El 30 de marzo pasado, al comentar en este espacio el Informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas presentado dos días antes en la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalé que la ley que ella promovió en 2025, que obliga a abrir una carpeta de investigación por cada denuncia de desaparición, es un avance necesario pero claramente insuficiente, porque las fiscalías estatales no son verdaderamente autónomas y no realizan las investigaciones correspondientes por falta de recursos y de personal especializado o por órdenes de muchos gobernadores.

Unos días más tarde, el 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU elevó el caso de México a la Asamblea General del organismo, porque sostuvo que las desapariciones son "generalizadas y sistemáticas" y podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad. Es la medida más extrema que puede tomar ese organismo contra un Estado miembro y confirma que el problema fue ignorado de 2006 a 2024.

Desde 1952 se han reportado 394.645 personas desaparecidas y al menos 132.534 permanecían sin localizar hasta el 19 de febrero pasado. Desafortunadamente, el gobierno federal y los gobiernos de la mayoría de los estados, históricamente han funcionado más como contadores administrativos de ausencias que como verdaderos buscadores de víctimas. El balance de la estadística es elocuente: apenas un detenido por cada 463 desaparecidos. Y ningún gobierno, desde Felipe Calderón hasta Andrés Manuel López Obrador, tuvo voluntad política para acabar con esa impunidad sistemática.

La presidenta respondió al CED cuestionando la metodología del informe, señalando que utiliza datos de 2009-2017 para proyectar conclusiones hasta 2025, y lo calificó de "tendencioso". A esto respondió el ecuatoriano Juan Pablo Albán, presidente del CED, que el análisis no se basa en el pasado y que el aumento constante de los registros es prueba suficiente de la magnitud actual del delito.

Bien, el debate metodológico no es más que una cortina de humo frente a la herencia envenenada que la presidenta recibió de sus tres antecesores. Su verdadero problema es que al defender a AMLO —tan inepto como Calderón y Peña Nieto ante la crisis de desaparecidos—, tiene que cuestionar al CED en vez de reconocer la magnitud del desastre que le dejó su antecesor inmediato. Culpa al del PAN y culpa al del PRI para proteger al del Morena. A uno de los culpables lo protege señalando a sus cómplices.

El 98% de los desaparecidos se concentra entre los años 2006 y 2024, desde que Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Las desapariciones no se detuvieron en el gobierno de AMLO, a pesar de sus promesas de verdad y justicia. Los muertos y los desaparecidos no saben diferenciar entre un gobierno progresista o conservador. Las fiscalías de los estados, en su mayoría, no investigan ni buscan y ese es el problema que ninguna reforma federal ha abordado, y que la ley impulsada por la presidenta no es suficiente para resolver por sí sola.

Es probable que esa ley sea solo un primer paso de Claudia Sheinbaum hacia la verdadera autonomía de las fiscalías estatales. Ya veremos qué pasa. Pero los desaparecidos no pueden esperar una década más.

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