En la entrega anterior presenté un esquema generalizado respecto al aumento sostenido en los precios de la canasta básica durante este 2026, lo que, desde mi percepción, ha reavivado el debate sobre la efectividad de las políticas de contención inflacionaria en México.
Y es que para nadie es ajeno: los datos están a la vista y en la voz de los ciudadanos, lo que evidencia un encarecimiento extensivo en productos esenciales, acompañado por un repunte en los precios de los combustibles, particularmente la gasolina y el diésel. Esto ha propiciado reacciones en cadena sobre los costos de distribución y consumo.
Justo ayer, el Gobierno del Estado de Chihuahua anunció nuevas tarifas en las casetas de peaje, con incrementos que van del 4 al 7%. Estas entrarán en vigor a partir de las 00:00:01 horas de este lunes. La instancia oficial justifica que la base de regulación tarifaria permite a la concesionaria encargada del mantenimiento de las carreteras realizar ajustes anuales en las tarifas a efecto de que no pierdan su valor.
El dato, estoy seguro, no será bien recibido por campesinos y transportistas, quienes se han venido manifestando, entre otros puntos, por el alza en los combustibles. Sin lugar a dudas, a este descontento se sumará el incremento en las casetas de peaje.
A nivel nacional, el precio promedio de la canasta básica registra incrementos que, si bien no alcanzan los picos observados en años anteriores, sí superan el crecimiento de los ingresos reales de amplios sectores de la población. Por citar un ejemplo: el kilogramo de tortilla pasó de un rango de 20 a 22 pesos en 2025 a entre 24 y 27 pesos en 2026.
El frijol, uno de los productos más sensibles para el consumo doméstico, aumentó de aproximadamente 32 pesos por kilo a cifras cercanas a los 38 pesos. En el caso del huevo, el precio por kilogramo pasó de 38 a 42 pesos a un rango de entre 48 y 55 pesos, dependiendo de la región.
Desde el mes de marzo arreció este repunte de precios. Las frutas y verduras resintieron incrementos superiores al 120%; el jitomate se ofrece por arriba de los 70 pesos por kilo, cuando antes de Semana Santa no superaba los 30 pesos. También el chile serrano aumentó más del 40%; el limón, más del 30%; y la carne de res, alrededor del 10%.
Los productos industrializados también han registrado incrementos relevantes. El litro de aceite vegetal, que en 2025 se ubicaba entre 36 y 40 pesos, en 2026 ha alcanzado precios de entre 45 y 50 pesos. La leche pasó de un promedio de 24 pesos por litro a niveles cercanos a los 28, e incluso 30 pesos en algunas zonas urbanas. Estos aumentos reflejan tanto presiones en los costos de producción como incrementos en transporte y logística.
En el caso de Chihuahua, el comportamiento de los precios presenta particularidades relevantes. La entidad ha experimentado incrementos ligeramente por encima del promedio nacional en ciertos productos clave. La carne de res, por ejemplo, pasó de un promedio de 160 pesos por kilogramo en 2025 a niveles que ahora rondan entre los 180 y 200 pesos.
En comparación con el año pasado, el costo promedio del litro de gasolina regular pasó de aproximadamente 22 a 23 pesos a ubicarse entre 24 y 25.50 pesos en lo que va de 2026. En Chihuahua, debido a factores de distribución y cercanía con la frontera, el precio muestra variaciones que alcanzan en algunos puntos niveles cercanos a los 26 pesos por litro. Este factor resulta particularmente relevante en un estado donde el transporte terrestre es esencial para el abasto.
Y es que, de por sí, nuestro estado es una de las entidades con un costo de vida elevado; estos ajustes afectan a todos los sectores. Las empresas resienten aumentos en sus materias primas, lo que, de manera inevitable, eleva los precios de sus productos terminados para compensar las afectaciones. Es una cadena a la que no se le ve fin.
El efecto combinado de alimentos más caros y combustibles al alza sigue generando un entorno de inflación persistente en rubros esenciales, incluso cuando otros componentes del índice general muestran cierta estabilidad. Si bien las medidas macroeconómicas han contribuido a evitar escenarios de inflación desbordada, no han logrado contener completamente el encarecimiento de los bienes básicos.
En términos de política pública, el reto para 2026 radica en fortalecer mecanismos que incidan directamente en la estructura de costos de los productos esenciales, así como en dirigir programas de apoyo a la producción agrícola.
Las mejoras en la logística de distribución y esquemas más eficientes de estabilización de precios podrían contribuir a mitigar el impacto sobre los consumidores, sin dejar de lado el comportamiento de los combustibles. En opinión de especialistas, este seguirá siendo un elemento clave para entender la evolución del costo de vida.
Analistas aseguran que es imposible ocultar la realidad que viven los mexicanos: el dinero ya no alcanza. La inflación general de marzo fue de 4.59% anual.
En conclusión, el aumento en el precio de la canasta básica en México y en Chihuahua durante 2026 refleja una presión estructural que va más allá de fluctuaciones temporales. La interacción entre factores internos y externos, sumada al comportamiento de los energéticos, configura un escenario complejo que exige respuestas integrales para proteger el poder adquisitivo de la población.
No quiero dejar pasar que, a opinión de economistas, ni el próximo año se alcanzará una recuperación al nivel promedio del 2%; la inflación seguirá en la parte alta del rango de variabilidad. Lamentablemente, el mercado laboral resentirá los costos de contratación y un tipo de cambio cercano a los 20 pesos por dólar.
El panorama, en suma, es poco alentador. El promedio de crecimiento para los próximos 10 años tampoco alcanzará la tasa histórica del 2%, pues los analistas estiman que será de 1.80%. En consecuencia, habrá una reducción en la generación de empleos: para este año advierten un ajuste por debajo de los 330 mil puestos, y para 2027 esperan un repunte de 350 mil empleos.
