escasa credibilidad de un partido, Movimiento Ciudadano, que en otras latitudes como Jalisco y Nuevo León ha logrado crecer y sostenerse al alza en las elecciones, con liderazgos importantes que incluso han logrado la conquista de gubernaturas.

Aquí no hay tal crecimiento acelerado del partido naranja, sino una evidente renta de las siglas por parte de quien se vendió como alcalde independiente de Parral, buscó sin éxito ser gobernador y al final compró una diputación federal plurinominal, Alfredo “El Caballo” Lozoya, una vergüenza más en la política del estado.

Su lugarteniente en Chihuahua, Francisco “Pancho” Sánchez, diputado local y dirigente estatal de MC, es el esposo de la magistrada Nancy Escárcega, quien casualmente escaló posiciones en judicatura estatal al tiempo que su marido entraba a los enjuagues políticos en el Congreso del Estado, de donde salió la reforma constitucional local al Poder Judicial, después de aprobada la federal.

“Pancho”, un buitre de la política que usa como estrategia montarse en las tragedias que vive Chihuahua de forma recurrente, con la falsa exigencia de justicia para las víctimas, vendió su voto en varias ocasiones en el Legislativo mientras su esposa pasaba en automático al listado de aspirantes a magistradas y también a los acordeones oficiales que previsualizaron la conformación del Tribunal de Disciplina Judicial.

Hoy, todos los elegidos de un acordeón del PAN-MC son magistrados, al menos en este nuevo órgano; cada uno de los cinco integrantes tiene marcado su debido fierro como vergonzante señal del secuestro político de la justicia.

Qué escándalo nacional hubiera sido si la esposa de un diputado federal o un senador morenista, priista o panista fuera postulada a un cargo judicial en ese nivel; imposible de imaginar, siquiera, aunque también sobren vinculaciones político-familiares tanto de la mayoría guinda como de otras fuerzas políticas.

Aquí, sin embargo, el detallito fue intencionalmente pasado por alto y ahora padece las consecuencias el Poder Judicial entero. Podrán estar contentos quienes hayan cedido en los acuerdos políticos a la voracidad naranja de “Pancho” y “El Caballo”.

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Hoy el Congreso del Estado, en una cancha distinta, pero vinculada con este y otros escándalos judiciales, es también autoridad responsable en una serie de demandas de amparo de exjueces y exmagistrados del Tribunal Superior de Justicia, vulnerados y atropellados en sus derechos a raíz de la cuestionada reforma.

El exjuez Luis Francisco de León Merino es un ejemplo de ello. Demandó el amparo ante su despido irregular antes del término de la pasada administración judicial, pero el mismo Poder Judicial se mostró en desacato de una resolución de la justicia federal.

A pesar de contar con un amparo y una suspensión definitiva que garantiza el pago de su liquidación conforme a la ley, el Órgano de Administración Judicial, al mando de la exmagistrada penal Karla Esmeralda Reyes, con respaldo de la nueva magistrada presidenta, Marcela Herrera, se negó a cumplir la instrucción federal. Y todavía exhiben su enojo al interior del Poder Judicial. Ayer no las calentaba ni el buen ambiente de Expogan.

De León, con 26 años de servicio y especialización en justicia penal, adolescentes, adicciones y violencia familiar, no buscó privilegio ni lucro político. Su lucha fue por garantizar el bienestar de su hija menor y respetar un derecho laboral consagrado en la Constitución: una indemnización proporcional a su tiempo de servicio y prestaciones complementarias.

Condiciones similares enfrentan al menos una decena de exjueces y exmagistrados, a quienes les escamotearon la liquidación, les suspendieron su derecho al servicio médico y, para colmo, les prohibieron, a raíz de la reforma, litigar durante los dos años posteriores al término de su función.

Han demandado el amparo, hasta donde sabemos, por estos y otros excesos, en los que aparecen como responsables el Legislativo por la reforma ignorante de los derechos humanos y el Poder Judicial por la aplicación de criterios ocurrentes.

Así, en el aparato de justicia puede observarse un patrón preocupante: autoridades que, ante una orden judicial firme, buscan tecnicismos y pretextos para postergar o reducir derechos.

Ante ello, la presidenta del TSJ y la titular del Órgano de Administración han justificado las omisión con argumentos como falta de facultades o reservas presupuestales, pero no con razones suficientes para imponer el estado de excepción de facto que se ha instalado en la justicia.

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Por ahora tenemos, pues, el escándalo de un secuestrador en semilibertad, una magistrada carnala y un Tribunal Superior de Justicia en desacato, hechos que pueden fácilmente sumarse a todos los despropósitos con los que inició el Poder Judicial dizque renovado en el proceso de una falsa elección popular.

Las confabulaciones y las intrigas para adueñarse del aparato de justicia estatal parecen haber resultado en este desastre que hoy vemos: pugnas políticas internas, conflictos de interés, tráfico de influencias, limpia descarada de empleados para desocuparle plazas a la gente de confianza de los nuevos juzgadores.

Hoy la autonomía es más cuestionable que nunca en el Poder Judicial, como lo es el manoseo político de los poderes Legislativo y Ejecutivo para imponer una burocracia interna controlada, domesticada por intereses muy ajenos a la justicia.

¿Y la función que legalmente le corresponde al Poder Judicial, la de administrar justicia? Igual que siempre, también un desastre reflejado en la semiliberación de delincuentes sentenciados, el retraso y cancelación de audiencias, las diligencias encabezadas por juzgadores que ignoran los procedimientos legales y ciudadanos que no encuentran solución a sus conflictos.

Más allá de litigios individuales, estos casos, en conjunto, envían mensajes dañinos para la confianza en las instituciones: si es privilegiado un secuestrador desde las altas esferas del poder, ¿qué pueden esperar los ciudadanos con otros delincuentes mayores o menores?; si los exjuzgadores ven vulnerados sus derechos, ¿qué expectativa puede tener la ciudadanía común frente a la ley?

La justicia no es un privilegio ni una mercancía; es un deber del estado y un derecho humano natural, inherente, no concedido ni sujeto a la voluntad política. Y cada vez que gana el tráfico de influencias en el aparato de justicia o cada vez que se ignora olímpicamente una resolución judicial, la credibilidad del sistema se erosiona.

Chihuahua enfrenta así el dilema de respetar la ley y transparentar las decisiones judiciales, incluso frente a quienes integran el aparato de justicia, o normalizar la desvergüenza judicial. La diferencia no es menor, de ella depende que la justicia sea percibida como imparcial o como un juego de discrecionalidades.