Hay cosas que no necesitan explicarse con cifras para entenderse. Basta con ir al supermercado, cargar gasolina o pagar la despensa para darse cuenta de que el dinero no rinde. Lo que antes alcanzaba para comprar lo elemental y hasta unos lujitos, ahora ya no es posible adquirirlos de la misma manera. Y aunque la percepción es inmediata, los datos terminan por confirmarla.

La inflación en México se ubicó en alrededor de 4.6% anual en marzo de 2026, impulsada principalmente por el encarecimiento de alimentos y energéticos. Al mismo tiempo, las proyecciones económicas estiman un crecimiento de apenas 1.4% para este año, lo que deja ver un problema de fondo: los precios suben, pero los ingresos no lo hacen al mismo ritmo.

Ese desbalance ya no es técnico. Es cotidiano.

Hoy muchas familias ya no compran lo que prefieren, sino lo que pueden. El consumo se ajusta y el gasto se recorta. Se compara, se sustituye, o se elimina. Es un proceso silencioso que no aparece en las estadísticas, pero que define la vida diaria de millones de hogares.

Se posponen compras, se reducen cantidades y, en muchos casos, se modifican hábitos que durante años parecían normales. Lo que antes formaba parte de la rutina —ciertos alimentos, ciertos consumos— empiezan a desaparecer poco a poco del presupuesto familiar.

Sin embargo, hay una dimensión del problema que no siempre se reconoce con claridad.

Los precios que vemos no siempre reflejan el costo real.

En México, parte del costo de vida está contenido mediante subsidios y apoyos fiscales. El ejemplo más evidente es el de la gasolina. Actualmente pagamos entre 24 y 25 pesos por litro, pero sin estímulos fiscales podría ubicarse entre 30 y 32 pesos, de acuerdo con estimaciones basadas en el comportamiento del mercado y del IEPS.

Lo mismo ocurre con la electricidad. Un hogar promedio paga hoy entre 300 y 800 pesos bimestrales, pero sin subsidios esa cifra podría elevarse a rangos de entre 500 y 1,300 pesos. Esta diferencia, aunque no siempre visible, impacta directamente en la economía familiar y en los costos de producción.

El problema es que cuando esos costos suben, todo lo demás sube: La tortilla, que hoy se ubica entre 24 y 30 pesos por kilo, podría alcanzar niveles de 30 a 35 pesos. El huevo, actualmente entre 48 y 55 pesos por kilogramo, podría subir a rangos de 55 a 65 pesos. El frijol, la leche, el aceite o la carne seguirían la misma tendencia, con incrementos adicionales estimados entre 10% y 20% y creo que puede ser más.

No porque estén subsidiados directamente, sino porque dependen de una cadena de costos —energía, transporte, logística— que hoy está parcialmente contenida.

Esa es la diferencia entre el precio actual… y el precio real.

Mientras tanto, los indicadores económicos no ofrecen señales claras de mejora. La inflación persiste en rubros esenciales, el crecimiento económico es limitado y la capacidad de recuperación del ingreso sigue siendo insuficiente. En ese contexto, las decisiones de política pública han optado por contener los efectos más visibles, pero sin resolver las causas estructurales del encarecimiento, es decir, el resultado es un equilibrio frágil.

Un caso de todo lo que estoy mencionando, es cuando las familias hacen ajustes constantes para sostener su nivel de vida, mientras el Estado absorbe parte del costo para evitar un impacto mayor. Pero ese modelo tiene límites, porque depende de factores externos, de recursos fiscales y de condiciones económicas que no siempre se mantienen estables.

Cuando esa contención deja de ser viable, el ajuste no es gradual, es inmediato; y lo que hoy se percibe como caro, podría volverse inaccesible para millones de personas.

No se trata de eliminar los subsidios ni de ignorar su función. En muchos casos, son necesarios para evitar crisis más profundas, pero tampoco se puede perder de vista lo que representan, esto es, una forma de sostener temporalmente una presión que sigue ahí, latente.

Por eso, más allá de los precios actuales, la discusión de fondo debería ser otra.

¿Cómo se construye una economía donde el ingreso crezca al mismo ritmo que el costo de vida?

¿Cómo se evita que millones de familias dependan de medidas temporales para sostener su día a día?

Mientras esas preguntas no tengan respuesta, la realidad seguirá siendo la misma y es el hecho de que el dinero ya no alcanza igual.

A esto habría que sumarle el costo de los programas sociales y el contexto electoral que se avecina en el año 2027. Son 17 entidades del país donde se registrarán elecciones. Este es otro tema que analizaremos la semana entrante.