Justo en el marco de las precampañas electorales adelantadas rumbo a la gubernatura de Chihuahua, por ser un tema que puede incidir en la preferencia o rechazo ciudadano de sus propuestas, han tenido eco y ha sido tema de interés los señalamientos del mal manejo de los recursos públicos por parte de los dos presidentes municipales de las ciudades más importantes del estado: Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua.

Ambos, reelectos en sus municipios, Cruz Pérez Cuéllar y Marco Bonilla, presidentes municipales desde 2021 de Juárez y Chihuahua, respectivamente, han sido señalados por mal manejo de los recursos públicos, por lo cual se han interpuesto denuncias penales contra el primero de ellos y cuestionamientos públicos por adversarios políticos contra el segundo, minimizando ambos políticos el tema, a pesar de que buscan encabezar la candidatura por su partido (Morena y PRI) para la gubernatura.

Sin embargo, y a pesar de estar establecido en la ley, es muy poco conocido por la ciudadanía quién debe vigilar cómo se gastan nuestro dinero ambos alcaldes, siendo un funcionario que cada tres años elegimos junto con los presidentes municipales y regidores de cada municipio: el síndico.

Pero, debido al desconocimiento ciudadano, así como a que generalmente son del mismo partido que el presidente municipal, lo que los ha llevado a tener un rol pasivo sin ejercer sus facultades de vigilancia e investigación, el síndico ha sido comparsa y validador del presidente municipal.

Salvo contadas excepciones (Esther Mejía, de Morena, en el primer periodo electoral de Cruz Pérez Cuéllar), los síndicos(as) no han señalado actos de corrupción, desvíos de recursos o mal manejo de ellos a los presidentes municipales. Y no modo que no se dé en la administración municipal, ni siquiera contra funcionarios menores.

Por eso es que la ciudadanía no conoce a sus síndicos o síndicas en el caso de los municipios de Juárez y Chihuahua, donde ha pasado inadvertido el trabajo de dichas funcionarias, siendo Ana Carmen Estrada, del municipio de Juárez, emanada de Morena, al igual que el presidente municipal de dicha ciudad, y Olivia Franco, emanada del PAN, de la misma manera que el presidente municipal de la capital.

A pesar de tener ellas dos una gran responsabilidad para sus municipios, pues para eso fueron elegidas, su trabajo únicamente ha consistido en validar las cuentas públicas e informes del gasto que han hecho las presidencias municipales, sus oficinas y presidentes municipales (pues hasta ahorita no se conocen señalamientos de ninguna de ellas por malos manejos de los alcaldes, a quienes deben revisar en el gasto), pareciendo más funcionarias municipales como si estuvieran subordinadas o su jefe fuera el presidente municipal, olvidando que ellas son vigilantes de ellos y de su trabajo.

Así lo establece el Código Municipal en el estado de Chihuahua, en los artículos 36 A y 36 B, donde se establece la obligación para ambas figuras de lo siguiente:

36 A. “La persona titular de la Sindicatura deberá practicar revisiones a los documentos que habrán de conformar la cuenta pública. Cada tres meses deberá presentar al Ayuntamiento un informe de las revisiones efectuadas. La falta de cumplimiento de este precepto será causa de responsabilidad.”

“Las revisiones que practique la sindicatura contendrán el análisis de las partidas de ingresos y egresos, y en los casos que así lo considere hará una revisión legal, física, numérica o contable del gasto público municipal, pudiéndose extender al examen de la exactitud y justificación de los cobros y pagos hechos, cuidando que todas las cantidades estén debidamente comprobadas conforme a precios y tarifas autorizadas o de mercado, según proceda.”

“Artículo 36 B. La persona titular de la Sindicatura tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

III. Revisar que el ejercicio del gasto se realice llenando todos los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo;

IV. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales o cualquier otro ingreso sea enterado a la tesorería, previo certificado de ingresos.”

Es al síndico, entonces, a quien le corresponde por ley vigilar cómo gastan el dinero los alcaldes en Chihuahua, una cuestión que, si para los municipios más grandes e importantes, como son Juárez y Chihuahua, no se ha hecho, menos en los demás municipios. Urge, por eso, que se le ponga más atención a la figura del síndico, se le exija y revise su trabajo, pero, sobre todo, se evalúe bien a quién se va a elegir para tan importante labor, porque en los hechos funcionan más como parte de la porra de los alcaldes que como vigilantes de ellos.